José Jerí presenta proyecto para que el Ejecutivo legisle contra la inseguridad ciudadana por un plazo de 60 días
El Ejecutivo busca tener potestad sobre normas contra la criminalidad e inseguridad ciudadana.
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José Jerí presentó un proyecto de ley ante el primer presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para que el Ejecutivo tenga la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad por un lapso de 60 días. El presidente solicitó que el pedido se tramite con el carácter de "muy urgente".
La iniciativa también tiene por objeto "impulsar la economía responsable y el fortalecimiento institucional, en beneficio de la ciudadanía", según se lee en el documento.
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La propuesta presenta una serie de modificaciones para las tres aristas planteadas, seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.
De acuerdo con el impacto cualitativo considerado en el proyecto, el fin de tales cambios es: "reforzar el marco jurídico en materia de delitos informáticos, extorsión, sicariato, secuestro y criminalidad organizada; fortalecer la prevención, investigación y sanción de los delitos, garantizando una actuación más oportuna y coordinada entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial; mejorar la gestión de internos de alta peligrosidad dentro del sistema penitenciario y la seguridad en establecimientos de reclusión; e incorporar mecanismos normativos que reduzcan la reincidencia delictiva y fortalezcan la protección ciudadana".
Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad
En la sección sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, se plantean un total de 26 iniciativas.
De todas ellas, una de las principales propuestas está relacionada a la tenencia de armas de fuego. Se propone sancionar la tenencia compartida de armas, incluso si están inoperativas. El Ministerio Público será la entidad que supervise la entrega de armas incautadas por la PNP a la Sucamec. Adicionalmente, se reducirá de 3 años a 1 año el plazo para destruir armas incautadas, a fin de evitar que regresen al mercado ilegal.
También se propone modificar el Código Penal para incorporar el delito de difusión de información confidencial relacionada con investigaciones penales y policiales. También se establecerá una inhabilitación especial en caso de condena por dicho delito.
Respecto a los extranjeros en el país, se plantea modificar la Ley de Refugiado a fin de "evitar la mala utilización de la figura de refugiado por parte de personas extranjeras en situación irregular en el país".
Además, se busca modificar la norma que regula delitos patrimoniales con vehículos para frenar el uso criminal de autos siniestrados y el duplicado fraudulento de placas.
Sobre las detenciones en flagrancia, el Ejecutivo propone que se autorice la revisión de equipos informáticos cuando una persona sea detenida en esa condición. Se regulará un procedimiento rápido para deslacrar, extraer y analizar información de celulares incautados en casos de extorsión, sicariato, secuestro o hechos dentro de penales.
