7 partidos políticos que postularán en 2026 están vinculados a infracciones por neutralidad electoral

Siete partidos políticos que participarán en las elecciones generales del 2026 están involucrados en procedimientos por infringir la neutralidad política, una regla fundamental del sistema electoral peruano que prohíbe a funcionarios públicos usar su cargo para favorecer a un candidato o partido.

De acuerdo con los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organizaciones como Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Perú Libre, Podemos Perú, Renovación Popular y Unidad y Paz encabezan la lista de agrupaciones con investigaciones y sanciones por prácticas que vulneran este principio.

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Desde marzo, cuando se convocó el proceso electoral, los fiscalizadores del Jurado Electoral Especial (JEE) han reportado múltiples casos en los que autoridades que participaron en actos políticos durante funciones públicas o difundieron mensajes con contenido proselitista desde plataformas oficiales. Todo ello constituye un uso indebido del aparato estatal que afecta la equidad de la competencia.

El abogado y exasesor del Pleno del JNE, Julio Silva, explicó que la normativa vigente presenta un vacío crítico: no existen sanciones administrativas inmediatas contra las autoridades que quebrantan la neutralidad. Según detalló, los JEE solo pueden derivar los expedientes al Ministerio Público, donde los casos suelen demorar años sin consecuencias reales. “Es un mensaje muy débil para quienes ejercen funciones públicas. Si no hay sanción inmediata, la infracción se vuelve rentable”, señaló.

Para Silva, estas reincidencias evidencian un problema estructural. La falta de consecuencias efectivas permite que los funcionarios continúen participando en actividades partidarias y utilizando su posición para influir en el electorado, lo que erosiona la confianza en el sistema democrático y distorsiona la competencia rumbo al 2026.

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Infracciones confirmadas: los casos en los que sí se vulneró la neutralidad política

Los expedientes con infracciones encontrados en la plataforma del JNE muestran que Renovación Popular, APP y Podemos Perú concentran los casos más graves y reiterados. Las resoluciones evidencian que líderes como Rafael López Aliaga, César Acuña y José Luna Gálvez utilizaron sus cargos y en algunos casos actividades relacionadas a sus funciones para beneficiar directamente a sus agrupaciones. Las decisiones, al estar ya firmes, constituyen la prueba más concreta de que varias autoridades en funciones intervinieron en el proceso electoral desde el Estado.

En el caso de Renovación Popular, los fiscalizadores del JEE acreditaron que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, vulneró la neutralidad política al utilizar espacios y recursos municipales para difundir mensajes con contenido electoral. Se documentaron actividades, transmisiones y mensajes emitidos desde plataformas oficiales de la Municipalidad que contenían referencias a su partido. La resolución del JNE confirmó la infracción e informó al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

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Otro caso emblemático es el de César Acuña, fundador y líder de Alianza para el Progreso. Cuando se desempeñaba como gobernador regional de La Libertad, participó en actividades públicas que incluyeron proclamas políticas y anuncios que vinculaban programas estatales con la campaña electoral. Estas acciones, ejecutadas en contextos de funciones oficiales, fueron calificadas como infracciones directas al principio de neutralidad.

En el caso de José Luna Gálvez, el JEE de Lima Centro 1 concluyó que vulneró la neutralidad política al promover su imagen en la vía pública mediante unas 50 piezas publicitarias —murales y pancartas en distritos como Ate, Rímac, Comas, Santa Anita e incluso en Áncash— con frases como “Pepe Luna Presidente 2026” y el logo de Podemos Perú; el jurado determinó que estos avisos constituían propaganda anticipada, pues explotaban su condición de congresista para posicionarlo como aspirante presidencial, y que la colocación coordinada de estos materiales en muros públicos y privados evidenciaba una estrategia deliberada para impulsar su figura política fuera del marco permitido.

A pesar de que estas vulneraciones están plenamente acreditadas, la legislación actual impide que exista una sanción inmediata o que los sancionados queden impedidos de postular en las elecciones. El abogado y exasesor del JNE, Julio Silva, explica que el artículo 385 de la Ley Orgánica de Elecciones solo habilita la vía penal, que suele demorar años y rara vez culmina antes de la campaña. Esto genera un escenario en el que, aun habiendo pruebas contundentes, los infractores pueden seguir en carrera.

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Casos archivados: expedientes que no prosperaron en los JEE

Un número significativo de expedientes fue archivado por los JEE debido a la falta de pruebas suficientes o porque las conductas no encajaban de forma estricta en la definición legal de vulneración a la neutralidad política. Renovación Popular encabeza esta categoría con once expedientes cerrados, seguida por APP, que registra cuatro, mientras que otras agrupaciones, como Fuerza Popular, también acumulan procedimientos desestimados.

En muchos casos, los archivos se produjeron porque los fiscalizadores no lograron acreditar que los funcionarios involucrados actuaban en actividades que beneficiaban o buscaban persuadir a los electores para votos hacia sus partidos.

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Otra razón frecuente para el archivo es la ambigüedad en torno a lo que constituye una “actividad política” dentro del ejercicio del cargo. La normativa peruana, aunque prohíbe el proselitismo, no define con detalle todas las situaciones que pueden constituir una infracción. Esto ha permitido que funcionarios se amparen en vacíos legales para evitar sanciones, incluso cuando la intención política es evidente para los observadores.

Pese a ello, se advierte que un archivo no debe interpretarse como una liberación de responsabilidad política o ética. Para el abogado Julio Silva, la cantidad de procedimientos que no prosperan evidencia problemas serios en la capacidad de verificación del sistema electoral. “Un archivo no implica necesariamente que no hubo irregularidad. A veces implica falta de recursos, de personal o de claridad normativa”, explicó.

Silva sostiene que mientras el marco normativo no se perfeccione, las autoridades podrán seguir bordeando la ilegalidad sin temor a sanciones reales. Esto afecta la transparencia del proceso electoral y genera un clima de permisividad que favorece la repetición de estas prácticas en cada ciclo electoral.

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Procedimientos en trámite: candidatos investigados en plena campaña

El tercer grupo de casos corresponde a los expedientes que permanecen en trámite, con investigaciones abiertas en diferentes JEE a nivel nacional. En esta categoría figuran partidos como Renovación Popular, APP, Podemos Perú, Fuerza Popular, Perú Libre, Juntos por el Perú y Unidad y Paz. La magnitud de procesos abiertos muestra que, a poco tiempo del inicio oficial de la campaña del 2026, todavía existen autoridades cuyas conductas están bajo evaluación.

Entre los investigados figuran congresistas que aspiran a la reelección o que integran listas al Parlamento, como Patricia Juárez, Waldemar Cerrón, Rosangela Barbarán, Roberto Chiabra y Luis Alegría. También aparecen funcionarios que hoy son candidatos presidenciales, como Roberto Sánchez. Las investigaciones buscan determinar si estos actores realizaron actos proselitistas durante horarios laborales o si utilizaron plataformas oficiales para emitir mensajes políticos.

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Los informes preliminares revelan patrones que se repiten cada ciclo electoral: autoridades que inauguran obras acompañadas de precandidatos de sus partidos, funcionarios que difunden actividades partidarias a través de cuentas institucionales y congresistas que participan en mítines desde su condición de representantes del Estado. Estas conductas, aunque comunes, constituyen vulneraciones claras al principio de neutralidad política establecido en la Ley Orgánica de Elecciones.

Los JEE también han detectado casos de propaganda encubierta, donde se disfrazan actividades partidarias como actividades oficiales. En algunos expedientes, se acusa a funcionarios de compartir material promocional durante entregas de bienes públicos o actividades ligadas a entidades del Estado, como municipalidades. Además de participar en actividades partidarias en calidad de militantes, a pesar del cargo público que ostenta.

Según Julio Silva, esta persistencia de infracciones se explica por la falta de disuasión legal. “Mientras no existan consecuencias efectivas, las autoridades seguirán calculando que les conviene arriesgar. El sistema actual no genera incentivos para respetar la neutralidad”, enfatizó. Para el abogado, el próximo Congreso tiene la responsabilidad de corregir estas falencias introduciendo sanciones rápidas y administrativamente aplicables.

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Debilidades estructurales y urgencia de reforma: las advertencias finales de Julio Silva

El abogado especialista en derecho electoral Julio Silva advierte que los hallazgos acumulados por los JEE y el JNE no son casos aislados, sino la evidencia de un “problema estructural” que afecta de manera transversal al sistema político. Según explicó, la neutralidad del Estado se encuentra debilitada por prácticas que se normalizaron en los últimos años y que, sin sanciones claras, se replican en cada proceso electoral.

Silva afirmó que la ausencia de sanciones inmediatas convierte la neutralidad en “una formalidad simbólica” más que en un principio realmente operativo. Recordó que, aunque la ley contempla penas de cárcel por utilizar el cargo público para influir electoralmente, estos procesos penales tardan tanto tiempo que dejan de tener efecto real en la contienda. “Una sanción que llega después de la elección no cumple ninguna función democrática”, enfatizó.

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El abogado también advirtió que los JEE enfrentan graves limitaciones estructurales: escasez de fiscalizadores, demoras en la verificación de información, falta de herramientas tecnológicas y presiones políticas locales que afectan su independencia. Estas condiciones hacen que muchos casos no puedan investigarse a tiempo, lo que en ocasiones lleva al archivo o a resoluciones que no reflejan la gravedad de las conductas denunciadas.

Silva remarcó la necesidad urgente de introducir sanciones administrativas directas, como multas inmediatas, suspensión temporal del cargo o la imposibilidad de continuar en campaña. Según afirmó, solo medidas de este tipo generarían un verdadero impacto en el comportamiento de los funcionarios. “La neutralidad del Estado no es un detalle técnico, es la base de unas elecciones limpias y competitivas. O la defendemos institucionalmente, o seguiremos viendo cómo se desdibuja en cada proceso electoral”.