Trabajadores vinculados al uso de cámara para mitin de Keiko tienen nexos con Fuerza Popular: ¿tendrá sanción el partido?

El uso de una cámara del Congreso para grabar un mitin de Keiko Fujimori va develando la cercanía entre los funcionarios relacionados a este escándalo con el partido de Fuerza Popular. Fuentes de La República detallaron que el trabajador que renunció tras lo sucedido es Daniel Luza, de la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento, liderada por Edwin Lévano Gamarra.

Tanto Lévano Gamarra como Luza tienen vínculos confirmados con el partido de Keiko Fujimori. El primero es militante activos, según el Registro de Organizaciones Políticos, mientras que el segundo registra aportes a la organización fujimorista. Según constan en documentos, el Luza aportó S/150 el 1 de marzo del 2023.

Asimismo, se conoció Luza viajó a la ciudad de Trujillo con Marco Pacheco, asesor de la congresista Rosangella Barbarán. Al ser consultado por ello, el congresista Ernesto Bustamante intentó deslindar de toda responsabilidad al partido.

“Fuerza Popular no usó esa cámara, la usó una persona de manera no autorizada… Uno de estos trabajadores, el señor Daniel Luza, tengo entendido, se llevó la cámara a Trujillo a un evento privado, que es el de Fuerza Popular. Fuerza Popular no lo pidió, menos le pidió que lleve una cámara al Congreso”, dijo en entrevista a Canal N.

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En tanto, Fernando Rospigliosi, miembro de Fuerza Popular, aseguró que el trabajador ha sido sometido a un proceso disciplinario y a una investigación del Consejo Administrativo. "Ha renunciado pero eso no implica que no sea objeto de las sanciones correspondientes. Esto es independiente a los procesos penales que se le puedan realizar", mencionó en conferencia de prensa. Añadió que se identificarán otras responsabilidades además de la existente.

Similar actitud tuvo la congresista Patricia Juárez quien sostuvo que de haberse utilizado la cámara del Parlamento para grabar el mitín de Keiko, se trataría de una "iniciativa" del mismo funcionario; sin embargo, no descartó que el tema deba ser investigado. "Tendríamos que preguntarle si es que ha tenido alguna dirección de alguna persona que le haya pedido que haga eso", agregó-

¿Fuerza Popular sería sancionada?

Sin embargo, pese al constatado uso de una cámara del Congreso en el mitin donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial, Fuerza Popula saldría bien librada. Para el abogado experto en derecho electoral José Naupari, el acto no implicaría una sanción de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), debido a que no se ejerce potestad sancionadora de manera directa.

"El jurado solamente, digamos, sanciona, por decirlo de alguna manera, en caso de reincidencia o de renuencia de adoptar medidas correctivas. Lo primero que se tramita, sea propaganda, neutralidad, es un procedimiento de determinación de infracción y, solo en caso de renuncia o reincidencia, va tras esta sanción", precisó.

Después de ello, en el caso específico de la cámara del Parlamento usada en un mitin de Fuerza Popular, indicó que se podría aludir de una eventual infracción al deber de notoriedad, que hace referencia a la obligación de una persona o entidad de dar a conocer sus actos. "No estamos ante un tema de propaganda, pues se trata de un bien en concreto", dijo.

"En ese caso (deber de notoriedad) el sujeto responsable no es el partido sino, en sentido estricto, sería el propio funcionario o servidor que infringe el deber. Por lo tanto, esta conducta no sería imputable o extensible en principio a la organización política", resaltó.

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¿Existirán sanciones a nivel de Congreso?

Desde el Congreso, anunciaron que el último 31 de octubre se aperturó una investigación preliminar para sancionar a los que resulten responsables de lo sucedido. Por medio de un comunicado, recordaron que el uso de bienes públicos está prohibido para actividades privadas.

El Parlamento mencionó que se trata de la presunta inconducta funcional de un trabajador, sin embargo, congresistas como Ruth Luque y Sigrid Bazán mencionaron que un hecho así implica una cadena de mando, es decir, la responsabilidad no solo recae en una sola persona.

Ruth Luque solicitó un informe legal sobre el hecho al presidente del Congreso. "Hay que recordar que el cumplimiento de las normas y la supervisión laboral de los servidores se encuentra a cargo de sus jefes inmediatos", dijo la parlamentaria.

"Solicito el informe legal del Congreso de la República en donde se establece la supuesta responsabilidad del servidor que habría renunciado, así como su ubicación y cargo dentro de la entidad. Debe recordarse que, sin perjuicio de la individualización de hechos, la supervisión de bienes y del cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso también se encuentra a cargo de los jefes inmediatos de la dependencias donde incurren las inconductas", se lee en el documento.
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