Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

"Queremos trabajar tranquilos" se lee en un cartel pegado adelante de un bus de la empresa Lipetsa parado en medio de la Panamericana, a la altura del puente peatonal del Grifo Palao, en San Martín de Porres. Varios buses estacionados en bloque muestran una consigna similar, cortando el tráfico en dirección de norte a sur. La medida de protesta deja un mensaje claro para todos, menos para quienes deberían ser los responsables de atender el clamor que viene detrás de este pedido: el Gobierno. Esta línea conocida también como "El Triángulo" perdió a uno de sus chóferes el último sábado 4 de octubre.

Daniel Cedeño Alfonso, de 40 años, fue acribillado por dos delincuentes en motocicleta. Pese a que lo trasladaron al Hospital Maria Auxiliadora, los médicos solo pudieron constatar su deceso. El caso rápidamente generó el rechazo, indignación y desborde por la situación de inseguridad que se vive. Una muerte no es solo un número, un caso de sicariato no trae consigo a un solo asesino. Mientras distintas líneas de transporte público se organizaban para acatar una medida de lucha este lunes 6 de octubre, el Gobierno no tardó en mostrar su lado más indolente.

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"No pueden así tan alegremente o tan rápidamente, por favor, decir que simplemente ante el fallecimiento de alguien pueda ser el paro de motores", inició el ministro Malaver en un infame pronunciamiento el último domingo. Lejos de intentar calmar la situación, deslegitimó la protesta y trató de desviar la causa del asesinato a un crimen pasional. "La víctima es de nacionalidad venezolana [...] su esposa es de nacionalidad venezolana, se encuentran separados y en proceso de divorcio y es por eso que no podemos aventurarnos", agregó. Sus palabras en lugar de desalentar, acentuaron el repudio y desbocó en un apagón de motores la mañana del lunes.

Buses de las líneas El Rápido, Loritos, Lipetsa, La 50, Las Águilas, Santa Cruz, Santa Catalina, Machu Picchu, Santo Cristo de Pachacamilla y Etupsa 73 fueron algunas de las empresas que paralizaron sus operaciones. En Comas, por más de 2 horas, el tránsito a la altura de la cuadra 36 de la avenida Túpac Amaru fue bloqueado. Esta avenida se ha teñido de sangre en innumerables ocasiones y ha sido testigo de casos de sicariato contra chóferes y cobradores. No es ajeno, por lo tanto, que los buses de El Rápido lleven pegados mensajes con la consigna: "Mi familia me espera, no un funeral", junto a fotos de sus colegas asesinados.

El punto de mayor impacto del apagado de motores fue cuadras antes de llegar al Puente Habich. La policía tuvo que contener a los transportistas, mientras que otros vehículos se desviaron las vías auxiliares. Pese a estar en distintos sectores: San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Carabayllo o Puente Nuevo, la demanda era compartida. "Ni un muerto más: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, queremos vivir", reza con pintura blanca sobre el parabrisas de un bus de la empresa de transporte "Loritos" que cubre la ruta Ate-Ventanilla. Los transportistas piden soluciones y son conscientes de quiénes son los responsables de la situación de desgobierno en materia de seguridad.

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Sin embargo, sobre la persona responsable del Gobierno reposa la máxima expresión de la indiferencia. La presidenta de la República, Dina Boluarte, ante la presencia masiva de los transportistas en las calles recurrió a un "llamado de reflexión" que minimizaba la medida de protesta. "Los asesinatos de sus compañeros de trabajo nos duele también como Gobierno, por ello estamos dando la lucha todos los días, nuestra policía está en la calle todos los días, pero un paro de 24 o 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema, todos tenemos que sumar", señaló desde la sede del COEN, en Chorrillos.

Inclusive, demostrando su ineficiencia por afrontar una crisis y la falta de planificación para resolver la problemática de la inseguridad, deslizó su propuesta para acabar con las extorsiones, reclamándole a los choferes que no contesten las llamadas o mensajes extorsivos. "Las denuncias que lleguen a los celulares de esos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes, pero lo que sí tienen que hacer es anotar el número que haya ingresado a vuestro celular, contacto que no lo tienen registrado como parte del directorio, no respondan, pero sí den cuenta a la Policía, de aquellos números o WhatsApp de los que están mandando mensajes", señaló.

Mientras la mandataria dejaba este mensaje, tanto en Habich como en Puente Nuevo transportistas eran impedidos de avanzar hacía el centro de Lima. Su objetivo era llegar en caravana hasta el Congreso para hacer escuchar su reclamo. En San Juan de Lurigancho, los buses conocidos como la 10E se movilizaban también por la avenida Próceres buscando tomar la avenida Abancay. Mientras, en San Juan de Miraflres, por el puente Atocongo, omnibús de la línea 73 bloqueaban ambos sentidos de las vías.

Pero la paralización, bloqueo y protesta ampliamente cubierta y registrada, nunca existió bajo la perspectiva de una de las autoridades con mayor responsabilidad de este sector. El ministro de Transportes, en orquesta con el mensaje de la presidenta, atinó a decir que el paro era "parcial", que en otras zonas las personas sí estaban "movilizándose" y que "detener el servicio no resuelve la problemática". Sus palabras parecían sacadas de la boca de la propia Dina Boluarte. Por si esto no fuera poco, horas después, César Sándoval aparecería en un evento lanzando un servicio de movilidad urbana.

Desde la Policía no tardó en llegar la criminalización hacía los transportistas. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, sostuvo que la medida de protesta ya no se trataba de un apagado de motores, porque esta debió realizarse dentro de los propios terminales de buses. Ante ello alertó que se estaría cometiendo el delito de disturbio en flagrancia y que tendrían que "actuar". La República pudo evidenciar la presencia de policías terna en las zonas de manifestación.