Críticas contra el régimen de Dina Boluarte por intento de manipular la verdad y la historia
Análisis. Historiador José Ragas advierte que con la censura se busca reforzar la impunidad para líderes militares y políticos. Exviceministra Patricia Andrade observa posible responsabilidad y plantea intervención de la Contraloría.
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El régimen de Dina Boluarte con su ministro de turno del sector Educación, Morgan Quero, se aprestan a retirar 22 libros de educación básica, solo por incluir términos adversos a la narrativa que pretende imponer el fujimorismo y otras bancadas conservadoras. Tal despropósito ha generado ya las críticas desde la academia y hay algo más: la forma como se realizan estos actos puede acarrear responsabilidad sancionatoria.
Los términos o frases materia de censura son “conflicto armado”, “conflicto social”, “dictadura”, “ideología de género”, “aborto” y “educación sexual integral”. El informe interno del Ministerio de Educación deja en claro que la lista fue propuesta por el Viceministerio de Gestión Pedagógica, dato importante cuando corresponda fijar responsabilidades.
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Búsqueda de impunidad
Son nueve las publicaciones revisadas por el personal del sector Educación donde se encontraron frases de alerta alusivas al “conflicto armado”, entre ellas, el libro Yuyanapaq.
El historiador peruano José Ragas advierte que esto no es aislado, pues en América Latina la segunda mitad del siglo XX ha estado marcada por regímenes dictatoriales y conflictos, y ahora asistimos a prácticas abiertas de negacionismo.
Ragas recuerda que en Colombia el expresidente Álvaro Uribe intentó instalar la frase “amenaza terrorista” en lugar de conflicto armado interno. “De este modo, todo ataque o amenaza tenía que ser enfrentado, sin cuestionamientos de la opinión pública o los organismos internacionales”, explicó.
Desde su punto de vista, son tres los objetivos que se busca, cuando se pretende censurar la frase “conflicto armado”, es decir, desconocer que en el Perú hubo también respuesta y crímenes de lesa humanidad cometidos desde el Estado.
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“El primero es la impunidad para determinados líderes militares y políticos, como Uribe y Alberto Fujimori”, apunta. Un segundo objetivo es aplicar el término “terrorista” de un modo más general para todos los opositores del Gobierno. Y el tercero tiene que ver con “la batalla cultural” que promueve la extrema derecha, para imponer ciertas categorías narrativas sobre la izquierda.
Los conflictos sociales
Por otro lado, el sector Educación observa al uso de la expresión “conflicto social” en seis publicaciones. El sociólogo Omar Coronel califica como “un absurdo en todo sentido”, lo que se pretende hacer.
“Una educación que no atiende el tema de la conflictividad social es una educación que renuncia a entender la historia. No hay sociedad humana en la historia que no esté atravesada por el conflicto social”, explica.
El sociólogo precisa además que el Perú es un país atravesado por conflictos a lo largo de su historia y también por conflictos latentes. “La democracia necesita una educación que ayude a entender que el conflicto es normal y constancia, y se debe generar una cultura de la tolerancia”, reflexiona.
Responsabilidades
Patricia Andrade, exviceministra de Gestión Pedagógica, cuestiona el procedimiento por el cual se genera el intento de censura. Y es que todo parece surgir de una reunión convocada por un asesor viceministerial y no hay procedimientos escritos.
“Eso es irregular, porque además se está interrumpiendo un procedimiento en curso. Son 22 títulos cuya producción y distribución le cuestan al Estado y ahora no serán utilizados. Eso es grave y arbitrario”, advierte.
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La especialista considera que estos hechos pueden dar pie al inicio de procedimiento administrativo y también advierte que puede intervenir la Contraloría, por haber políticas, procedimientos y recursos de por medio.
El silencio cómplice del Congreso
Hecho público el despropósito del Ministerio de Educación por manipular los contenidos educativos del nivel primario, hasta el momento ningún legislador ha considerado citar al ministro Morgan Quero para dar explicaciones.
En la Comisión de Educación del Parlamento hay una decente de legisladores vinculados directamente con la docencia o el ámbito educativo y ninguno se ha pronunciado.
Es el caso de Alex Paredes, Paúl Gutiérrez, Germán Tacuri y Edgar Tello, cuya bancada hasta se hace llamar Bloque Magisterial. Otros vinculados con la educación son Waldemar Cerrón, y Flavio Cruz. De momento, todos ellos han optado por el silencio.
Reacciones
José Ragas, historiador
“Se intenta censurar el uso de la expresión conflicto armado. Esto es una lavada de cara para Alberto Fujimori. Se pretende imponer una versión distinta sobre las violaciones a los derechos humanos”.
Patricia Andrade, exviceministra de GP
“Esto es un boicot contra la educación. Es un atentado del ministerio contra las propias políticas educativas. Preocupa el desconocimiento del sector. Imponer la censura es antipedagógico”.
Omar Coronel, sociólogo
“(Al censurar el ‘conflicto social’) estarían eliminando la forma de entender la historia de la humanidad y estarían evitando que los jóvenes comprendan las particularidades del Perú contemporáneo”.
