Gobierno de Boluarte habría usado figura de terrorismo para perseguir opositores, según expertos

Versiones que coinciden. En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de la vulneración a la dignidad en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, se concluyó que la justicia habría utilizado tipos penales de terrorismo para investigar a legítimos marchantes. Los abogados de los afectados desde diciembre último, Carlos Rivera y Gloria Cano, sugieren que, en un análisis internacional, ese accionar "podría constituir persecución".

En la reflexión 253 de la Comisión, de subtítulo "El deber de no criminalizar a los líderes y participantes de manifestaciones y protestas", se solicita que "las políticas contra el terrorismo o crimen organizado no deben legislarse de modo tal que restrinjan los derechos humanos y generen un efecto inhibitorio generalizado para el ejercicio de los derechos de reunión, asociación, libertad de expresión y derechos políticos".

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Cano incluye el uso excesivo de la prisión preventiva "pese a no cumplir con los requisitos que se establecen para una". Un ejemplo es el de la profesora Yaneth Navarro (36), quien fue detenida en las inmediaciones del aeropuerto Jorge Chávez a finales de enero del 2023. Navarro está enrejada por haber cometido el presunto delito de organización criminal cuando fue embaucada por la Policía Nacional del Perú (PNP). En ese momento, la dirigente apurimeña tenía S/1.800 y un cuaderno en el que apuntaba, como delegada de la comitiva, los nombres de los viajeros que llegaron a la capital para expresar su descontento con el régimen de Dina Boluarte y Alberto Otárola.

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Como publicó este medio de comunicación, la jueza Margarita Salcedo Guevara dictó prisión preventiva contra Navarro porque perdió su arraigo domiciliario al embarcarse a Lima y dejar a sus hijas en Andahuaylas. En la audiencia de apelación —luego negada—, el representante del Ministerio Público calificó a la profesora de "mala madre" por "dejar" a sus descendientes en su pueblo natal.

"Eso agrava la situación del Estado como uno que ha violado los derechos humanos, porque a las personas que protestaban o dirigían o acompañaban o colaboraban con la protesta, se les ha venido utilizando esas figuras legales", comentó Cano a La República.

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Para Rivera, "hay una decisión institucional de aparentar que el tema del terrorismo es el principal problema del Perú". Desde el inicio de las marchas contra la clase política dirigente, el Ejecutivo y Legislativo trataron de ligar la libre expresión de demandas con impulsos provenientes del crimen organizado boliviano y la minería ilegal. Incluso, el Gobierno le "advirtió" a la CIDH, sin pruebas, que en las protestas hubo grupos "al margen de la ley".

Es por eso —continuó Rivera— que era "indispensable crear un subsistema dedicado exclusivamente a los casos de terrorismo, como si eso fuese lo que estaba moviendo al sistema de justicia en el Perú". Muestra de su argumento es que la Fiscalía desmanteló cinco dependencias de Derechos Humanos a nivel nacional por orden de la investigada fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. En cambio, crearon siete fiscalías superiores nacionales para delitos de terrorismo e ilícitos conexos en Lima, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín y Pichari-Cusco.

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Boluarte culpa a Pedro Castillo de las muertes en protestas

Boluarte Zegarra culpó a su antecesor Castillo Terrones por los decesos en las marchas antigubernamentales. La actual jefa de Estado lo enunció como el “asesino sentado en la Diroes”, cárcel donde cumple prisión preventiva por el presunto delito de rebelión.

"Yo les pregunto a los señores de allá y a la prensa: los fallecidos en esa crisis política del primer trimestre del año, ¿a quién beneficiaba? ¿A este Gobierno de esta mujer andina y provinciana o a Pedro Castillo, que había dado el golpe de Estado y había mandado a toda esa gente a generar la violencia en el país? Pues a Pedro Castillo, el asesino sentado en la Diroes. Es Pedro Castillo el autor de las más de 60 víctimas de esa crisis política, de ese enfrentamiento entre peruanos y peruanos, que lamentamos tremendamente", dijo la investigada por homicidio calificado.