La cocaína ya no es el único negocio: el crimen organizado diversifica sus ingresos en América Latina
Transformación. El crimen organizado en América Latina dejó de depender casi exclusivamente de la cocaína y avanza hacia un modelo diversificado con múltiples mercados ilícitos y presencia transnacional.
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El crimen organizado en América Latina atraviesa una transformación profunda. Las organizaciones criminales dejaron atrás la dependencia casi exclusiva del narcotráfico de cocaína y avanzan hacia un modelo diversificado, con múltiples mercados ilícitos, alianzas flexibles y presencia transnacional, de acuerdo con el informe The Armed Conflict Survey 2025 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).
El cambio responde a una lógica económica. Aunque la cocaína sigue siendo un negocio clave, los carteles buscan reducir riesgos y aumentar ganancias mediante actividades como el tráfico de fentanilo, la extorsión, la minería ilegal de oro y el tráfico de migrantes. “El ecosistema criminal de América Latina se está transformando dramáticamente”, advierte el IISS, que describe estructuras cada vez más parecidas a multinacionales del crimen.
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La expansión del fentanilo y su impacto en las rutas del narcotráfico
El narcotráfico continúa como el mercado ilícito más rentable del mundo, pero su composición cambia. Según la UNODC, la producción global de cocaína superó las 3.700 toneladas en 2023, un aumento cercano al 34% interanual. Sin embargo, en Estados Unidos, su principal destino histórico, el consumo de esta droga cae mientras crece el uso de drogas sintéticas.
Ese giro impulsa el protagonismo del fentanilo y la metanfetamina. El informe del IISS subraya que estas sustancias resultan más atractivas para las organizaciones criminales por su bajo costo de producción y alta rentabilidad. Producir una pastilla de fentanilo cuesta cerca de 0,10 dólares, mientras se vende entre 10 y 30 dólares. La disponibilidad de precursores químicos desde países con controles laxos, como China, refuerza esta tendencia.
Cárteles como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) adaptaron rutas y estructuras para atender la demanda estadounidense, en un contexto marcado por la presión del presidente Donald Trump para frenar el flujo de fentanilo. En 2024, Estados Unidos registró 48.422 muertes asociadas a esta sustancia, según la UNODC, una cifra que convirtió el tema en prioridad de seguridad nacional.
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Extorsión y cobros ilegales, el negocio que crece en las ciudades
La diversificación criminal también se expresa en las ciudades. La extorsión se consolida como una fuente estable de ingresos para bandas que controlan territorios urbanos y corredores logísticos. El IISS señala que este delito crece porque requiere menos inversión que el narcotráfico y ofrece retornos constantes.
Organizaciones como el Primer Comando Capital, en Brasil, y el Tren de Aragua, originado en Venezuela, expandieron este modelo hacia países vecinos. En Chile y Perú, el Tren de Aragua impuso sistemas de cobro a comerciantes, transportistas y migrantes. “Una vez en el territorio, el control se establece mediante violencia y amenazas”, describe el estudio.
En Ecuador, la extorsión se entrelaza con la disputa por puertos y rutas. La violencia en Ecuador se disparó en paralelo al avance de bandas locales como Los Lobos, que aprovecharon alianzas con carteles mexicanos para consolidar su presencia. Solo en el primer semestre de 2025, el país registró 4.619 homicidios, un aumento del 47%, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
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Minería ilegal de oro y financiamiento de redes criminales
La minería ilegal de oro emerge como uno de los pilares financieros del crimen organizado en América Latina. Este mercado permite blanquear ingresos del narcotráfico y generar recursos con bajo riesgo judicial. El IISS documenta su expansión en Sudamérica, con especial impacto en la Amazonía.
En Ecuador, se detectaron actividades de minería ilegal en 22 de las 24 provincias entre 2019 y 2024. Bandas como Los Lobos controlan minas, transporte y comercialización, muchas veces mediante extorsión a comunidades locales. La alianza con el CJNG facilitó el acceso a redes internacionales para exportar oro ilícito hacia Oriente Medio.
Este negocio alimenta otros delitos. La disputa por territorios mineros intensifica la violencia y abre espacio al tráfico de mercurio, armas y drogas. El informe advierte que la reinversión de ganancias criminales en minería ilegal consolida economías paralelas difíciles de desmantelar.
Tráfico de migrantes y control de pasos clave como el Darién
El tráfico de migrantes se convirtió en otro eje central. El Clan del Golfo capitalizó el flujo de migración irregular a través del tapón del Darién, una ruta clave entre Sudamérica y Centroamérica. En 2023, más de 520.000 personas cruzaron esa zona, según cifras citadas por el IISS.
El control territorial permitió al grupo cobrar “impuestos” a traficantes de personas y a los propios migrantes. El International Crisis Group estimó ingresos de entre 50 y 80 dólares por persona. Aunque los cruces disminuyeron tras cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos y Panamá, el informe advierte que nuevas rutas pueden surgir.
Las decisiones de Donald Trump, como criminalizar la migración irregular y reducir la ayuda exterior, generan un entorno favorable para estas redes. “El impacto combinado puede debilitar la resiliencia socioeconómica y reconfigurar las dinámicas criminales”, señala el estudio.
Alianzas entre bandas locales y carteles internacionales
La última pieza del modelo es la cooperación transnacional. El crimen organizado en América Latina funciona mediante alianzas fluidas entre bandas locales y carteles internacionales. El CJNG, el Cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo, el Tren de Aragua y el Primer Comando Capital actúan como nodos de redes globales.
Estas estructuras colaboran con organizaciones extrarregionales, incluidas mafias europeas, para mover cocaína, fentanilo y oro ilícito. “Los mercados ilícitos tradicionales ceden ante alternativas oportunistas”, resume el IISS, que destaca la capacidad de adaptación como ventaja central frente a Estados con respuestas más lentas.
