La guerra antidrogas de Donald Trump: dura con Venezuela, flexible con sus aliados
El indulto a Juan Orlando Hernández expone cómo Donald Trump altera su propia narrativa antidrogas cuando se trata de proteger aliados estratégicos.
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Donald Trump tomó una decisión que alteró el discurso que él mismo impulsó durante estos útimos meses, respecto su lucha contra el narcotráfico. El líder republicano indultó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos, por facilitar el envío de más de 400 toneladas de cocaína hacia ese país, según los propios fiscales.
La medida surge en el mismo periodo en el que Trump insistie en presionar por la caída de Nicolás Maduro bajo el argumento de una “guerra antidrogas” en el Caribe. Una escalada militar que Trump llevó más allá ya no solo con ataques por agua sino que también confirmó que realizará "ataques por tierra" que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce i vende drogas ilegales a su territorio.
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Esa coincidencia abrie una pregunta: ¿por qué el dictador venezolano acusado en Estados Unidos enfrenta amenazas de intervención militar, mientras otro, sentenciado por narcotráfico, recibe el perdón de Trump?
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Maduro y Hernández, uno sí el otro no
Tanto Maduro como Hernández tienen expedientes por conspiración narcoterrorista en tribunales estadounidenses. En el caso de Maduro, la acusación incluye vínculos con el llamado “Cartel de los Soles” y el uso de cargamentos de cocaína como herramienta política. En el caso de Hernández, la justicia norteamericana determinó su responsabilidad y emitió una condena de 45 años de prisión.
Las coincidencias entre ambos casos no pasan desapercibidas: contactos con capos, uso de infraestructura estatal, protección armada y la entrada de cocaína hacia puertos y ciudades estadounidenses. Sin embargo, el desenlace difiere de manera radical. Mientras Trump exigió la salida inmediata del poder a Maduro y buscó apoyo militar para presionarlo, decidió exonerar al expresidente hondureño y anular los efectos de una sentencia firme.
Una decisión que contradice a su propia administración
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una "persecución política" por parte del anterior gobierno de Joe Biden. "Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas", señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse "muy bien" por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como "una horrible caza de brujas" del gobierno de Joe Biden. Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El fiscal Emil Bove III, quien impulsó la acusación contra Maduro, también participó en las investigaciones que involucraron a Hernández. Durante el juicio, la Fiscalía presentó la fotografía de una ametralladora con el nombre del exmandatario grabado en el arma. Los fiscales la describieron como “la encarnación del narcotráfico patrocinado por el Estado”. Ese retrato público de un jefe de Estado que operó con lógica criminal contrastó con la decisión presidencial que anuló su condena.
El cálculo político detrás del indulto
El presidente estadounidense, en declaraciones a la prensa, defendió el perdón al señalar que Hernández "era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él". No presentó pruebas ni documentos. Apeló a declaraciones vagas: “amigos”, “personas que respeto” y “muchos hondureños” que supuestamente dudaban del proceso.
La coyuntura añadió más ruido. El indulto ocurrió a pocos días de las elecciones en Honduras, donde Nasry Asfura competía por la Presidencia. Trump anunció su apoyo al candidato y advirtió que, si perdía, evaluaría recortes en asistencia y cooperación. Asfura se pronunció después para evitar cualquier vínculo con las declaraciones del presidente estadounidense.
La decisión generó fricciones dentro del Partido Republicano. El senador Bill Cassidy expresó sorpresa y calificó la medida como una señal contradictoria en la estrategia de seguridad regional. "¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?", preguntó Cassidy en X. Asimimso el senador Thom Tillis sostuvo que la política exterior de Trump quedaba en entredicho, porque no resultaba coherente impulsar operaciones contra Maduro mientras se liberaba a un hombre que facilitó los mismos cargamentos que la Casa Blanca aseguraba combatir.
El expediente Hernández, una radiografía del narcoestado
El juicio contra el Hernández expuso detalles que solo aparecen en estructuras criminales consolidadas. Un testigo reveló que Hernández expresaba su deseo de “meterle la droga a los gringos en sus narices”. El capo Geovanny Fuentes Ramírez describió sobornos entregados al entonces mandatario para asegurar protección.
El exalcalde Alexander Ardón declaró que financió campañas con dinero del narcotráfico y que Hernández coordinó cargamentos protegidos por cuerpos de seguridad. Según testigos, Joaquín “El Chapo” Guzmán aportó US$1.000.000 a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE. UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas. La violencia completó el cuadro, Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU. confesó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos.
Ese nivel de organización criminal llevó a la Fiscalía a calificar a Honduras como un “narcoestado” durante los alegatos finales. La sentencia contra Hernández cerró un proceso que presentó pruebas directas, declaraciones múltiples y vínculos reiterados entre autoridades y capos.
El contraste que golpea la narrativa de Trump
Especialistas en seguridad y funcionarios de distintas administraciones reaccionaron con sorpresa. Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington, señaló: "Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar" y "a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente".
El senador Tillis sostuvo que resultaba insostenible exigir un cambio de gobierno en Caracas mientras se liberaba al responsable de rutas que abastecieron a los carteles mexicanos con protección estatal. Su crítica reflejó el desconcierto dentro de sectores conservadores que impulsaron sanciones y medidas duras contra Maduro.
Christopher Sabatini, analista en política interamericana, explicó que las decisiones de Trump no obedecieron a criterios de seguridad. Señaló que, si el objetivo real hubiera consistido en frenar el tráfico de cocaína, el mandatario estadounidense no habría liberado a Hernández y habría concentrado esfuerzos en estructuras que operan fuera de Venezuela.
Lejos de apuntar a los centros reales del narcotráfico en la región, la ‘guerra antidrogas’ de Trump se mueve al ritmo de sus alianzas políticas. Y el indulto a Hernández terminó mostrando que su enemigo no es el tráfico de cocaína, sino quienes no entran en su ecuación ideológica.
