La guerra antidrogas de Donald Trump: dura con Venezuela, flexible con sus aliados

Donald Trump, desde que asumió la Presidencia, por primera vez, ha llevado a cabo una serie de indultos masivos contra prisioneros relacionados con el narcotráfico, lo cual recae en una contradicción con respecto a su lucha contra la droga. Según un informe de The Washington Post, al menos 100 reos obtuvieron el perdón presidencial por parte del republicano, entre los cuales se incluye al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos, por facilitar el envío de más de 400 toneladas de cocaína hacia ese país, según los propios fiscales.

La medida surge en el mismo periodo en el que Trump insiste en presionar la caída de Nicolás Maduro bajo el argumento de una “guerra antidrogas” en el Caribe. Una escalada militar que Trump pretende llevar más allá, ya no solo restringiéndose a acciones por agua, sino también a través de futuros "ataques por tierra" que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere productor y expendedor de drogas ilegales a su territorio.

Esa coincidencia abre una pregunta: ¿por qué el dictador venezolano acusado en Estados Unidos enfrenta amenazas de intervención militar, mientras otro, sentenciado por narcotráfico, recibe el perdón de Trump?

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Maduro y Hernández, uno sí el otro no

Tanto Maduro como Hernández tienen expedientes por conspiración narcoterrorista en tribunales estadounidenses. En el caso de Maduro, la acusación incluye vínculos con el llamado “Cartel de los Soles” y el uso de cargamentos de cocaína como herramienta política. En el caso de Hernández, la justicia norteamericana determinó su responsabilidad y emitió una condena de 45 años de prisión.

Las coincidencias entre ambos casos no pasan desapercibidas: contactos con capos, uso de infraestructura estatal, protección armada y la entrada de cocaína hacia puertos y ciudades estadounidenses. Sin embargo, el desenlace difiere de manera radical. Mientras Trump exigió la salida inmediata del poder a Maduro y buscó apoyo militar para presionarlo, decidió exonerar al expresidente hondureño y anular los efectos de una sentencia firme.

"No hay consistencia (en las acciones de Trump). Indulta a un narcotraficante, pero ordena dispararles a otros", increpó Jeffrey Singer, del Cato Institute, a The Washington Post. Y, en efecto, la narrativa del Gobierno MAGA (hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, en español) se distorsiona con respecto a los intereses políticos, económicos y de otra índole que puedan surgir desde la Casa Blanca.

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Una decisión que contradice a su propia administración

En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una "persecución política" por parte del anterior gobierno de Joe Biden. "Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas", señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.

Luego del indulto, el líder republicano dijo sentirse "muy bien" por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como "una horrible caza de brujas" del gobierno de Joe Biden. Sin embargo, exfuncionarios del gobierno demócrata, como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE. UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

El fiscal Emil Bove III, quien impulsó la acusación contra Nicolás Maduro, también participó en las investigaciones que involucraron a Hernández. Durante el juicio, la Fiscalía presentó la fotografía de una ametralladora con el nombre del exmandatario grabado en el arma. Los magistrados la describieron como "la encarnación del narcotráfico patrocinado por el Estado". Ese retrato público de un jefe de Estado que operó con lógica criminal contrastó con la decisión presidencial que anuló su condena.

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El cálculo político detrás del indulto

El presidente estadounidense, en declaraciones a la prensa, defendió el perdón al señalar que Hernández "era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él". No presentó pruebas ni documentos que respalden su argumento y apeló a declaraciones vagas: "amigos", "personas que respeto" y "muchos hondureños" que supuestamente dudaban del proceso.

La coyuntura añadió más ruido. El indulto ocurrió a pocos días de las elecciones en Honduras, donde Nasry Asfura competía por la Presidencia. Trump anunció su apoyo al candidato y advirtió que, si perdía, evaluaría recortes en asistencia y cooperación. Asfura se pronunció después para evitar cualquier vínculo con las declaraciones del presidente estadounidense.

La decisión generó fricciones dentro del Partido Republicano. El senador Bill Cassidy expresó sorpresa y calificó la medida como una señal contradictoria en la estrategia de seguridad regional. "¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?", preguntó Cassidy en X (antes Twitter). Asimismo, el senador Thom Tillis sostuvo que la política exterior de Trump quedaba en entredicho, porque no resultaba coherente impulsar operaciones contra el chavismo mientras se liberaba a un hombre que facilitó los mismos cargamentos que la Casa Blanca aseguraba combatir.

El expediente Hernández, una radiografía del narcoestado

El juicio contra el Hernández expuso detalles que solo aparecen en estructuras criminales consolidadas. Un testigo reveló que Hernández expresaba su deseo de "meterle la droga a los gringos en sus narices". El capo Geovanny Fuentes Ramírez describió sobornos entregados al entonces mandatario para asegurar protección.

Alexander Ardón, exalcalde del municipio El Paraíso, declaró que financió campañas con dinero del narcotráfico y que Hernández coordinó cargamentos protegidos por cuerpos de seguridad. Según testigos, Joaquín 'El Chapo' Guzmán aportó US$1.000.000 a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE. UU. por narcotráfico.

La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a Estados Unidos, con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas. La violencia completó el cuadro, Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros, que también está preso en EE.UU., confesó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos.

Ese nivel de organización criminal llevó a la Fiscalía a calificar a Honduras como un "narcoestado" durante los alegatos finales. La sentencia contra Hernández cerró un proceso que presentó pruebas directas, declaraciones múltiples y vínculos reiterados entre autoridades y capos.

El contraste que golpea la narrativa de Trump

Especialistas en seguridad y funcionarios de distintas administraciones reaccionaron con sorpresa. Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington, señaló: "Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar" y "a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente".

El senador Tillis sostuvo que resultaba insostenible exigir un cambio de gobierno en Caracas mientras se liberaba al responsable de rutas que abastecieron a los carteles mexicanos con protección estatal. Su crítica reflejó el desconcierto dentro de sectores conservadores que impulsaron sanciones y medidas duras contra Maduro.

Christopher Sabatini, analista en política interamericana, explicó que las decisiones de Trump no obedecieron a criterios de seguridad. Señaló que, si el objetivo real hubiera consistido en frenar el tráfico de cocaína, el mandatario estadounidense no habría liberado a Hernández y habría concentrado esfuerzos en estructuras que operan fuera de Venezuela.

Lejos de apuntar a los centros reales del narcotráfico en la región, la ‘guerra antidrogas’ de Trump se mueve al ritmo de sus alianzas políticas. Y el indulto a Hernández terminó mostrando que su enemigo no es el tráfico de cocaína, sino quienes no entran en su ecuación ideológica.

Los indultos masivos de Trump

El mandatario estadounidense critica a la gestión de Joe Biden, denominado por el republicano como 'Presidente Autopen', por llevar a cabo una serie de clemencias (4.245 repartidos entre 80 indultos y 4.165 conmutaciones). Sin embargo, según una publicación realizada por The Washington Post, Trump, durante sus dos gobierno, otorgó el perdón a una serie de delincuentes (al menos 100; 90 en su primera gestión y 10 en lo que va de la segunda) por antecedentes relacionados con el narco. Además, de indultar a casi todos los acusados por el asalto al Capitolio (6 de enero de 2021) y a miembros del Parlamento, en su mayoría republicanos.

Dentro de los nombres con vínculos al narcotráfico que se sumaron a la lista de indultos están Ross Ulbricht, fundador de Silk Road, una 'ruta de la seda' creada con el fin de fungir como el mercado negro de la droga online más grande del planeta; Larry Hoover, el líder de Gangster Disciples, una pandilla de Chicago; y Garnett Gilbert Smith, máster de la droga en Baltimore.

"El presidente Trump dice que está tomando medidas para frenar el narcotráfico hacia EE. UU. ¿Cómo protege esto a los estadounidenses del ingreso de narcóticos al país?", cuestionó Tim Kaine, senador por Virginia, al medio estadounidense.

Otras voces críticas señalaron que los indultos responderían a una serie de intereses políticos, tanto para contentar a sus electores como a sus aliados, además de ser considerados como una industria lucrativa, ya que estas campañas para el perdón consiguieron que lobistas gasten más de US$2,1 millones en 2025.