Trump dice que Hegseth no ordenó "matar a todos" en ataque a lancha en el Caribe, pese a informe de The Washington Post

Un informe de The Washington Post asegura que Pete Hegseth ordenó verbalmente “matar a todos” durante un ataque contra un presunto barco narcotraficante en el mar Caribe. El presidente Donald Trump afirmó que Hegseth le negó haber dado una orden para un segundo ataque que eliminó a dos náufragos sobrevivientes a la primera explosión: “Pete dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres”, dijo.

A pesar de las críticas, el mandatario defendió la legalidad del primer ataque y su política de permitir el uso de fuerza letal contra presuntos narcotraficantes en el mar. Trump aseguró que “no habría querido un segundo ataque” y calificó la información periodística como falsa, en paralelo a que Hegseth tildó el reporte del Post de “inventado” e “incendiario”. El caso, sin embargo, creó un intenso escrutinio en el Congreso y entre expertos en derecho de guerra.

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La orden de "matar a todos", según The Washington Post

Según The Washington Post, dos personas con conocimiento directo de la operación confirmaron que Hegseth dio una orden verbal clara de eliminar a los ocupantes del barco presuntamente utilizado para traficar drogas frente a las costas de Trinidad. Una de las fuentes citadas por el Post dijo literalmente: “La orden era matar a todos”, asegurando que esa instrucción fue transmitida al comandante de Operaciones Especiales.

El diario detalla que el primer misil impactó la embarcación el 2 de septiembre, y ocasionó un incendio “de proa a popa” visible en una transmisión en vivo de drones militares. Cuando el humo se disipó, los comandantes observaron que dos hombres seguían con vida, aferrados a los restos del barco. De acuerdo con el Post, el almirante Frank Bradley ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con la instrucción de no dejar sobrevivientes.

El Post afirma que el ataque subsecuente “voló en pedazos a los dos hombres en el agua”, un hecho que no aparece en el video editado de 29 segundos que Trump publicó posteriormente en sus redes sociales. El diario subraya que la orden de Hegseth “no había sido reportada previamente” y que añade “otra dimensión” a la campaña letal que el Pentágono está ejecutando contra presuntos narcotraficantes.

Además, el medio asegura que siete personas con conocimiento directo de la operación confirmaron la secuencia de los ataques, las órdenes transmitidas y las omisiones posteriores en los reportes entregados al Congreso. El Pentágono, no obstante, se negó a responder preguntas específicas, y su portavoz Sean Parnell dijo: “Toda esta narrativa es completamente falsa”.

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La orden era atacar, no matar, según funcionarios estadounidenses

Cinco funcionarios estadounidenses citados por The Washington Post afirmaron que la orden original de Hegseth era atacar la embarcación y matar a las personas a bordo, pero que esa directiva no especificaba qué hacer si alguien sobrevivía al primer ataque. Según ellos, Hegseth no dio nuevas instrucciones durante la operación, aunque admiten que el almirante Bradley ordenó el segundo ataque por su cuenta.

Dos funcionarios simpatizantes de la campaña contra narcotraficantes dijeron al Post que, en su interpretación, Bradley consideró a los sobrevivientes como objetivos militares legítimos porque “podían llamar a otros traficantes” para recuperar el cargamento, lo que convertía al barco inutilizado en “una amenaza activa”. Esta lógica, sin embargo, fue duramente cuestionada por abogados militares y especialistas en derecho de guerra.

En reuniones clasificadas con legisladores, funcionarios del Pentágono defendieron su posición argumentando que Estados Unidos está en un “conflicto armado no internacional” con organizaciones narcoterroristas designadas, una narrativa respaldada por un memorando secreto de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia. Expertos citados por el Post, como Todd Huntley, rechazaron esa postura y afirmaron que matar sobrevivientes “equivale a asesinato”.

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El nuevo modus operandi letal del Gobierno de EE. UU.

El Washington Post detalla que este ataque marca un cambio drástico en las operaciones antidrogas: ahora el Pentágono emplea misiles letales en lugar de capturas marítimas. Según datos internos revisados por el medio, desde septiembre el gobierno ha atacado al menos 22 embarcaciones en el Caribe y Pacífico oriental, causando la muerte de más de 70 personas.

Las autoridades estadounidenses justifican esta estrategia y aseguran que las operaciones se realizan solo cuando existe una “alta confianza” de que las embarcaciones transportan drogas. Sin embargo, funcionarios actuales y antiguos de la DEA dijeron al Post que incluso el barco atacado el 2 de septiembre —con 11 personas a bordo— podría haber trasladado tanto narcotraficantes como migrantes traficados, y no una tripulación criminal completa, como afirma el gobierno.

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Demanda de la familia de un fallecido en el Caribe al gobierno de Trump

La familia de uno de los hombres muertos en los ataques presentará una demanda contra el gobierno de Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según el abogado Dan Kovalik, citado por el Post. El letrado afirmó que “no hay nada legal ni moral en esto”, y aseguró que el caso demuestra que Estados Unidos mató a personas que no estaban combatiendo.

El Post también revela que Colombia ha acusado a Estados Unidos de matar al menos a un pescador inocente en otro ataque de la misma campaña, lo que alimenta las dudas sobre la calidad de la inteligencia utilizada para determinar los objetivos. Funcionarios de la DEA señalaron que embarcaciones rápidas con tantos tripulantes —como la del 2 de septiembre— no son típicas del narcotráfico, lo que refuerza sospechas sobre posibles víctimas civiles.

A ello se suma la falta de transparencia: el Pentágono no ha entregado los videos sin editar del segundo ataque, pese a solicitudes bipartidistas del Congreso. Según una persona que vio la transmisión completa, “si el video del segundo ataque se hiciera público, la gente quedaría horrorizada”. El caso promete escalar hacia una batalla legal y política sobre el uso de fuerza letal en operaciones antidrogas.