Cámara de Diputados de Brasil aprueba proyecto de ley para endurecer penas por crimen organizado

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes el proyecto de ley Antifacciones, destinado a enfrentar organizaciones criminales ultraviolentas, milicias y grupos paramilitares. La votación concluyó con 370 votos a favor y 110 en contra, luego de un proceso marcado por tensiones entre el Ejecutivo y la oposición.

El documento, presentado originalmente por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en octubre, sufrió modificaciones sustanciales durante la tramitación. Hugo Motta, presidente de la Cámara, designó al diputado Guilherme Derrite como ponente y afirmó que la Cámara “cumplió su papel de debatir y no simplemente ponerle un sello a los textos del Gobierno”. La decisión de colocar a Derrite como expositor generó críticas por la intervención de un legislador opositor en la revisión de una iniciativa gubernamental.

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¿Qué establece el Proyecto de Ley Antigangas aprobado por la Cámara de Diputados y cuáles son sus penas principales?

El proyecto establece penas de entre 20 y 40 años de prisión para los delitos cometidos por miembros de organizaciones criminales ultraviolentas y milicias, que pueden elevarse hasta 66 años para líderes y centros de mando. La normativa incluye definiciones legales sobre el "nuevo cangaço", término utilizado para clasificar ciertos delitos cometidos por organizaciones criminales ultraviolentas de manera más precisa, como por ejemplo, control territorial, ataques con explosivos y armas pesadas, uso de drones y reclutamiento de menores. Además, incorpora la minería ilegal como factor agravante, lo que eleva as sanciones para quienes participen en estas actividades.

La ley regula la progresión de condena, con porcentajes máximos de cumplimiento que pueden alcanzar hasta el 85 % de la sentencia, dependiendo de la gravedad del delito. También impone que los líderes cumplan sus penas en prisiones federales de máxima seguridad y permite la confiscación de bienes, cuentas bancarias, criptoactivos y empresas utilizadas por las facciones, incluso durante la fase de investigación. La normativa prevé mecanismos de monitoreo y audiencias de custodia por videoconferencia para garantizar la aplicación de estas disposiciones.

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¿Qué críticas o desacuerdos presentó el gobierno respecto a la versión aprobada del proyecto?

El Gobierno expresó preocupación por la ausencia de una mención explícita a las facciones criminales y por la distribución de bienes confiscados entre la Unión y los estados, lo que podría reducir los fondos federales disponibles para áreas estratégicas de seguridad. Según informes, la versión aprobada podría “descapitalizar” a la Policía Federal y limitar la financiación de la Unión.

Los líderes del Ejecutivo también cuestionaron los cambios en la autonomía de la Policía Federal y rechazaron la equiparación de las facciones con grupos terroristas. Asimismo, criticaron la modificación en la asignación de recursos provenientes de la venta de bienes, que originalmente garantizaba una mayor participación de la Federación. El Partido de los Trabajadores presentó una enmienda para restablecer la redacción original, pero fue rechazada.

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¿Cómo influyó Guilherme Derrite en las modificaciones del proyecto original enviado por Lula?

Guilherme Derrite, diputado del Progresistas-SP, presentó definiciones legales más detalladas sobre organizaciones criminales ultraviolentas y delitos específicos. Incorporó la minería ilegal como factor agravante, reguló la progresión de penas, estableció prisiones federales obligatorias y definió mecanismos de confiscación de bienes.

Derrite explicó que la medida de internamiento en prisiones federales tenía como propósito “interrumpir las comunicaciones ilícitas y reducir el poder de mando ejercido desde el interior de las cárceles”. Durante la tramitación, bloqueó la inclusión de una enmienda que equiparaba a las facciones con grupos terroristas y estableció audiencias de custodia por videoconferencia, lo que modificó la propuesta original sin eliminar el objetivo central de combatir el crimen organizado.