Pará, la sede de la COP30, enfrenta una crisis social tras megaoperativo vinculado al Comando Vermelho, según informe
El aumento de la influencia delictiva del Comando Vermelho ha creado temor en Pará, lo que ha provocado que se intensifique la vigilancia por parte de la policía en ese estado.

Durante el reciente megaoperativo realizado en las favelas de Río de Janeiro, fueron abatidas 121 personas. De ese total, se ha identificado que al menos 13 pertenecían a la organización criminal Comando Vermelho (CV) del estado amazónico de Pará, lugar que será sede de la próxima Conferencia Nacional sobre el Cambio Climático (COP30), a desarrollarse desde el 10 de noviembre.
Este hecho evidencia el avance sostenido de esta red delictiva, considerada la más influyente de Río de Janeiro, hacia regiones estratégicas próximas a las fronteras con Colombia, Perú y Venezuela, países reconocidos por su producción de cocaína, cuya expansión ha transformado dichas zonas en puntos clave para el tráfico internacional de drogas.
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Temor por represalias del Comando Vermelho
En el contexto de la próxima cumbre climática, en Pará existe preocupación por una posible respuesta violenta del Comando Vermelho, que cuenta con amplia presencia en la región amazónica, debido al alto perfil internacional del evento. Ante este escenario, se han intensificado la vigilancia en zonas estratégicas de la Amazonía, que ahora se encuentra bajo un fuerte foco de atención policial.
Por su parte, el gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho, representante del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), ya había solicitado al presidente Lula da Silva, el pasado 17 de septiembre, la intervención de las Fuerzas Armadas durante el desarrollo del evento, mediante la aplicación del decreto de Garantía de la Ley y el Orden (GLO).
De acuerdo con el pedido de Barbalho, el despliegue de efectivos del Ejército y la Marina no se limitará únicamente al resguardo de la ciudad. También se contempla la protección de dos infraestructuras consideradas clave para la seguridad nacional: las centrales hidroeléctricas de Belo Monte y Tucuruí.
Los operativos en Pará
El último viernes, la Policía Federal ejecutó una operación en 8 ciudades del estado de Pará con el objetivo de desarticular parte de la estructura del Comando Vermelho. Como resultado, fueron detenidas nueve personas vinculadas. Desde hace varios años, esta facción ha venido extendiendo su presencia en diversas regiones del país, consolidando su control territorial a través de enfrentamientos armados con facciones rivales.
El avance de esta disputa se intensificó a partir de 2016, cuando el Primer Comando de la Capital (PCC), considerado su principal adversario, inició una ofensiva en la zona fronteriza entre Paraguay y el estado de Mato Grosso do Sul. Esta región es clave para el narcotráfico, ya que concentra una de las rutas de cocaína más importantes del país. El conflicto se agudizó tras el asesinato del narcotraficante Jorge Rafaat, conocido como el “Rey de la Frontera”.
El megaoperativo más letal en la historia de Río de Janeiro
Río de Janeiro, reconocida por su carnaval y su cultura musical, fue escenario esta semana de la operación policial más violenta y letal de su historia. La intervención, llevada a cabo en las comunidades de Penha y Alemão, dejó un saldo de 121 personas fallecidas durante un operativo dirigido contra el Comando Vermelho.
Bautizada como “Operación Contención”, esta acción movilizó a más de mil efectivos de la Policía Militar y se desplegó en sectores donde residen aproximadamente 280.000 personas. La respuesta de los grupos delictivos incluyó el levantamiento de barricadas, intensos enfrentamientos armados y el uso de tecnología: las autoridades difundieron imágenes en las que se observa un dron arrojando un artefacto explosivo contra las fuerzas de seguridad.
El gobernador del estado de Río admitió que cerca de nueve millones de metros cuadrados se encuentran bajo el control de organizaciones criminales. En esos territorios, las bandas no solo administran el tráfico de drogas, sino que también imponen cobros ilegales por servicios esenciales como electricidad, gas e internet, afectando directamente a la población local.

























