Uruguay abre paso al derecho a una ‘muerte digna’ en América Latina
En una histórica decisión, Uruguay se convirtió en el país pionero de América Latina en aprobar mediante ley en el congreso la eutanasia, permitiendo una muerte sin sufrimiento físico.
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Uruguay hizo justicia para las personas que luchan por una muerte digna. Pablo Salgueiro, profesor de arte diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), perdió la capacidad de toser, ingerir alimentos e incluso respirar. Debido a ello, pidió ayuda a los médicos para morir; sin embargo, no fue hasta cinco años después, el 15 de octubre de 2025, que se aprobó de forma histórica la ley de eutanasia. Aunque no se pudo hacer justicia para él, su caso sirvió de inspiración para miles de personas que luchan contra enfermedades degenerativas y buscan poner fin a su sufrimiento.
Durante cinco años, más de 60 organizaciones han luchado por aprobar la ley de “Muerte Digna” en el Senado uruguayo en búsqueda de que pacientes con enfermedades terminales tengan derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, convirtiendo así en el primero de América Latina en aprobar la eutanasia mediante una ley aprobada en el Congreso. Una decisión aprobada por la mayoría de uruguayos, exactamente el 62%, según una encuesta de la consultora Cifra.
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El proceso no ha sido fácil. A pesar de la aprobación por parte de la ciudadanía uruguaya, hubo cierta oposición a esta medida debido a los riesgos que conlleva. La Iglesia Católica expresó recientemente su tristeza ante la votación, y más de una decena de organizaciones consideran que el proyecto es 'deficiente y peligroso'. Por ello, se impusieron una serie de requisitos para acceder a la muerte asistida, pero casos como el de Pablo sirvieron como motivación para no desistir en la lucha por una muerte digna.
Al igual que Pablo Salgueiro, existen otros símbolos de la lucha por la aprobación de la eutanasia en Uruguay, como Pablo Cánepa, quien enfrentaba una enfermedad rara, la ataxia cerebelosa, y que en sus propias palabras afirmaba buscar la muerte. Su caso fue impulsado por el senador Ope Pasquet, y ahora tendrá plena autonomía para, junto a su madre Mónica, vivir, quizás, los últimos días de su vida. Sin embargo, para ella será difícil aceptar, desde el lado emocional, que perderá a un hijo.
El caso de la docente uruguaya Beatriz Gelós
Beatriz Gelós, docente uruguaya de 71 años, ha sido una figura clave en el debate sobre la eutanasia en Uruguay. Diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) hace 19 años, su testimonio ha sido fundamental para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la "muerte digna". A pesar de las limitaciones físicas que le impiden realizar actividades cotidianas como bañarse o cuidar a sus nietos, Gelós ha expresado su deseo de tener la opción de decidir sobre su propia muerte cuando lo considere necesario.
Su presencia en el Senado durante la discusión del proyecto de ley de eutanasia simbolizó la lucha por un derecho que, según ella, representa una muestra de compasión y humanidad hacia quienes padecen enfermedades terminales.
En una entrevista con CNN, Gelós describió la ley de eutanasia como "amorosa y compasiva", destacando la tranquilidad que le brinda saber que, en el futuro, podría ejercer su derecho a una muerte digna si así lo decide. Aunque su salud se ha deteriorado considerablemente, su testimonio sigue siendo un referente en la discusión pública sobre la eutanasia en América Latina.
Una ley que la sociedad colocó sobre la mesa
Daniel Borbonet, senador uruguayo del partido Frente Amplio a favor de la muerte digna, habló en una entrevista para La República sobre lo que tuvo que afrontar su país para aprobar la eutanasia, la cual calificó como una 'ley garantista' que la sociedad impuso a través de un extenso proceso parlamentario: audiencias públicas con más de 60 organizaciones y negociaciones políticas que terminaron con una victoria en el Senado, con 20 votos a favor y 11 en contra.
Hubo voces a favor y en contra, pero Borbonet, quien ejerce la medicina, asegura que la aprobación de esta ley en Uruguay fue un proceso bien llevado. 'No obliga, no impone conductas, no sustituye lo ya existente y, principalmente, es una ley que da garantías y mantiene el derecho a decidir sobre su vida', aseguró
La ley estipula que todos los ciudadanos uruguayos, ya sean naturales o legales, puedan acceder a lo que ya es, oficialmente, un derecho. Claro está, antes de realizar el procedimiento se deben cumplir una serie de condiciones, como estar psíquicamente apto, y debe llevarse a cabo de forma obligatoria en una institución de asistencia médica, eliminando toda posibilidad de que las clínicas privadas puedan ofrecerlo.
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Un proceso largo
Según explicó Borbonet, solicitar la eutanasia será un proceso largo, que incluirá una evaluación previa por parte de especialistas, entre los que se encuentran neurólogos y oncólogos, según la patología. Posteriormente, un médico especializado en salud mental se encargará de confirmar que el paciente esté apto psíquicamente y que quede registrado en su historia clínica.
Bajo juramento, se contará con dos testigos independientes que confirmarán que todo se realice conforme a la voluntad del paciente. Si en algún momento este decide cambiar de opinión y retirarse del proceso, automáticamente será excluido del mismo. Además, en caso de que los médicos tengan dudas sobre la continuidad del procedimiento, se derivará a una junta médica para que el Ministerio de Salud Pública determine su viabilidad.
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El camino de cada país respecto a la eutanasia
anto en América Latina como en Europa, los países han trazado su propio camino hacia la eutanasia. Sin embargo, hay países como Bélgica, Holanda, Luxemburgo, España y Portugal que, según sus historias y en sus propias formas, han podido encontrar los proyectos y legislaciones más adecuados, aunque algunos modificaron más que otros sus propias medidas. En Uruguay, según señala el senador, lo que se hizo fue un derecho comparado también con la propia legislación existente en el país.
“Hemos legislado con testimonios, con presencia y con lucha. Por lo tanto, ningún país va a legislar si la propia sociedad no se empodera de sus derechos”, aseguró el funcionario frenteampista.
Los desafíos para una correcta implementación
El principal paso pendiente para la completa implementación de la ley es la redacción del protocolo de reglamentación. Esta medida es fundamental para permitir que las instituciones de asistencia médica en el país puedan aplicar la normativa conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Salud Pública.
Actualmente, el Ministerio de Salud Pública está formando un grupo de trabajo interinstitucional e interdisciplinario con el objetivo de reglamentar la ley. Aunque el plazo legal máximo para esta tarea es de 180 días, se espera que el trabajo comience "a la brevedad" y que la reglamentación sea expedita, dada la cantidad de pacientes que la requieren urgentemente. Este proceso representa el gran desafío inmediato.
El principal obstáculo en Perú
El principal impedimento para avanzar en la regulación de la eutanasia en Perú reside en el Código Penal, el cual penaliza tanto el homicidio piadoso como la ayuda al suicidio (en sus artículos 112 y 113). Esta configuración legal elimina cualquier margen de acción para el personal médico o cualquier particular que participe en un procedimiento destinado a provocar la muerte, aun cuando exista una solicitud explícita del paciente.
En declaraciones al diario La República, las abogadas penalistas Renata Bregaglio y Romy Chang coincidieron en señalar el riesgo legal que enfrentan los médicos. Las expertas advierten que, si no se produce una reforma constitucional o penal que incorpore una cláusula de no punibilidad para la eutanasia voluntaria y debidamente regulada, los profesionales de la salud seguirán expuestos a procesos penales.
Además del obstáculo penal, las abogadas señalan que la falta de una ley específica que detalle los pasos, requisitos y protocolos hace inviable la práctica de la eutanasia de manera segura y uniforme. Este panorama se complica por la **timidez de la política legislativa
El caso Ana Estrada
El caso más relevante es el de Ana Estrada, quien logró el reconocimiento jurisdiccional de su derecho a una muerte digna en su situación individual. Si bien la abogada penalista Renata Bregaglio subraya que esta sentencia fue cautelosa y "no es un precedente vinculante" que modifique automáticamente la interpretación legal para todos los casos, Estrada abre una puerta crucial para el debate y sienta un "punto de partida" para la construcción de un marco legislativo y una doctrina jurisprudencial.
La abogada Romy Chang complementa esta visión, criticando que el Estado peruano ejerce un "paternalismo injustificado y desproporcional" al pretender decidir por encima de la voluntad del individuo. La especialista sostiene que el gobierno debe garantizar que el consentimiento de la persona sea realmente su voluntad, en lugar de tomar la decisión por ella.
Otro antecedente importante es el caso de María Benito en 2013, que reabrió el debate sobre la autonomía del paciente al recurrir al rechazo de tratamiento médico (un derecho contemplado en la Ley General de Salud y el Código de Ética del Colegio Médico del Perú).
La magnitud de esta situación se evidencia con datos de la Ley de Transparencia, que revelan que más de 11.400 personas solicitaron su alta voluntaria en solo cuatro hospitales del país entre 2018 y 2023, demostrando que el rechazo a tratamientos que prolongan la vida es común. No obstante, la respuesta de Essalud en el caso Benito fue de rechazo, lo que evidencia la ausencia de protocolos claros para respetar estas decisiones de los pacientes.
Para las especialistas, la despenalización práctica en el país exige una triple acción: una decisión política para modificar el Código Penal, la promulgación de una ley sanitaria que desarrolle procedimientos y garantías, y medidas para proteger a los profesionales. Sin estos elementos integrados, no es posible la despenalización práctica.
