Petroperú: crece preocupación interna por rol de ProInversión y retrasos en beneficios laborales

La tensión al interior de Petroperú sigue creciendo. Fuentes internas de la empresa consultadas por La República reportaron malestar entre los trabajadores tras la reunión realizada este viernes 22 de mayo entre el presidente del directorio, Edmundo Lizarzaburu, la plana gerencial y representantes sindicales de distintas operaciones de la petrolera estatal.

En el encuentro participaron delegados de 12 sindicatos, tanto de manera presencial como virtual. Los trabajadores esperaban respuestas sobre dos temas que han generado inquietud en las últimas semanas: la mayor participación de ProInversión en decisiones de la empresa y la situación de beneficios laborales, como las utilidades y el seguro médico. Sin embargo, aseguran que la reunión terminó profundizando la incertidumbre dentro de la compañía.

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Trabajadores de Petroperú cuestionan mayor control de ProInversión

Fuentes vinculadas a Petroperú indicaron que esta fue la segunda reunión convocada por Lizarzaburu desde que asumió la presidencia del directorio hace aproximadamente tres semanas.

La primera reunión ocurrió antes de la publicación del Decreto de Urgencia 003-2026, norma vinculada al financiamiento de la empresa estatal y que fortaleció la participación de ProInversión dentro de Petroperú. En ese momento, los trabajadores buscaban conocer la posición de la nueva administración respecto al futuro de la petrolera y el alcance de las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

En medio de ese escenario, durante los últimos días se produjo un evidente crispamiento entre áreas administrativas de Petroperú y ProInversión respecto a los límites de intervención de la entidad en las operaciones de la empresa.

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"Petroperú es una empresa que todos los días compra y vende combustibles. Los trabajadores consideran que no puede estar sujeta permanentemente a una entidad externa no especializada para tomar decisiones operativas", señalaron.

Según indicaron, durante la reunión Lizarzaburu reafirmó que ProInversión será "un aliado" y "el brazo derecho" de Petroperú, mensaje que fue interpretado por distintos trabajadores como una señal de pérdida de autonomía dentro de la empresa estatal.

Sostienen que el malestar aumentó luego de que Petroperú y ProInversión emitieran recientemente un pronunciamiento conjunto, interpretado internamente como una cesión de funciones estratégicas hacia la entidad estatal.

Trabajadores denuncian vulneración de beneficios laborales en Petroperú

Otro de los temas que generó mayor rechazo fue la situación de los beneficios laborales.

Según lo expuesto durante la reunión, existía un fondo destinado al pago de utilidades para los trabajadores; sin embargo, la empresa habría decidido utilizar esos recursos para la compra de combustibles y crudo debido a la urgencia financiera que enfrenta la petrolera.

"Hemos esperado 30 días para el pago de las utilidades y ahora nos dicen que se pagará cuando ingrese plata a la empresa", indicaron.

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Los trabajadores consideran que esta decisión vulnera derechos laborales y cuestionan que no exista una fecha concreta para el desembolso de este beneficio.

Otro punto sensible fue la situación del Programa de Asistencia Médica Familiar (PAMF), seguro privado financiado parcialmente mediante descuentos salariales. Según denunciaron, algunas clínicas habrían suspendido la atención a trabajadores y sus familias debido a retrasos en los pagos por parte de Petroperú. "La explicación que se dio es que este seguro le genera gastos a la empresa", indicaron.

La situación ha generado preocupación debido a que gran parte del personal desarrolla labores consideradas de alto riesgo en refinerías, oleoductos y operaciones petroleras en distintas regiones del país.

Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la situación de la asignación familiar. De acuerdo con los trabajadores, este beneficio laboral no se habría pagado durante décadas dentro de la empresa, situación que incluso motivó denuncias ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

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Durante la reunión, Lizarzaburu manifestó que esto se pagará a partir de junio. Sin embargo, como es sabido, este beneficio laboral es el 10% de la Remuneración Mínima Vital (RMV), es decir S/113, "un caramelito que el presidente Lizarzaburu pretende entregar a los trabajadores en compensación por el recorte de derechos laborales".

Crece preocupación por posibles medidas de fuerza en Petroperú

Otro aspecto que generó alarma entre los trabajadores fue el anuncio de que lo discutido durante la reunión sería formalizado mediante un acta que posteriormente sería elevada al directorio para su aprobación.

Según las fuentes, existe inquietud de que ese documento pueda interpretarse como una validación de las medidas anunciadas por la administración, pese a que los trabajadores expresaron su desacuerdo durante el encuentro.

"Lo que probablemente suceda en los próximos días es que se adopten medidas de fuerza", advirtieron.

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Señalaron que, si bien reconocen la compleja situación de Petroperú, consideran que las decisiones vinculadas a beneficios laborales deben ser discutidas y negociadas, y no aplicadas de manera unilateral.

"La situación financiera puede conversarse o negociarse, pero no se puede simplemente decir que no se va a pagar y que recién se hará cuando mejore la empresa. Eso termina rompiendo el clima laboral", indicaron.

En medio de este escenario, también pidieron investigar cómo se están priorizando los pagos a proveedores y advirtieron que existe preocupación sobre eventuales ceses colectivos, especialmente entre trabajadores sindicalizados.