Caja Piura: voto dirimente también se habría usado para ratificar a funcionarios investigados

El uso del voto dirimente del que goza el presidente de directorio de Caja Piura, Javier Bereche Álvarez, despierta nuevos cuestionamientos. Una anterior denuncia señaló que, mediante esta figura, habría votado para su propia reelección. Según fuentes de La República, la misma facultad se habría usado para ratificar en el cargo a funcionarios que ahora están investigados por el Ministerio Público.

Como se recuerda, son tres funcionarios contra los que se formalizó investigación preparatoria por presunta aceptación ilegal del cargo por incumplir el perfil del MOF de la caja: María Perla del Rocío Gallo Zapata (ex gerente de Gestión de Talento), Juan Ricardo Valdivieso Morales (gerente de Negocios) y César Cruz Rodríguez (gerente de Auditoría Interna). Contra este último, también se investiga el ejercicio ilegal de la profesión.

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Según revelaron las fuentes, Juan Valdivieso Morales y César Cruz Rodríguez fueron ratificados en sus puestos mediante el voto dirimente, a pesar que otros directores estaban a favor de removerlos.

Los denunciantes recordaron, además, que desde el 18 de setiembre, fecha en que se formalizó la investigación preparatoria, ambos funcionarios de la Caja Piura estarían incumpliendo el Reglamento de Autorización de Empresas y Representantes de los Sistemas Financiero y de Seguros de la SBS. En efecto, su artículo 13 se refiere a la idoneidad moral de estos representantes, y remarca que no deben tener investigaciones preparatorias fiscales o procesos judiciales.

Continúan investigaciones por el caso ROTHEO

Existen otros procesos de investigación fiscal contra funcionarios y exfuncionarios de la Caja Piura, como el caso ROTHEO, donde en enero del 2020 se contrató a la empresa Ocean Marketing Business S.A.C para elaborar una reestructuración organizacional, talento humano y eficiencia operativa. La denuncia ante el Ministerio Público sostuvo que se habría favorecido a la empresa en la adjudicación por millón y medio de dólares.

Aunque el caso fue archivado inicialmente por el fiscal provincial a cargo, la Segunda Fiscalía Penal de Apelaciones de Piura ordenó reabrirlo en junio de 2025, tras una queja presentada por la Procuraduría Anticorrupción Descentralizada de Piura. Así, se requirió ampliar la investigación preliminar por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. En total, hay siete personas implicadas.

Uno de los fundamentos del archivo del fiscal fue que la empresa contratada habría cumplido con el servicio; sin embargo, la instancia superior recordó que lo que se necesita saber es si hubo favorecimiento para la adjudicación, al margen de las obligaciones contractuales.

La Procuraduría Anticorrupción remarcó algunas sospechas de irregularidades, como que antes de ser adjudicada, la consultora no tenía el mínimo de personal requerido según los términos de referencia del contrato (TDR), pues solo contaba con 2 trabajadores según un reporte de Sunat.

Asimismo, que Ocean Marketing señaló que no tenía el dinero para depositar la carta fianza (10% del valor del contrato) y pidió cambiarlo por un fondo de garantía. Lo curioso es que, el 20 de enero del 2020, el área de Asesoría Jurídica de Caja Piura opinó en contra de variar la carta fianza por el fondo de garantía, pero tres días después, cambió de parecer, firmándose el contrato el 31 de enero del 2020.

Presidente de Caja Piura indica que actuaron de buena fe

Al momento, desde Caja Piura no han accedido a las solicitudes de réplica de La República. Uno de los pocos descargos públicos fue una entrevista dada por el presidente de directorio Javier Bereche Álvarez en junio a RPP, donde respondió por otro escándalo: la denuncia de la falta de grados profesionales del exgerente de Administración y Finanzas, Ramiro Postigo (no registra bachiller ni título profesional en Sunedu).

Entonces, Bereche sostuvo que no conocía con anterioridad a Postigo, pero que su contratación fue por su experiencia “profesional” en otras instituciones financieras. Añadió entonces, que Caja Piura actuó de buena fe, pero que no descartaban iniciar acciones administrativas, civiles y penales.

En la misma entrevista, Bereche sostuvo que en marzo pidió una revisión del legajo de todos los funcionarios de la caja, para determinar si cumplían con las exigencias del MOF. Bereche refirió que había casos que no se ajustaban al perfil, no obstante, dijo que no eran irregularidades, sino que este personal requería actualizar o tramitar los títulos de sus especializaciones.