Tratado de Alta Mar agita a gremios empresariales, pero no afecta soberanía del Perú

El océano es la sangre vital del planeta: produce gran parte del oxígeno (entre el 50% y 80%) que respiramos. Sin embargo, más de 1.550 especies marinas se encuentran en peligro de extinción por la depredación de los recursos hidrobiológicos y mal aprovechamiento de los recursos naturales. En un paso clave para su protección, el Perú firmó el Tratado de Alta Mar, un acuerdo internacional que busca conservar la biodiversidad marina en aguas internacionales, que hoy representan el 64% del océano mundial.

Según explica a La República Gabriela Ramírez Parco, docente e investigadora en materia ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el Tratado de Alta Mar busca establecer un marco jurídico obligatorio para proteger la biodiversidad marina en altamar, más allá de las 200 millas náuticas, es decir aquellas que no están bajo la jurisdicción de ningún Estado y que conforman más del 40% de la superficie del planeta. “Estas zonas pertenecen a toda la comunidad internacional, es un bien común del cual dependemos todos, pero menos del 1% de ellas está protegida actualmente”, explicó.

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Para sumarse formalmente a los 50 países que ya lo respaldan, el tratado aún debe ser ratificado por el Congreso de la República. Sin embargo, la sola firma del Gobierno (primera etapa) ha despertado sendas críticas de los gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú) que han alertado que este tratado afectará la soberanía nacional.

Tratado de Alta Mar no toca las 200 millas

Especialistas consultados por La República aclaran que esto no es correcto. “El acuerdo se aplica exclusivamente en aguas internacionales, más allá de las 200 millas. No interfiere con la regulación nacional. Todos los estados han tomado decisiones para conservar su biodiversidad, manejar sus recursos dentro de sus aguas nacionales, pero no se ha hecho lo mismo para proteger de manera adecuada las aguas internacionales”, sostiene Jimpson Dávila, director de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

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El artículo 5 del tratado es claro: "El tratado no afecta la jurisdicción ni los derechos de los Estados. No se trata de ceder soberanía, se trata de asumir responsabilidad sobre un recurso compartido”, complementó la abogada Ramírez Parco.

"La única explicación que atribuyo a estas críticas de los gremios es que no han leído el tratado, pero lo más preocupante es que no se ponen a pensar que esto protege el océano, que ya no tiene recursos infinitos y que cada día está siendo vulnerado. El 70% de alimento que está en nuestras mesas es recursos hidrobiológicos y viene del mar", comentó.

Además, remarcó que el tratado no prohíbe la pesca, sino que establece estándares mínimos para su sostenibilidad. Uno de ellos es la aplicación obligatoria de evaluaciones de impacto ambiental para actividades en altamar.

“Cuando se menciona ‘evaluación de impacto ambiental’, algunos sectores se alarman. Pero este instrumento no impide el desarrollo económico. Lo que hace es asegurar que se realice bajo ciertos estándares para no agotar el recurso”, acotó. Ante ello, calificó de lamentable que los empresarios tengan una visión separada del avance económico por un lado y la protección integral del ser humano y del planeta por otro.

"Si yo establezco mecanismos en atención a un principio que es fundamental, como el de cooperación internacional para preservar la biodiversidad marina (peces, moluscos, etc) eso va a beneficiar a todos los sectores, ¿Qué pasa si los recursos se agotan? Los recursos no son infinitos", refirió.

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Tratado de Alta Mar: ¿Por qué es clave para Perú?

El internacionalista Óscar Vidarte advierte que más allá del enfoque ambiental, el tratado también tiene implicancias estratégicas. “Perú necesita estar presente en los espacios donde se toman decisiones sobre altamar. Flotas extranjeras tienen capacidad de depredar recursos fuera de nuestras 200 millas, y eso tiene consecuencias dentro del ecosistema pesquero nacional”, señaló a este diario.

Además, agregó que no ratificar el tratado podría dañar la imagen y credibilidad internacional del país. “Ya ocurrió con el Tratado de Escazú. Hoy tenemos un Ejecutivo débil que depende del Congreso, y los intereses económicos influyen fuertemente en las decisiones legislativas”, advirtió.

"El Perú busca  participar de espacios, donde en las últimas décadas no ha tenido mucha participación. Durante mucho tiempo, fue líder en torno a la tesis de las 200 millas. Lamentablemente el Perú no firmó y ni ratificó Convemar y eso nos alejó de los espacios de los debates en torno a los espacios marítimos", apuntó Vidarte.

"Por ejemplo, el acuerdo Escazú, que es un tratado medioambiental, también los firmamos y no lo ratificamos, ahora sería la misma historia", agregó. Ramírez recuerda que, aunque el tratado aún no está ratificado, la firma genera una obligación política y jurídica para el Estado peruano.

“Todo lo que el Perú haga desde ahora debe ser coherente con los objetivos del tratado. Ya hay un compromiso internacional asumido”, precisó. Por ahora, el tratado necesita al menos 60 ratificaciones a nivel mundial para entrar en vigor. Hay 50 países que ya lo han ratificado, pero Perú aún no está entre ellos.

“Este no es un tratado contra nadie. Es un tratado a favor del planeta y de nosotros mismos. Si dependemos del mar, tenemos que protegerlo. No podemos seguir viendo la economía y el ambiente como enemigos”, apuntó la experta de la PUCP.

De hecho, algunos congresistas ya han expresado “sorpresa” por la firma del tratado en Francia, pese a que la agenda oficial enviada al Congreso incluía expresamente dicho punto.

Congreso "sorprendido" por tratado

La congresista Patricia Chirinos señaló que la presidenta Dina Boluarte deberá explicar al país y al Congreso los motivos por los cuales firmó el Tratado de Altamar durante su visita a Francia. Sin embargo, el titular del Ministerio del Ambiente Juan Carlos Castro  aclaró que el Parlamento ya tenía conocimiento previo de dicha acción.

Según se muestra en el proyecto de resolución legislativa enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República, con fecha 3 de junio, figura expresamente la firma del tratado como parte de las actividades programadas.

"Un acuerdo que compromete recursos y soberanía sobre zonas económicas, no se firma sin debate nacional. Los peruanos merecen saber qué intereses se priorizaron", apuntó Chirinos. "No se sabía de eso. Eso no informó", agregó el legislador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) a la prensa. "La autorización para ese viaje fue otorgada para tratar un tema específico, no exclusivamente para la firma del tratado. Es necesario solicitar a la Cancillería detalles precisos sobre el alcance y contenido del acuerdo", complementó el congresista Wilson Soto (Acción Popular).

La Comisión de Producción del Congreso de la República convocó para este viernes a una sesión para que el Poder Ejecutivo (ministros de Defensa, Ambiente, Producción, Relaciones Exteriores y Comercio Exterior) sustente los fundamentos del Acuerdo de Alta Mar que fue suscrito por Dina Boluarte en Francia. También fueron invitados los sectores empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) para que brinden su posición en torno a ello.

Este diario se contactó con gremios como la SNI y Comex para recoger el detalle de sus argumentos, pero hasta el cierre de edición no obtuvo respuesta. Según fuentes del sector, el comunicado de los gremios empresariales fue lanzado ayer sin avisar a algunos sectores involucrados.

Dato:

En un informe publicado en 2024, Naciones Unidas identificó la sobreexplotación marina —es decir, el aprovechamiento excesivo de los recursos hidrobiológicos— y la pesca ilegal como las principales causas de la vulnerabilidad y el riesgo de extinción de numerosas especies marinas. "1 de cada 5 peces capturados procede de la pesca ilegal, pesca no declarada y pesca no reglamentada", señaló la experta en derecho ambiental Gabriela Ramírez.

Son 50 países que han ratificado el tratado de Alta Mar. Se requieren 60 para que cobre vigencia. El Perú aún necesita la validación del Congreso.