Gremios sindicales emplazan al nuevo PCM y MEF a dar marcha atrás en eliminación de programas

El anuncio del gobierno de Dina Boluarte de ponerle fin a 14 programas de infraestructura dispersos en diversas entidades públicas le costó la cabeza a José Salardi. Su plan buscaba generar un ahorro de S/4.000 millones en el 2026 y recentralizar funciones en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). No obstante, los trabajadores se mantienen vigilantes ante la implementación de esta medida que aún no se oficializa.

Y es que el cambio en el mando del MEF que, ahora recae en Raúl Pérez-Reyes, no les garantiza un retroceso por parte del Ejecutivo. Según Maycol Hilario del sindicato de trabajadores CAS de Provías Nacional, la extinción de estos programas desconoce la planificación multianual, la lógica de descentralización administrativa y pone en riesgo la continuidad de más 2.300 proyectos a nivel nacional.

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"Uno de los que ha estado apoyando esta extinción de programas es el nuevo ministro Raúl Pérez-Reyes. Entonces, necesitamos que nos explique si continuarán con esta posición, conociendo su impacto social a nivel de los trabajadores. Hay que tener en cuenta que la posible implementación de esta medida nos trae retrasos o paralización de proyectos.", enfatizó el dirigente en conferencia de prensa.

De igual forma, indicó que la curva de aprendizaje para consolidar una entidad radica entre 3 y 6 años, por lo que esta transferencia de funciones a la ANIN expone los recursos del Estado a situaciones de ineficiencia y subejecución, más aún, si se toma en cuenta que al impopular gobierno de Boluarte solo le queda un año y dos meses de gestión.

A su turno, Patricia Carrillo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Cas del Ministerio de Vivienda, explicó que cerca de 10.000 de empleados serían los afectados por esta medida que no tiene sustento técnico ni social. En el caso de este sector, el Programa Nacional de Vivienda Rural y de Mejoramiento Integral de Barrios, desaparecerían para ser absorbidos por la ANIN.

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"¿Cómo es posible que, a través de canales oficiales, se aplauda el trabajo de estos programas y ahora se los quiera extinguir? Evidenciamos un doble discurso por parte del gobierno que está aperturando despidos masivos, es decir, regresar a la época de los 90. Pero, con el agravante de que los trabajadores CAS son 10.500 y hay casi 8.000 órdenes de servicio. Ellos no tienen beneficios, CTS ni gratificaciones.", exclamó.

Precisamente, los trabajadores agrupados en los sindicatos de estos programas públicos se vienen movilizando a nivel nacional para frenar esta decisión unilateral del Ejecutivo. El último viernes 16 de mayo realizaron un plantón frente a la sede del MEF y fueron recibidos por el coordinador parlamentario de la entidad, quien les señaló que hasta el momento, no existe un decreto remitido por la anterior gestión. Por lo pronto, se instalará una mesa de diálogo para revisar dicha medida, a pedido de los gobiernos regionales.

"Queremos que el ministro de Economía Raúl Pérez-Reyes manifieste públicamente si va a continuar con esta reforma o si la va a paralizar, ya que no ha sido consultada con nosotros. Él debería convocar a los representantes de los trabajadores para abrir una mesa de diálogo, de modo que no se vean afectadas más de 50.000 familias", declaró a este medio Gilder Cajas, del sindicato de trabajadores CAS de Provías.

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Piden explicaciones al premier

Durante la conferencia de prensa de los trabajadores de estos programas ministeriales, la congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de implementar esta reestructuración que también afectaría a los beneficiarios de estos proyectos. Según dijo, se trataría de un recorte derechos laborales bajo la excusa de reducir el Estado, tal y como ocurrió en la dictadura fujimorista de los 90.

En esa línea, cursó un oficio al presidente del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, con el objetivo de que aclare si su actual gestión mantendrá la medida o si la suspenderá. De igual forma, solicitó que se remitan los informes técnicos que justifican esta reforma, los detalles del presupuesto público que sería derivado a la ANIN a raíz del traslado de competencias, así como los pormenores respecto a las reuniones sostenidas con las organizaciones sindicales respecto al futuro sobre sus puestos de trabajo.

Por su parte, el legislador Jaime Quito, vocero de la Bancada Socialista, consideró que, con el nuevo gabinete, la amenaza de esta medida antilaboral sigue latente. En ese sentido, anunció que su grupo parlamentario no otorgará el voto de confianza al gabinete Arana, ya que su actual composición mantiene el mismo círculo de ministros incapaces de resolver problemas que aquejan a los trabajadores y ciudadanos.

"El gobierno demuestra la falta de políticas para solucionar problemas. Los afectados son los beneficiarios de estos proyectos y los trabajadores, quienes nos señalan no saber hacia dónde se va con lo avanzando por los programas públicos. Por eso, considero que, ante este gobierno indolente e incapaz, que es más de lo mismo, continuaremos con las interpelaciones, censuras y la vacancia, ya que el problema de fondo es Dina Boluarte", agregó.

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Buscan derogar la causal de despido por extinción de entidades

La parlamentaria Isabel Cortez presentó un proyecto de ley que plantea derogar la causal de cese de los trabajadores por extinción, fusión o absorción de la entidad, así como otorgar una protección laboral contra el despido arbitrario. Dicha iniciativa aplica a todos los servidores públicos en las entidades del gobierno central, así como en sus unidades ejecutoras y otras afines.

"En caso de extinción de la entidad contratante del trabajador bajo CAS, el trabajador deberá ser desplazado a una entidad en donde existan funciones similares a las desempeñadas por el trabajador, previa capacitación en dicha entidad por el período de 3 meses. En el caso de fusión o reorganización de la entidad contratante, el trabajador deberá ser absorbido por la entidad que asuma las funciones de la entidad sometida al proceso de fusión o reorganización, previa capacitación en dicha entidad por el periodo de 3 meses", reza el artículo 3 de la propuesta.

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También, se precisa que, en ningún caso, el proceso de fusión por absorción, extinción, reorganización o el cese de actividades de la entidad afectará los derechos laborales, debiendo pagarle su remuneración a los trabajadores hasta la designación definitiva de la entidad donde sea derivado.

Finalmente, los empleados despedidos por causal presupuestaria o extinción de la entidad, deberán ser reincorporados en una plaza similar a la desempeñada anteriormente y en el régimen laboral aplicable a la institución.