Centrales sindicales rechazan eliminación de programas ministeriales que amenaza la estabilidad laboral

El reciente anuncio del ministro de Economía, José Salardi, respecto a la extinción de 14 programas de diversos ministerios ha generado el rechazo de los trabajadores agrupados en la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT).

A través de pronunciamientos, ambos gremios han considerado que esta medida amenaza la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores contratados para ejercer funciones en dichos proyectos. En total, 7.000 empleados bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) serían despedidos.

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Para la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE), el anuncio del MEF carece de sustento técnico y responde a una estrategia de despido camuflado de estos servidores públicos. Y es que los argumentos del Ejecutivo de modernizar el Estado y fomentar el ahorro de S/2.500 millones para este año, tendrían como trasfondo el recorte de derechos.

"La CITE exige el respeto a los derechos laborales de los trabajadores CAS y rechaza el despido camuflado y arbitrario de estos servidores públicos. Nos movilizaremos en defensa de los trabajadores CAS y no permitiremos este abuso", señalaron.

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CUT y CGTP en contra de eliminar programas ministeriales

En conversación con La República, Julio César Bazán, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), sostuvo que cualquier tipo de reestructuración o formación de entidades en el Estado peruano, debería hacerse en estricto cumplimiento y respeto al diálogo social con los trabajadores.

"Bajo el argumento de fomentar el ahorro o modernizar el Estado, no se pueden imponer medidas a costa de los derechos laborales. La creación de una Unidad Central de Inversión Pública no debe ser excusa para desmantelar programas que benefician a las comunidades y que representan el esfuerzo de muchos trabajadores", enfatizó.

Por su parte, Gerónimo López, secretario general de la CGTP, consideró que el origen de este tipo de anuncios del MEF responde a una agenda concertada con el sector empresarial. Prueba de ello es que el primer paso fue la implementación progresiva de un paquete de 402 medidas que buscan eliminar las barreras burocráticas y facilitar las inversiones en nuestro país. Precisamente, el 60% del conocido "shock desregulatorio" será aprobado por el Ejecutivo hacia la quincena de mayo.

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"Están tomando decisiones unilaterales, sin convocar a los trabajadores. Primero, han metido propuestas de contrabando en el llamado shock desregulatorio para atentar contra los derechos de laborales. Por ejemplo, plantean derogar los decretos supremos N.° 001-2022-TR y N.° 014-2022-TR, los cuales están judicializados. Ahora, con esta nueva medida buscan justificar despidos", refirió.

Ante la amenaza a la estabilidad y la violación de derechos laborales, tanto la CUT como la CGTP vienen coordinando con sus bases sindicales para convocar acciones de protesta contra el impacto que tendría la eliminación de 14 programas ministeriales. Por lo pronto, anuncian que, dentro de la plataforma de la jornada nacional de lucha del 14 de mayo, se incorporará este tema. Dicha movilización partirá a las 4 p. m. desde la Plaza Dos de Mayo.

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Citarán al MEF y PCM

Las comisiones de Trabajo y Presupuesto del Congreso convocaron para este lunes 12 de mayo al Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, al ministro de Economía José Salardi y al jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura Hernán Yaipén, con el propósito de que expliquen el marco normativo y competencial que sustenta la extinción y traslado de 14 programas públicos a la ANIN.

De acuerdo con el documento al que accedió este medio, se tiene previsto abordar el impacto que tendría esta medida en los contratos de los trabajadores que vienen laborando en dichos programas, así como el plan de transición y reubicación para los afectados. De igual forma, los funcionarios de gobierno deberán informar acerca de las iniciativas que se han adoptado para que los proyectos de inversión mantengan su ejecución, financiamiento y programación presupuestal.

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Para la abogada del Instituto de Desarrollo Urbano-CENCA, Esther Álvarez, los programas de Vivienda Rural y Mejoramiento Integral de Barrios no deberían ser suprimidos, ya que sus beneficiarios son las familias más pobres del interior y las zonas urbanas del país. En esa línea, indicó que el MEF debe aclarar cuál será el modelo de gestión de la nueva Unidad Central de Inversión Pública.

"No se puede tener un enfoque centralista y solo bajo la mirada empresarial de ajustar precios. Eso no ayuda al desarrollo económico local ni a fortalecer los gobiernos locales. Si se busca un control de costos para evitar las sobrevaloraciones, debe ponerse en discusión el modelo de gestión", anotó.

Precisamente, los trabajadores CAS del Ministerio de Vivienda se congregaron en las afueras de la sede de la PCM para levantar su voz de protesta contra esta medida del Poder Ejecutivo. Dicha acción también fue replicada en Arequipa, Apurímac, Cusco, Ayacucho y Junín.

DATO

• La congresista Isabel Cortez solicitó al titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, suspender la eliminación de los 14 programas públicos por vulnerar los derechos de los trabajadores. En su oficio, mencionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya se ha pronunciado sobre los ceses irregulares que, en muchos casos, no se han reincorporado a los empleados a sus labores.