Regalos tributarios: la apuesta del ministro de Economía José Salardi que compromete la meta fiscal hacia el 2028

El ministro de Economía, José Salardi, tiene un mes y medio en el cargo, y sus primeros pasos ya han evidenciado el revés de la política institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Uno de sus primeros anuncios ha sido la grandilocuente proyección de 4% del producto bruto interno (PBI) que dista del 3% registrado en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) del MEF, así como de las previsiones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el consenso del mercado.

Salardi Rodríguez sostuvo esta semana en la Comisión de Presupuesto que, si bien es consciente de los pronósticos más bajos de otras entidades, estas no están considerando “nuestro shock reactivador”.
Especialistas consultados por La República señalan que lo anunciado por el ministro no impactaría para la meta que se ha trazado.

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"Las inversiones no ocurren de la noche a la mañana; requieren un periodo de maduración. El hecho de cambiar las reglas de juego no implica que se tendrá un impacto este año. Ya estamos marzo y, considerando que es preelectoral, es improbable que se alcance ese 4%. No veo cómo el shock de inversiones te va a disparar el crecimiento en un punto adicional”, señala a este diario el economista e investigador Armando Mendoza.

Desde que asumió el timón del MEF en reemplazo de José Arista, Salardi se ha mostrado con total apertura a favor de una serie de beneficios tributarios, de los cuales el Consejo Fiscal le ha pedido reconsiderar toda vez que se trata de medidas perniciosas que ponen en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales de corto y mediano plazo, además de que erosionan la capacidad de recaudación fiscal.

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Beneficios tributarios que avala el MEF

Una de ellas es la ley Chlimper 2.0 rotulada como la nueva ley agraria, que reduce al 15% el impuesto a la renta en beneficio de las empresas agrarias, y que en cualquier momento el Pleno del Congreso la somete a votación.

Los perjuicios han sido alertados por el propio MEF, que, en su opinión técnica, advirtió que el impacto fiscal asciende a S/1.850 millones anuales y que, en los 10 años de vigencia de la medida, el costo total alcanzará los S/20.000 millones, pero que el ministro parece no tener reparos.
Señala el reporte que estos privilegios no recaerían en la pequeña agricultura, sino en las grandes empresas, cuyos ingresos no han parado de crecer. Entre el 2012 y 2023, se alcanzó un 200%, según datos del BCRP.

“El MEF puede hacer 50.000 informes, pero si la cabeza no está dispuesta a comprarse el pleito y enfrentarse al Congreso con iniciativas que vulneran la sostenibilidad fiscal, hay una sensación marcada de que el MEF ha perdido peso”, refiere a este medio un exministro de Economía que prefiere mantener el anonimato.

Apunta Mendoza que si bien el gasto público ha crecido considerablemente, también se ha visto un deterioro de las cuentas fiscales. “En los últimos tres años han comenzado a regalarse por las exoneraciones tributarias. Ahora, parece que la agenda de Salardi no es el tema fiscal, sino las inversiones”, agregó.

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El 19 de febrero, en reunión con gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Asociación de Exportadores (ADEX), el otrora titular de Proinversión les prometió revivir el drawback, un mecanismo aduanero que devuelve a los exportadores los aranceles pagados por la importación de materias primas utilizadas en la producción local.

Este beneficio, creado en 1995 para promover al sector exportador, debía reducirse progresivamente del 3% hasta alcanzar su eliminación de 0% a partir del 2026. Nueve días después, refrendó a través de un decreto supremo la vigencia de este mecanismo, que en palabras del extitular del MEF Luis Miguel Castilla es un “subsidio ciego”, cuyo presupuesto anual equivale a todo el programa Juntos (S/1.200 millones).

“El MEF tiene que ser firme, de lo contrario no hará su labor de velar por el uso responsable de los recursos públicos. Si tiene un desafío grande de rebajar el déficit fiscal a 2,2% del PBI, tiene que procurar no seguir abriendo fuentes de pérdida de recursos fiscales”, apuntó.
Hacia el 2026, esta decisión implica renunciar a una recaudación adicional de S/1.770, un importe que habría servido para reducir el déficit fiscal.

Las diferencias entre Salardi y Arista cada vez son más evidentes. Este último defendía recaudar una tasa mínima de 5% de impuesto a la renta en las Zonas Económicas Especiales (ZEE), mientras que Salardi ha optado ir a la carga por una exoneración total (0%). “Se va a empezar con un piloto en Chancay y el Callao y sobre eso se pueden sumar otras zonas”, indicó en conferencia de prensa.

“Una vez que ha dicho sí a algo y ya marcó posición, decirle no a otra cosa muy similar, es muy difícil”, cobra sentido lo manifestado por Castilla.

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Un MEF sin prestigio

El extitular del MEF David Tuesta señala que los beneficios tributarios mencionados —que hasta el año pasado parecía haber “pelea” por no otorgarlos— “empiezan a dejar más claras las dificultades recaudatorias” en torno al nivel de convergencia del déficit fiscal.

En su lectura, si bien los beneficios tributarios no tendrían un efecto importante en 2025, “complica el contexto hacia el 2028”, indicó en su columna en un medio local.

Para el exministro de Economía Waldo Mendoza, el contexto externo inmejorable debe ser aprovechado para eliminar las exoneraciones tributarias. “Increíblemente, se está planteando ampliar el beneficio tributario para las agroexportaciones. Ojalá el MEF recupere su prestigio y se oponga a este absurdo, innecesario”, cuestionó.

Mendoza anota que en el último quinquenio, el MEF comenzó a perder peso, pero en los últimos tres años se ha acelerado.

“Yo nunca he visto un MEF tan pintado en la pared. Antes era un superministerio que tenía el poder. A veces era bien arbitrario, pero el MEF que tenemos ahora es muy débil. Quien ahora decide es el Congreso. La pobre caja fiscal queda como un tubo ramal. En otras épocas, una opinión negativa del MEF era vinculada. En la práctica ahora queda solo en una opinión. Se ha aprobado un proyecto altamente cuestionable y antitécnico (drawback), que tendrá un enorme costo para el país”, afianzó.

En la lectura del economista Juan Carlos Odar, el problema viene más por el gasto, que del ingreso, toda vez que los Gobiernos subnacionales han venido pidiendo cada vez más presupuesto. Sin embargo, reconoce que la herencia que dejará este Gobierno a la próxima administración “es una mochila fiscal bien pesada”.

Recordemos que el Perú ha incumplido dos años consecutivos la regla del déficit fiscal, pese a maniobras de reducir el techo, un tema no menor, sostiene Odar, considerando que la deuda pública no está reduciéndose (33% del PBI). “En términos nominales sigue creciendo. El esfuerzo de consolidación fiscal va a ser asumido por el próximo Gobierno”, cuya tarea será difícil de cumplir, indicó.

La meta para este año es no sobrepasar la regla de 2,2% del PBI, hazaña complicada cuando se tiene un déficit de 3,5% (febrero), uno de los niveles más altos desde 1990. “Este año es factible una reducción con la regularización del impuesto a la renta, pero es difícil esperar que llegue al 2,2%”, agregó.
Según una encuesta del Consejo Privado de Competitividad, 7 de cada 10 expertos creen que no se cumplirá el límite de 1% del déficit fiscal al cierre de 2028.

"Al MEF le ha hecho perder credibilidad por tener gobiernos muy débiles. Le ha pasado factura. Ha sido ninguneado y no ha habido ministros que hayan defendido los fueros como corresponde”, diagnostica Castilla.