Gremios de transporte público otorga una semana de plazo a Ejecutivo para frenar la inseguridad: "Habrá otro paro si no cumplen"

Tras la decisión de distintas empresas de apagar sus motores, los gremios de transporte público otorgó una semana de plazo al Gobierno de Dina Boluarte, desde el 29 de septiembre hasta el próximo 5 de octubre, para combatir la inseguridad ciudadana de la que son víctimas. En diálogo con La República, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, señaló que la tarde del domingo 28 de septiembre, horas antes de la marcha de la generación Z, el sector sostuvo una reunión con el Ejecutivo a fin de solicitar medidas concretas contra la extorsión y el cobro de cupos.

"Nos llamaron (a la reunión) empresas como Santa Catalina, Las Flores, José Gálvez, el Huáscar, la 50, la 41, entre otras; y asistimos. Llegamos a la posición de que este lunes (29 de septiembre) vamos a volver a trabajar, pero tomaremos la temperatura de la situación. Si se agudiza, volveremos a pagar motores el próximo sábado (4 de octubre) ", declaró.

En tanto, Julio Raurau, representante de Conet Perú, afirmó que en la reunión, a la que asistieron más de 20 empresas de transporte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, indicó que se desplegará un mayor número de efectivos policiales para monitorear de manera permanente el distrito de San Juan de Lurigancho. “La forma en que estamos viviendo no solo perjudica al sector, sino también al pueblo, al usuario y al pasajero”, señaló.

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Pagan hasta 20 mil soles de cupo

Hasta el momento, se conoce que, durante los últimos meses del año, un total de 44 conductores de transporte urbano han sido asesinados en diferentes distritos de Lima y el Callao. Raurau enfatizó que, en solo un año, 34,000 choferes habilitados han migrado a otros rubros por temor a las extorsiones.

Por ese motivo, el último fin de semana, la empresa conocida como el Huáscar acató un paro indefinido y bloqueó la Panamericana Norte, que consistió en apagar los motores de 160 buses que cubren la ruta entre San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. La medida se adoptó tras el ataque a balazos que sufrió a bordo de su unidad uno de sus conductores por parte de un falso pasajero. La víctima permanece en estado de gravedad.

La empresas de transporte como Vipusa y El Rápido también se unieron a la movilización. Denunciaron que pagan cupos de hasta 20 mil soles mensuales a siete bandas criminales distintas. La medida de fuerza obedeció a la ola de sicariato que sufren hace más de un año

Al respecto, Ojeda señaló que han acordado diversas acciones con el gobierno central que garanticen salvaguardar la vida de choferes y cobradores. "Hemos estado con generales como el señor Óscar Arriola [jefe del Estado Mayor de la PNP]. Nos han prometido un sistema de drones y coordinación con las distintas áreas de investigación. Si esto no se cumple volveremos a parar", argumentó.

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¿Conductores armados ante la inseguridad?

Por su parte, Julio Raurau se ha declarado estar a favor del uso de armas por parte de los conductores del gremio de transporte público, quienes se ven expuestos a los crímenes de sicariato y extorsión. "Hay un clamor a raíz de estos atentados y asesinatos, que ha dejado a hijos huérfanos y problemas económicos. Le pedimos al ministro [Malaver] que nos dé facilidades para que los choferes puedan tener sus armas de autodefensa. Ellos tienen sus herramientas de trabajo, pero no pueden salir porque les pueden disparar", argumentó.

No obstante, Martín Ojeda señaló que no comparte dicha premisa. Afirmó que sigue confiando en las investigaciones de la PNP, aunque advirtió que se mantendrán vigilantes. Asimismo, no descartó un paro a nivel nacional en caso se registren nuevos casos de extorsión contra los transportistas.

Asimismo, ante la represión policial registrada el 28 y 29 de septiembre durante las marchas de la 'Generación Z', que dejó más de diez personas heridas —entre ellas un menor de 15 años— y en las que también participó un sector del gremio de transporte, Ojeda aclaró que ellos no formaran parte de futuras medidas de protesta. "Es un tema de peruanos versus peruanos", precisó.

"Lamentablemente, para la protesta aparecen miles de policías, pero, sin embargo, cuando a nosotros nos matan, el policía no existe. Estamos preocupados y rechazamos esa actitud de este gobierno intolerante e incapaz", denunció Raurau.

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Líneas de transporte trabajan hoy 29 de septiembre con normalidad

Finalmente, en horas de la mañana se confirmó que un numeroso grupo de trabajadores de la empresa La Roma reanudó sus labores. No obstante, declararon que no cuentan con resguardo policial. "La familia necesita. Uno se arriesga a trabajar. Tenemos miedo de morir. Tarde o temprano te meten una bala", expresó un trabajador.

La Línea 57, conocida como Las Flores, también retomó sus labores. Un transportista confirmó que su compañero herido días atrás “se está recuperando en la clínica San Juan Bautista”. En tanto, transportes Huáscar y línea R28 han realizado un apagado de motores en su paradero. No han salido a trabajar.

En tanto, la empresa Santa Catalina restableció sus operaciones. No descartan una nueva medida de protesta si la inseguridad ciudadana continúa. “Hoy estamos trabajando con normalidad, todas nuestras unidades ya están en circulación. Sin embargo, estamos programando realizar nuevamente un plantón con todos nuestros vehículos durante esta semana, para lo cual nos estamos reuniendo los transportistas de San Juan de Lurigancho”, señaló un conductor.

Finalmente, el general Enrique Felipe Monrroy, jefe de la Región Policial Lima, declaró que, pese a la creciente delincuencia y criminalidad, no sería posible asignarle un efectivo policial a cada unidad de transporte. "Eso sería un servicio individualizado", sentenció.

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