
La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela inicia hoy, jueves 5 de febrero de 2026, la primera discusión del proyecto de Ley de Amnistía para la Convención Democrática que propuso la presidenta interina Delcy Rodríguez para liberar a los presos políticos. El debate se realizará en una sesión ordinaria programada a las 12:00 del mediodía.
De acuerdo con el texto de justificación legislativa al que accedió la agencia AFP, la iniciativa excluye violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. "Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación", indicó el régimen en la exposición de motivos.
Delitos como crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas también quedan fuera de la amnistía. Esta medida abarcará el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad. "La ley servirá para reparar las heridas dejadas por la confrontación, reencauzar la justicia y la convivencia entre venezolanos y venezolanas", proclamó Rodríguez en un acto realizado el pasado 30 de enero en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
Ese mismo día anunció el cierre de la temida cárcel del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), conocida por la oposición y defensores de derechos humanos como un centro de torturas. La mandataria declaró que transformará este centro en un "espacio social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y las comunidades cercanas". Rodríguez aseveró que la amnistía fue discutida con la cúpula del chavismo y sugirió que cuenta con el visto bueno de Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra detenido en Nueva York tras ser capturado en Caracas.
El interinato precisó que delegó la elaboración del proyecto a la Comisión para la Revolución Judicial, un ente creado por el exdictador Maduro en 2021 para reestructurar el sistema de justicia en Venezuela. En ese contexto, la agencia AFP especificó que el primer debate se centrará en el enfoque general de la propuesta, antes de que se realice una consulta con la sociedad civil. Este paso precederá a la revisión detallada de cada artículo de la ley.
En horas de la mañana de este jueves 5, el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, adelantó ante la prensa que el instrumento establecerá "los mecanismos a través de los cuales las personas puedan recuperar la libertad, siempre y cuando estén dentro de los sujetos establecidos en esa ley".
"Lo que quisiéramos es que esta ley dé un mensaje poderoso, potente, de la intención de un nuevo momento político. Esperamos llegar a los consensos suficientes para que la ley sea aprobada por unanimidad", dijo.
De aprobarse en el Parlamento unicameral, la propuesta se convertiría en la segunda amnistía en la era del chavismo. La primera fue aprobada por Hugo Chávez en 2007 para las personas involucradas en el golpe de Estado de 2002.
Durante su participación en 'Hablemos de Venezuela' en el 'Hay Festival de Cartagena de Indias', la líder opositora venezolana María Corina Machado comentó que la amnistía de Delcy Rodríguez es una respuesta a la "presión real" de Estados Unidos. "Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer", expresó.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 espera que la medida se centre para que "los más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto". Machado incluso consideró que la sucesora de Maduro es "incapaz" de generar confianza o estabilidad para liderar una transición política.
Provea, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, argumentó en la red social X que el proyecto del régimen no "puede debatirse ni aprobarse a espaldas de las víctimas, sin una consulta amplia, sin la participación de las organizaciones de derechos humanos y sin estándares claros". Afirmó que los presos políticos "fueron arbitrariamente encarcelados por ejercer derechos amparados en instrumentos internacionales de Derechos Humanos".
El Foro Penal reportó hasta el 2 de febrero que hay 687 prisioneros del régimen venezolano. De esa cifra, se desconoce el paradero de 51, y 59 tienen nacionalidad extranjera. La amnistía se da en medio de un lento proceso de excarcelación de centenares de detenidos.
Se informó que los liberados no tienen permitido salir de Venezuela, dar entrevistas ni hacer declaraciones en redes sociales. Además, el régimen venezolano estableció que deberán presentarse en tribunales cada 30 días y no podrán comunicarse entre sí. Las medidas constan en las boletas que recibieron al abandonar las cárceles.
Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigen información transparente, respeto a las víctimas y libertad inmediata e incondicional para todos y todas los detenidos.





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