
El 11 de agosto de 2020, Zuleyma Correa, una joven mexicana de 28 años, fue secuestrada en la ciudad de Lomas del Sur. Se encontraba sola en casa cuando cinco hombres armados irrumpieron en su vivienda y se la llevaron por la fuerza. Han pasado cinco años desde aquel momento y, hasta hoy, se desconoce su paradero y las razones detrás de su desaparición. Lorena Lepe, su madre, buscó ayuda inmediata de las autoridades, pero no obtuvo respuestas ni avances. “Mi hija era una muchacha de casa. No andaba en nada malo, pero aun así se la llevaron”, contó a La República. Lorena no pierde la fe en encontrar a su hija. Ante la nula respuesta de las autoridades, decidió buscarla con sus propios medios. Desde hace cuatro años, excava la tierra con sus propias manos, recorre ciudades, sigue pistas anónimas y visita lugares marcados por la violencia con la esperanza de encontrarla. “Yo la recuerdo todos los días, y no voy a dejar de buscarla nunca”, afirma.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México hay más de 100.000 casos registrados. Es una crisis humanitaria que atraviesa miles de familias y se manifiesta en fosas clandestinas, expedientes estancados y búsquedas hechas a mano, bajo el sol y el miedo. Ante la incapacidad del Estado para localizar a los desaparecidos y responder con justicia, colectivos de familiares —principalmente madres— se han organizado en todo el país para rastrear a sus hijos, recorriendo cerros, predios abandonados y terrenos marcados por la violencia.
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Una de esas madres que se rehúsan a perder la esperanza es Lorena, madre de Zuly, llamada así por su familia y amigos, joven desaparecida hace cinco años en Jalisco. Región que se ha consolidado como una de las que reporta más desaparecidos en 2025, según datos oficiales. Desde 2023, Lorena forma parte del Colectivo de Madres Buscadoras del estado y, hoy con 55 años, ha recorrido un camino marcado por fiscalías sin resultados, carpetas de investigación estancadas y jornadas extenuantes de búsqueda en campo. Su historia, atravesada por la espera, la frustración institucional y una esperanza obstinada, refleja también la falla estructural del Estado mexicano.
Las primeras horas, días y semanas tras su desaparición estuvieron llenas de incertidumbre y miedo. “Desde ese día no he vuelto a dormir igual. Todo el tiempo estás pensando si comió, si tiene frío, si alguien le hizo daño”, confiesa Lorena. La esperanza inicial de recibir noticias se fue diluyendo entre trámites interminables, llamadas sin respuesta y promesas institucionales que nunca se cumplieron. La falta de certeza se volvió una presencia constante, una carga emocional que acompaña cada jornada.
La denuncia formal ante las autoridades no trajo claridad ni avances significativos. “Cuando puse la denuncia, lo único que hicieron fue subir la ficha de búsqueda”, relata Lorena. No hubo operativos inmediatos ni un plan claro de investigación. Años después, la respuesta oficial seguía siendo la misma: expedientes estancados y una investigación sin resultados.
Frente a la indiferencia institucional, Lorena tomó una decisión que transformó su dolor en acción colectiva: unirse al grupo de Madres Buscadoras de Jalisco. “Yo veía en las noticias a las madres buscadoras y pensaba: ‘Qué crueldad, qué dolor tan grande’. Nunca imaginé que me tocaría a mí”, confiesa. La organización no es formal ni jerárquica: es una red de mujeres que comparten información y apoyo para dar con el paradero de sus seres queridos.
Las jornadas de búsqueda son largas, arduas y físicas. No cuentan con respaldo oficial de seguridad ni recursos gubernamentales. “Todo lo hacemos con donativos: agua, herramientas, guantes, gasolina… el gobierno no nos da nada”, dice Lorena. Cada actividad implica coordinarse con otras madres, recibir pistas, a veces anónimas, y organizar salidas sin certeza de resultados. En los recorridos se usan varillas para detectar cambios en la tierra y se excava con la esperanza de descubrir indicios.
Aun así, ser madre buscadora implica una doble lucha: enfrentar la tierra y enfrentar la indiferencia. Estas mujeres no solo buscan cuerpos; también exigen respuestas que las autoridades no han proporcionado. A lo largo de los años, los colectivos han localizado restos humanos en fosas clandestinas, en muchos casos antes de que existiera una intervención efectiva del Estado.
Jalisco no es solo uno de los estados con más reportes de personas desaparecidas en México; también es una entidad donde la violencia ha alcanzado niveles altos. En distintas regiones del estado se han localizado fosas clandestinas con restos humanos fragmentados, calcinados o con indicios de tortura.
El periodista Víctor Hugo Ornelas, quien ha acompañado a madres buscadoras en el campo, explica que en Jalisco la violencia contra las personas desaparecidas incluye contextos donde las casas mismas son utilizadas como sitios de exterminio y los cuerpos son ocultados durante largos períodos. Un caso emblemático es el del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde colectivos localizaron un rancho con restos humanos fragmentados y calcinados, evidencia de prácticas destinadas a destruir los cuerpos y borrar rastros de los crímenes
Para las madres, cada fosa es un recordatorio de la brutalidad estructural y de la ausencia de una respuesta estatal eficiente. “Cuando encuentras un cuerpo, no sabes si agradecer o romperte más”, dice Lorena. Y aunque algunas búsquedas han derivado en hallazgos, la identificación y los procesos forenses suelen avanzar con lentitud, si es que avanzan.
Las búsquedas de las madres no se parecen a las de equipos forenses oficiales. Sin equipo de alta tecnología, las mujeres utilizan herramientas simples: palas, picos y varillas. “Es pesado, cansado, doloroso”, afirma Lorena. Las jornadas pueden comenzar a cualquier hora, bajo el sol o la lluvia, con la posibilidad de no encontrar nada durante días, meses o años.
Las pistas que reciben casi siempre provienen de llamadas anónimas o de redes informales de información entre familias. A partir de esos indicios, las madres deciden dónde excavar y cómo organizar el equipo. “Salir a buscar es mi terapia. Ahí siento que hago algo por mi hija”, confiesa.
Cuando encuentran restos óseos, como en al menos una ocasión con Zuleyma, el hallazgo no siempre trae alivio inmediato. Lorena recuerda: “Encontré unas vértebras. No sé si sean de ella, hasta que hagan el ADN”. Los restos son entregados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), pero el proceso de identificación y confronta de ADN puede tardar años, lo que prolonga la agonía de las familias.
Aunque Jalisco es un epicentro de este fenómeno, la desaparición de personas es una crisis que atraviesa todo México. De acuerdo con el RNPDNO, el país tiene más de cien mil personas desaparecidas y no localizadas, con diversas entidades concentrando la mayoría de los casos: Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León forman frecuentemente la lista de los estados con más desapariciones registradas.
Estos datos no son solo números fríos: representan vidas interrumpidas y familias enteras transformadas por la ausencia. Según análisis de medios como Milenio, reflejan una crisis estructural donde factores como el crimen organizado, la impunidad y la falta de investigaciones efectivas han agravado la situación durante años.
El fenómeno de las desapariciones tiene además un sesgo demográfico: afecta de manera significativa a jóvenes y adultos jóvenes, lo que añade una dimensión adicional de urgencia social. Para los colectivos de madres, estos datos son una confirmación de que no están solas, pero también un recordatorio de que la respuesta estatal sigue siendo insuficiente.
La ausencia estatal no ocurre en el vacío: en muchos casos está directamente relacionada con actividades del crimen organizado y con redes que operan con relativa impunidad. Investigaciones de El País han documentado cómo grupos delictivos se han aprovechado de la debilidad institucional para mantener operaciones de desaparición, extorsión y ocultamiento de cuerpos.
La desaparición no termina con la ausencia física de una persona. En miles de casos, las investigaciones permanecen estancadas, los responsables no son identificados y los procesos judiciales no avanzan, de acuerdo con registros oficiales y organizaciones de derechos humanos. De acuerdo con reportes de Amnistía Internacional, México enfrenta una crisis forense donde los servicios de identificación y análisis genético están saturados y subfinanciados.
Para las madres, esto representa una segunda violencia: además de perder a sus hijos, deben pelear para que sus hallazgos sean reconocidos y tratados con dignidad. “No solo te quitan a tu hija, también te obligan a pelear para que la busquen”, dice Lorena.
Las madres buscadoras van más allá de buscar cuerpos: sostienen memoria y reclaman existencia. Cada viaje al campo, cada historia contada, cada indicio registrado es una forma de decir que sus hijos existieron y que su ausencia no puede ignorarse. En un país donde la desaparición amenaza con normalizarse, ellas se niegan al olvido.
Lorena pronuncia sus palabras en voz baja y pausada, como si cada frase pesara. Aprieta las manos, mira al suelo por unos segundos y luego levanta la vista antes de decir: “Mientras yo respire, la voy a seguir buscando”. No levanta el tono ni dramatiza; lo dice con la serenidad de quien ha repetido esa promesa durante años, entre expedientes sin respuesta, jornadas bajo el sol y la espera constante de una llamada que nunca llega. Su determinación se refleja en cada salida al campo, en cada indicio que revisa y en cada día que se niega a dar por terminada la historia de su hija.
En México, cuando una hija desaparece, también lo hace la certeza de que las instituciones actuarán. Entonces aparecen las madres, con palas en mano, y hacen el trabajo que el Estado no ha querido asumir. Y en ese acto, reconstruyen —poco a poco— la posibilidad de una verdad que parece siempre esquiva.

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