“Hasta que no salga el último, no estaremos satisfechos”: familias de presos políticos en Venezuela exigen su liberación

Enmarrocado, con un chaleco antibalas, desencajado y abordando una patrulla del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), así fue presentado Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor, exdiputado venezolano y figura clave dentro del entorno de María Corina Machado, el 23 de mayo de 2025, por televisión nacional. Fue acusado sin pruebas por el número dos del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, de ser cabecilla de una organización terrorista que buscaba atentar contra las elecciones legislativas y de gobernadores, que se desarrollarían dos días después.

“Fue arrestado en la madrugada sin el debido proceso, sin acceso a abogados y con cargos completamente inventados, como terrorismo, asociación para delincuencia, obstrucción de la justicia, traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjeros, etcétera”, explicó a La República su hijo mayor, Ramón Guanipa.

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Tras ocho meses desde su arbitraria detención, Ramón denuncia que han realizado una serie de acciones para acelerar su excarcelación; sin embargo, cada vez que presentan algún recurso, son frenados por las autoridades del chavismo.

“Hemos ido al Ministerio Público, hemos tratado de introducir diferentes recursos; entre ellos, un habeas corpus, que fue no admitido. Tratamos de juramentar a Joel García, su abogado privado, y también me negaron el derecho… Él está recluido ahí hasta que ellos decidan”, declaró.

Asimismo, afirmó que tienen el apoyo de María Corina Machado, la principal figura de la oposición en Venezuela, quien se mantuvo en contacto con la familia y, desde el exilio, se unió a la denuncia global para conseguir la pronta liberación de Guanipa. “Nos ha expresado su apoyo irrestricto… Es amiga de papá, incluso conoce a mi mamá, que en paz descanse. Y, bueno, sabemos que contamos con ella”, agregó.

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Actualmente, la fotografía de Juan Pablo Guanipa se mezcla en una sábana de rostros que son mostrados en diversos países, especialmente a las afueras de las prisiones, como parte de una denuncia permanente hacia las tácticas del régimen para callar a las voces opositoras y exigir el retorno de estas personas con sus familias.

“Mi padre sigue detenido en la misma sede de Maripérez —al norte de Caracas—, sin comunicación, sin visitas, sin un tipo de adelanto al respecto. Estamos a la espera de que, eventualmente, con la presión correcta, finalmente se vean obligados a liberarlo no solo a él, sino a todos los presos políticos”, finalizó. Agregó que, en la única oportunidad que tuvo para visitarlo —50 días después del arresto—, Guanipa le dijo que “no iban a lograr quebrarlo, que no iban a lograr que él saliera de alguna manera derrotado de allí, sin importar cuándo fuese a salir”.

Separación familiar sin fundamentos

Privados de su libertad, sin contacto con el exterior, sin acceso a un control de salud constante y de calidad, y en condiciones deplorables que podrían ser consideradas como un atentado contra la vida, esa es la situación de los presos políticos recluidos en diversas cárceles del país, que terminaron ahí por alzar su voz contra Maduro.

“Cuando lo detuvieron, le golpearon tanto que le fracturaron las costillas y una muñeca. Entonces, quedó con esa dolencia y cuando salió —el 17 de enero del 2025— tuvo que ir a hacerse exámenes y chequeos para ver cómo había quedado”, señaló Diego Casanova, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), al contarnos detalles sobre el proceso de su hermano José Gregorio Pérez Maita, detenido el 30 de julio de 2024 por protestar contra el fraude electoral.

Pérez Maita fue acusado de terrorismo, incitación al odio, daño al patrimonio público e irreverencia a la autoridad. Inicialmente, fue recluido en el centro de la Policía Municipal de Charallave, en Miranda. Luego, fue trasladado al Tocorón, a dos horas de la capital, lugar que fue la base central del Tren de Aragua, y donde también se le restringió su derecho a contar con un abogado de confianza.

“Fue una situación demasiado difícil”, declaró su hermano, quien indicó que, para las visitas, solo se admitía el ingreso a mujeres y que debían llevarle diariamente comida, ropa e insumos de aseo, ya que, en las requisas, los guardias botaban todo lo que encontraban. Cuando por fin fue excarcelado, Diego lo recibió en un estado de extrema ansiedad y “mucho más delgado”. “Tenía mucho temor de que lo vayan a meter preso de nuevo”, relató.

Sin garantías

Gabriela Hernández supo de la detención de su madre, Nélida Sánchez, abogada y activista venezolana de 57 años, cuando se encontraba en Estados Unidos. Sánchez había sido recluida el 28 de agosto de 2024 en El Helicoide, considerado el mayor centro de tortura del país. La información llegó a través de su abuela durante una videollamada en la que también participaron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), quienes posteriormente la acompañaron a su vivienda para incautar el celular y la laptop de la detenida.

“Le dijeron, supuestamente, que iría en calidad de entrevistada a la delegación y que luego los mismos policías la llevarían a casa. Cosa que nunca fue así”, contó Hernández. Asimismo, denunció que, en la prisión, le niegan constantemente el ingreso a su defensa, lo cual ocasiona que no pueda llevar a cabo un proceso fluido y legítimo. “Mi madre se encuentra en un estado de indefensión total”, exclamó, tras afirmar que se le negó ser evaluada por un médico para determinar su estado de salud.

“Sabemos que en algún punto debió haber ocurrido algo, porque mi madre nos ha pedido que, por favor, no le preguntemos nada de lo que vivió estando adentro cuando salga. Así que eso, para nosotros, obviamente es una alarma”, expresó. Gabriela reveló que se mantiene exigiendo justicia, acudiendo a diversos organismos, como la ONU, CIDH, CIP, Georgetown Institute for Women, Peace and Democracy, entre otros. “Personalmente, no he descansado de llevar el caso de mi mamá a todos los lugares posibles”, puntualizó. El 23 de enero, Sánchez pasó su segundo cumpleaños tras las rejas, acusada sin pruebas y con un padre de 94 años, dos hijas y sobrinos que la esperan en casa.

El cautiverio de los presos políticos

• Al 28 de enero de 2026, la ONG Foro Penal ha contabilizado que todavía existen 711 presos políticos dentro de las prisiones venezolanas, de los cuales 94 son mujeres, 188 son militares y 530 son civiles. Además, la entidad informa que 8 personas han sido detenidas en 2026.
• Según consultas realizadas por La República, se pudo constatar que los presos políticos tienen prohibido dar declaraciones a la prensa cuando son excarcelados, lo que hace que continúe la medida que busca silenciarlos.
• De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Prisiones, son 26 los presos que han muerto bajo custodia del régimen chavista desde 2015.