Al menos 46 detenidos, incluidos presos políticos, murieron en cárceles cubanas entre 2025 y 2026 por falta de atención médica, denuncia ONG
Las organizaciones reportaron ante la CIDH que son más de 290 reos quienes han sufrido la negación de asistencia médica en la isla.
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Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos 46 personas detenidas en Cuba murieron en prisiones entre enero de 2025 y marzo de 2026 debido a la negación o retraso deliberado de atención médica, incluidos cuatro identificados como presos políticos. La denuncia fue presentada en una audiencia en Ciudad de Guatemala y recogida por agencias como AFP y medios internacionales.
Camila Rodríguez, directora de Justicia 11J, afirmó que los internos fallecieron “dentro de prisiones o en hospitales adonde fueron trasladados cuando su condición ya era irreversible”. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y otros grupos independientes señalaron una ausencia total de transparencia oficial. Esta opacidad institucional impide investigaciones externas sobre las causas de los fallecimientos y garantiza la impunidad de los funcionarios penitenciarios frente a una negligencia sistemática.
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Casi 300 reos sin atención médica
El monitoreo de grupos civiles detectó que 294 privados de libertad sufrieron la negación de asistencia facultativa. Estos datos exponen una crisis humanitaria aguda dentro del sistema penitenciario de la isla.
Rodríguez puntualizó que los decesos sucedieron en cárceles y centros hospitalarios tras demoras críticas en el auxilio básico. Debido a que el Estado prohíbe el acceso a observadores externos para inspeccionar los reclusorios, el recuento de casos descansa en el seguimiento de organizaciones independientes. La irreversibilidad de los cuadros clínicos marca un patrón de negligencia sistemática.
La activista denunció la ausencia de pesquisas autónomas o castigos contra funcionarios por estas pérdidas bajo custodia estatal. Según su testimonio, este escenario "pone de manifiesto la falta de transparencia y responsabilidad institucional" en el país.
Registros del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas revelan un esquema de hacinamiento y carencia de agua potable. Los brotes epidemiológicos sin tratamiento y la insalubridad general empeoran el bienestar de los internos. Estas condiciones precarias conforman un entorno hostil que acelera el deterioro físico de toda la población penal.
Posición de otros organismos
Delegados de Amnistía Internacional, entre ellos Cristhian Jiménez, denunciaron en la audiencia que la privación de libertad en Cuba funciona como una “herramienta sistemática de castigo contra quienes ejercen derechos humanos”, bajo un esquema que vulnera la libertad de expresión y la protesta pacífica. La organización cuestionó el proceso de excarcelación de más de 500 reos el ciclo pasado, pues resultó “marcado por ambigüedades, discrecionalidad política y ausencia de transparencia”, tras detectar que diversos individuos retornaron a los calabozos, incluidos varios catalogados como “presas de conciencia”.
Reportes actuales de la entidad exponen un incremento en el hostigamiento, la vigilancia ilegal y las restricciones arbitrarias hacia parientes de los cautivos. Esta dinámica evidencia una expansión de las tácticas coercitivas fuera de los centros penitenciarios, lo cual afecta el entorno familiar de los activistas. Tales patrones confirman que la represión estatal trasciende a los propios detenidos para instaurar un control social más profundo sobre la población civil en la isla.
Las condiciones de derechos humanos en Cuba
La severa crisis económica en Cuba agrava la carestía de recursos básicos y servicios vitales. Según reportes de Human Rights Watch, el Estado prohíbe el ingreso de observadores independientes a centros penitenciarios, donde la población recluida padece epidemias sin canales para denunciar maltratos o desatención sanitaria. Este escenario de precariedad se manifiesta en apagones constantes y un acceso limitado a víveres, factores que vulneran la estabilidad social.
El deterioro material se entrelaza directamente con la coerción política y el control gubernamental. Las manifestaciones ciudadanas de julio de 2021, motivadas por la falta de sustento y energía eléctrica, terminaron en capturas masivas y sanciones penales severas. Bajo este clima, las autoridades mantienen restricciones estrictas sobre los derechos civiles mientras la calidad de vida de los habitantes experimenta un retroceso histórico y alarmante.
Entidades globales confirman que la unión entre penuria financiera y medidas punitivas fomenta arrestos injustificados contra opositores. La ausencia de medicinas y la desnutrición en las galeras reflejan un contexto de "agravamiento prolongado" en materia de libertades fundamentales. De este modo, la escasez funciona como un catalizador de la inestabilidad que sitúa a la isla bajo un escrutinio internacional permanente por su gestión humanitaria.
