Los ataques de EE.UU. contra presuntas narcolanchas que dejan más de 100 muertos y crecientes dudas legales

Era octubre de 2025, Robert Sánchez había descargado la pesca del día cuando le dijo a su madre que realizaría un viaje corto por dos días, sin saber cuál sería su destino. Pasado ese tiempo, su familia se enteró del ataque de EE.UU. que terminó con la vida y el sueño del venezolano de comprar un bote para pescar junto a sus cuatro hijos. Lejos de un perfil de “narcoterroristas”, este y otros casos documentados revelan una trama de pobreza e informalidad donde trabajadores sin alternativas económicas terminaron en embarcaciones convertidas en blancos militares. 

Ya han pasado casi cuatro meses desde que el gobierno de Donald Trump activó una ofensiva militar contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico -una estrategia que marca un giro drástico en la política antidrogas de Estados Unidos- y solo hay más preguntas que respuestas. Investigaciones periodísticas de Associated Press, BBC Mundo y The Washington Post advierten que muchas personas no tenían vínculos comprobados con organizaciones criminales. Además, la negativa del Pentágono a transparentar material clave y la judicialización del caso ante instancias como la CIDH convirtieron la campaña antidrogas en un problema político y legal de mayor alcance, que cuestiona los límites del poder militar estadounidense fuera de un conflicto armado declarado.

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Los fallecidos identificados: un pescador, un exmilitar, un conductor de autobús y más

Robert Sánchez nunca pensó que un viaje en lancha, por ganar un poco más de dinero para sustentar a su hogar, terminaría en un dolor profundo para su familia. Nadie imaginaba ese desenlace, pues el pescador venezolano, de 42 años y originario de Güiria, era uno de los mejores “pilotos” de la península: conocía bien las corrientes de la zona y podía navegar hasta de noche, como contaba su familia.  

Tal y como cuentan sus familiares, pasado los dos días del viaje, ellos se enteraron del ataque estadounidense en el Caribe por redes sociales, pero la tristeza se apoderó de cada uno en segundos al reconocer en imágenes que se trataba del pescador venezolano. Ante la desesperación de una recaída de la madre, tuvieron que darle una pastilla para luego contárselo. El hijo menor supo después de la tragedia familiar y, hasta el último minuto, se negó a aceptarlo, pues tenía la esperanza de que su padre estuviese con vida tras la explosión. 

Con esa lamentable noticia, no solo cuatro hijos se quedaban sin un papá -que con su ganancia de 100 dólares mensuales los cuidaba-, sino que ya no podrían cumplir el sueño de tener su propio bote como producto de su lucha constante y amor por la pesca desde la adolescencia.

Casos como el de Sánchez confirman que muchos pescadores y trabajadores son empujados por la pobreza a estos actos, y no por ser narcoterroristas, como lo advierten las investigaciones periodísticas. La falta de pruebas públicas, denuncias ante la CIDH y cuestionamientos legales ponen en duda la legitimidad de los ataques de EE.UU. 

Pese a que, hasta ahora, no existe un listado oficial público con los nombres de los 104 fallecidos en los bombarderos en alta mar, algunas historias fueron reveladas por Associated Press. Entrevistas en los pueblos de la península de Paria confirmaban que algunos muertos compartían más la pobreza que vínculos reales con el crimen organizado, como lo aseguraba el gobierno de Trump.

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Con 18 años menos que Sánchez, conoceremos la historia de Dushak Milovcic, uno de los fallecidos más jóvenes identificados. Tenía solo 24 años cuando murió en uno de los ataques de EE.UU. Fue alumno de la Academia de la Guardia Nacional en Venezuela y, según personas que lo conocieron, dejó su formación militar al estar atraído por la adrenalina y el dinero del mundo criminal. Empezó como vigía para contrabandistas y, a pesar de no tener experiencia en el mar, ascendió rápidamente hasta ocupar un rol clave en embarcaciones del narcotráfico. No está claro cuántos viajes realizó antes de morir en octubre de 2025.

Otro joven en la lista es Chad Joseph, un trinitense de 26 años cuya familia asegura que mantuvo contacto con él poco antes de que abordara la embarcación que luego fue atacada el 18 de octubre. Para sus allegados, no hay dudas de que estaba a bordo. Su tía, Lynette Burnely, ha cuestionado públicamente la falta de información oficial y la ausencia de explicaciones claras por parte del Gobierno. La familia realizó su funeral, pese a no existir una confirmación oficial del deceso, como una forma de cerrar un duelo marcado por la incertidumbre. “Si el ministro sabe algo, ¿por qué no lo dice?”, reclamó Burnely ante la frustración y el dolor. “Si el ministro sabe algo, ¿por qué no lo dice?”, dijo Lynette Burnely, tía de Chad Joseph, joven considerado muerto tras ataque.

En el mismo ataque, Rishi Samaroo, originario de Trinidad y Tobago, también habría perdido la vida a sus 41 años. Su familia aseguró haber hablado con él antes del viaje que lo llevó a la muerte. Su hermana, Sallycar Korasingh, denunció que ninguna autoridad se ha comunicado con ellos desde el bombardeo. “Si dicen que está desaparecido, entonces deberían buscarlo”, exigió. Por su parte, su madre, Zorina Samaroo, intentó presentar una denuncia formal, pero -según relató- fue rechazada porque el incidente ocurrió en aguas internacionales, una respuesta que aumentó la sensación de abandono institucional. Pese a ello, la familia realizó sus ritos funerarios, convencida de que Rishi no regresará.

El siguiente caso investigado es Juan Carlos Fuentes, conocido como ‘El Guaramero’. Era un conductor de autobús venezolano que se involucró en el tráfico marítimo de drogas tras quedarse sin ingresos cuando su vehículo se averió y no pudo repararlo. Sin experiencia en el mar, aceptó unirse a una tripulación de contrabandistas para poder sostener a su familia, como muchos novatos reclutados en lugar de narcotraficantes veteranos que evitaban ser blanco de ataques. Su primer intento salió bien y decidió participar en otro. Murió en un ataque en septiembre, según contaron sus amigos, aunque no saben con certeza en cuál.

Existe un cuarto caso y el más polémico de la investigación de AP. Se trataría de uno de los 11 fallecidos en el primer bombardeo estadounidense en el Caribe.

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El primer ataque y la muerte de ‘Che’ Martínez

A diferencia de las historias que ya conocimos, este sí tenía un perfil criminal, pues era el jefe en la región y perdió la vida en el primer bombardeo estadounidense del 2 de septiembre. Su nombre era Luis ‘Che’ Martínez y tenía experiencia en el tráfico de drogas y de personas a través de rutas marítimas, según distintos testimonios.

“Que esto sirva de advertencia para cualquiera que piense en traer drogas a Estados Unidos”, dijo Trump luego de asegurar que los muertos, entre ellos el hombre de 60 años, eran 11 miembros del Tren del Aragua. Los familiares lo negaron y confesaron que reconocieron el cadáver por su lujoso reloj en la muñeca izquierda en las fotos difundidas desde la costa de Trinidad.

No se reconoció los nombres de los otros fallecidos en la lancha, pero, según El Pitazo y la periodista Sebastiana Barráez, ocho muertos eran de Unare y tres de Güiria, incluido Martínez. Los familiares identificaron los restos a través de redes sociales, compartiendo fotos y mensajes de despedida en TikTok, sin revelar identidades.

Por su parte, la periodista Ronna Rísquez añadió que las costas de San Juan de Unare han sido convertidas por el Tren de Aragua y el llamado Cartel de los Soles en una ruta clave para mover hasta dos toneladas de cocaína hacia el Caribe y más allá. En medio de esta realidad, los ataques de EE.UU. han generado tensión internacional, pero también visibilizado la desesperación de una población atrapada entre la necesidad económica y el crimen organizado. Así lo informaron el Diario Las Américas y El País.

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¿Muerto o desaparecido? El caso de Alejandro Carranza

Alejandro Carranza es una figura central en el debate sobre los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe, ya que no existe confirmación oficial de su muerte ni identificación de un cuerpo, y persisten versiones familiares y legales en torno a su desaparición.

Según Noticias Caracol, la familia del pescador colombiano, de 42 años, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que afirma que Carranza “fue asesinado ilegalmente en un ataque aéreo de las fuerzas estadounidenses” frente a las costas de Colombia. En el documento, firmado por su esposa Katerine Hernández Bernal y presentado por el abogado Dan Kovalik, se señala que el 15 de septiembre de 2025 el ejército de EE. UU. bombardeó la embarcación en la que navegaba y que murió durante ese operativo.

El letrado declaró que Carranza era “un simple pescador que salía a buscar marlines y atunes” y negó que tuviera vínculos con el narcotráfico, como afirmó el gobierno de Donald Trump. Añadió que el uso de fuerza letal sin arresto ni juicio constituye una violación de derechos humanos y sostuvo que, de existir sospechas, las personas debieron ser detenidas y procesadas en una corte.

En una entrevista con La República, el periodista de Univision, Yezid Baquero Torres, precisó que Carranza continúa oficialmente desaparecido y que no hay confirmación de su muerte. Además, reveló que conversó con la familia cuando viajó al barrio Los Cardonales (Santa Marta) antes de que se encuentren con Gustavo Petro. “Tras esa reunión, anuncian la demanda contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está llevando Kovalik, quien es el mismo abogado del presidente en sus causas en EE.UU. y que durante años ha sido un activista profundo de las causas latinoamericanas”, reveló.

A esta declaración, se sumó la sobrina de Carranza, Lizbeth Pérez, quien conversó con BBC News Mundo a mediados de noviembre y explicó que la familia ahora no tiene certeza absoluta de que él estuviera en la embarcación atacada y que no cuentan con pruebas directas más allá de lo visto en noticias. La joven precisó que la falta de evidencia generó una incertidumbre prolongada y un fuerte impacto emocional, especialmente en los cinco hijos del pescador, quienes siguen esperando respuestas sobre su destino.

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Los únicos sobrevivientes

El 16 de octubre se realizó un nuevo operativo, pero fue el primero que no dejó muertos. Los dos sobrevivientes eran el colombiano Jeison Obando Pérez (34) y el ecuatoriano Andrés Fernando Tufiño Chila (41).

Obando fue repatriado en estado crítico, con trauma cerebral y respirando con un ventilador, según reportó el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti. Aunque el gobierno colombiano afirmó que será procesado por tráfico de drogas, su situación legal aún no está definida. En el caso de Tufiño, la Fiscalía de Ecuador declaró que no había cometido delitos en su país y fue liberado tras su evaluación médica. No obstante, registros judiciales, citados por CNN y BBC Mundo, indican que había sido arrestado por narcotráfico en México en 2020.

A pesar de que Trump defienda sus operativos, la falta de transparencia sobre la identidad de los muertos, las pruebas de culpabilidad y la legalidad de los ataques siguen siendo objeto de crítica por parte de organismos internacionales y gobiernos latinoamericanos.

Para varios expertos en derecho internacional consultados por BBC Verify, los ataques de EE.UU. en aguas internacionales no son legales. Luke Moffett, profesor de la Queen’s University Belfast, explicó que el uso de la fuerza para detener una embarcación solo es válido si es necesario, proporcional y como última opción, priorizando medidas no letales y únicamente ante una amenaza inminente.

En la misma línea, Mary Ellen O’Connell, docente de la Universidad de Notre Dame, sostuvo que matar de forma intencional fuera de un conflicto armado viola principios fundamentales del derecho internacional, salvo que sea indispensable para salvar una vida de inmediato. A su vez, Michael Becker, del Trinity College de Dublín, rechazó la narrativa oficial de catalogar a los tripulantes como “narcoterroristas”, y señaló que esa calificación no los convierte automáticamente en objetivos militares legítimos.

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Hegseth y la orden de “matar a todos”

El 2 de septiembre de 2025, fuerzas especiales estadounidenses atacaron un bote sospechoso de transportar drogas. Informes de The Washington Post indicaron que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría dado una orden de “matar a todos” para esa operación, lo que supuestamente implicaba no dejar sobrevivientes tras el primer ataque. Dos hombres que sobrevivieron a la primera explosión murieron después en un segundo ataque, según fuentes citadas por ese medio, aunque el Pentágono lo niega y la Casa Blanca rechaza que el jefe del Pentágono ordenara explícitamente eliminar a los sobrevivientes.

De acuerdo a CBS News, la muerte de esos sobrevivientes -personas que ya estaban fuera de combate y aferradas a los restos del bote- provocaron denuncias severas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Legisladores de ambos partidos en el Congreso calificaron la acción de “muy seria” y exigieron investigación y transparencia, mientras expertos en derecho internacional y derecho de la guerra sostienen que atacar a personas que no representan una amenaza inmediata podría constituir un crimen de guerra o asesinato bajo leyes tanto internacionales como estadounidenses.

La legalidad del caso es debatida: según The Guardian, críticos argumentan que no existe un conflicto armado formal que justifique matar a sobrevivientes sin amenaza inmediata, lo que podría violar tanto el derecho internacional como la propia legislación de EE.UU. The Washington Post añadió que el Congreso inició investigaciones y supervisión rigurosa sobre las operaciones marítimas letales, exigiendo acceso a videos sin editar y órdenes completas del ataque para evaluar si hubo violaciones legales.

Mientras tanto, la administración Trump y Hegseth -quien insiste en no publicar el video- defienden que las acciones son legítimas bajo su marco de “defensa contra narcotráfico”, aunque la controversia legal y ética persiste entre legisladores, expertos en derecho de guerra y organismos internacionales.