Al menos dos partidos políticos proponen aplicar aborto terapéutico en casos de violación de menores

Asumen y sientan posición en un tema polémico. A menos de un mes de las elecciones generales, dos agrupaciones políticas proponen en sus planes de gobierno viabilizar el aborto terapéutico en casos de menores víctimas de violencia sexual. Esta es una problemática preocupante que se ha ido agravando en los últimos años, advierten especialistas.

Cooperación Popular y Venceremos, que llevan como candidatos presidenciales a Yonhy Lescano y Ronald Atencio, respectivamente, plantean esta propuesta ante las recurrentes barreras que enfrentan las niñas y adolescentes que son forzadas a ser madres pese a que desde 1924 el procedimiento es legal en el Perú cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer.

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En el caso de Cooperación Popular, sustentan que los embarazos de menores que han sufrido una violación sexual es una realidad que debe ser atendida por el Estado peruano, por lo que señala que el aborto terapéutico debe proceder sin trabas y de manera excepcional.

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“Para eso, de llegar a la presidencia, se pedirá facultades al Congreso de la República para legislar excepcionalmente sobre esta materia en agosto del 2026”, anuncia el partido político del candidato Yonhy Lescano en su plan de gobierno.

Venceremos, por su parte, propone actualizar y fortalecer la política de aborto terapéutico que garantice el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos y que, de manera prioritaria, accedan a este procedimiento niñas víctimas de violación sexual siempre y cuando otorguen su consentimiento.

“Vamos asegurar, además, la implementación efectiva de la Guía Técnica Nacional del Aborto Terapéutico en todo el país, garantizando el acceso oportuno, seguro y digno a este derecho en todos los establecimientos de salud públicos”, responde el partido político del candidato Ronald Atencio.

Una problemática sin atender

El tema que han decidido considerar estas organizaciones políticas en sus planes de gobierno es un preocupante problema de salud pública. En el 2025, más de 37.000 mujeres menores de 19 años se convirtieron en madres en el Perú, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa). De este número, 993 tenían menos de 14 años, lo que para el Código Penal constituye el delito de violación sexual.

 Lamentablemente, solo en enero y febrero de este año ya se han reportado 93 adolescentes menores de 14 años que se convirtieron en madres. “Ante estas cifras horrorosas, me parece importante que al menos dos partidos hayan incluido esta propuesta en sus planes de gobierno”, expresa la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich.

 La especialista afirma que la actual Guía Técnica del Aborto Terapéutico no reconoce que para las niñas y adolescentes el embarazo es un riesgo para su salud o vida, por lo que solo se justifica como una causal que debe ser aprobada por una junta médica. Eso es lo que se debe desentrampar, señala, porque está en juego la integridad y el futuro de las niñas víctimas de violación sexual.

 “El estigma, la desinformación y las creencias religiosas son algunos de los obstáculos que han generado que el acceso al embarazo terapéutico sea limitado. En la actualidad, la interrupción del embarazo solo puede darse en niñas y adolescentes con menos de 22 semanas de gestación, siempre y cuando se salve la vida de la paciente o se evite un mal grave o permanente en su salud”, explica.

Miloslavich lamentó que existan partidos políticos que, por sus posturas conservadoras, estén a favor de que las niñas se conviertan en madres de manera forzada basándose en el respeto a la vida del concebido.

Caso de congresista

 Hace unas semanas, se conoció que varias menores víctimas de violencia sexual fueron expuestas en una actividad pública realizada dentro del albergue que fundó la pastora evangélica y actual congresista Milagros Jáuregui, de Renovación Popular. Las niñas y adolescentes ya eran madres.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se vio obligado a tomar acciones ante la gravedad del asunto y ordenó el traslado progresivo de las menores afectadas a otros centros especializados.