
Honduras continúa arrastrando décadas de debilidad institucional, tensiones entre el CNE y el TJE, renuncia de fiscales y pobreza estructural, de acuerdo al medio local Proceso Digital, lo que alimenta una desconfianza histórica por la falta de transparencia de estas nuevas elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, una jornada en la mira internaciona tras el apoyo de Donald Trump al candidato conservador. “Nuestra tolerancia a la corrupción debe terminar”, sentenció Ariel Varela, líder hondureño del Movimiento de Indignados y exiliado en Berlín desde 2016 por amenazas de muerte, quien también alzó la voz este año para sacar de la contienda electoral a un candidato presidencial que propuso adherir Honduras a Estados Unidos si ganaba. Y sí, ya declinó.
Ya han pasado diez años desde que se realizó la marcha de “las antorchas” tras el escándalo de desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, cuando exigieron la renuncia del expresidente Juan Orlando Hernández y la creación de una comisión internacional anticorrupción, según The Guardian. En 2017 y 2018, el país volvió a estallar tras unas elecciones cuestionadas, con bloqueos y una fuerte represión estatal. En 2019, nuevas movilizaciones surgieron por reformas en salud y educación, y, solo hace ocho meses, hubo manifestaciones contra la mala gestión en las elecciones primarias. ¿Podrá uno de los cuatro candidatos erradicar este sistema que harta a los hondureños?
“Por un país justo y en paz” y “democracia para todos”, se lee en las pancartas de un protestante hondureño. Los ciudadanos exigen elecciones transparentes tras décadas marcadas por la corrupción y altos niveles de polarización. Hoy, más de 6 millones de hondureños deberán elegir entre cuatro aspirantes a la presidencia (2026-2030), así como 128 diputados titulares al Congreso y 128 suplentes, 20 diputados titulares al Parlamento Centroamericano y 20 suplentes y 298 alcaldes y 298 vicealcaldes, así como 2168 regidores.
De acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE), los tres candidatos que concentran las mayores expectativas son Rixi Moncada, la oficialista del partido Libertad y Refundación (LIBRE); Salvador Nasralla, el opositor del Partido Liberal de Honduras (PLH) y Nasry Asfura, el otro opositor del Partido Nacional de Honduras (PNH). El otro aspirante Nelson Ávila tiene solo 1% de intención de voto en las encuestas y su Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) arrastra un historial electoral débil; sin embargo, se mantiene optimista con los resultados finales.
La lista hubiese cerrado con cinco candidatos, pero Mario ‘Chano’ Rivera Callejas, del Partido Democracia Cristiana, terminó por declinar y pausar su campaña “Unámonos a los gringos”. Rivera, dueño del canal de televisión Q´hubo Tv y de la agencia publicitaria UNO, y hermano del diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, vinculado a acusaciones de corrupción, que le dijo a Criterio.hn que la soberanía “no importa, no da de comer, no quita el hambre y no derrota a los corruptos”, no va más en la contienda electoral.
Los favoritos de Donald Trump en las elecciones globales siempre serán los que piensen como él o los que le aplauden todo como Javier Milei: solo ellos son “sus amigos”. Por eso, la mejor opción para el republicano es el candidato conservador Nasry Asfura. Para Trump, el aspirante por el Partido Nacional es “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras”, pues él sería el indicado para frenar el “avance comunista”, luchar contra el narcotráfico y debilitar las influencias de gobiernos de izquierda en Latinoamérica, según Reuters y El País.
Además, el mandatario republicano prometió que indultaría a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico, si Asfura ganaba los comicios.
En su mensaje, el mandatario estadounidense no desaprovechó la oportunidad y calificó a la candidata oficialista del partido en el poder, Rixi Moncada, como cercana al comunismo, y advirtió que otra de las candidaturas, la de Salvador Nasralla, contribuiría a dividir el voto opositor, favoreciendo así a lo que considera una izquierda “narcocomunista”.
Según las últimas encuestas, tres aspirantes están muy cerca: para, CID Gallup, hay un empate técnico que favorece levemente a Salvador Nasralla, seguido por Rixi Moncada y Nasry Asfura, aunque las diferencias son mínimas. Esto confirma que no existe una candidatura claramente dominante, sino un electorado fragmentado y volátil. Sin embargo, más allá de los números, pesa el recuerdo de 2021, cuando la misma encuestadora falló en su proyección, alimentando hoy el escepticismo ciudadano hacia los sondeos y reforzando la sensación de que ningún resultado previo es totalmente confiable.
A la incertidumbre estadística se suma una incertidumbre institucional más profunda. El diario El País advierte que los votantes no solo dudan de quién ganará, sino de sí el proceso será creíble. El cuestionamiento al órgano electoral, la violencia política y la estrechez entre los candidatos convirtieron la campaña en una competencia tensa y llena de sospechas. Así, quien asuma la presidencia el 27 de enero de 2026, en sustitución de Xiomara Castro, heredará no solo el poder formal, sino también un país donde la legitimidad del sistema democrático está bajo presión y la confianza pública sigue siendo el recurso político más escaso.
“Corrupción” y “fraude” son las palabras que más se escriben en esta nota, las que más reclaman los hondureños, pero también las que más utilizan los tres candidatos favoritos en sus discursos. Solo en el cierre de campañas se vivió un clima tenso: los aspirantes intercambiaron acusaciones de fraude, movilizaciones masivas, discursos confrontacionales y advertencias sobre irregularidades. Moncada planteó la contienda como una lucha entre “oligarquía” y “socialismo democrático”; mientras la oposición denunció tácticas de presión, compra de votos y posibles maniobras del Estado para inclinar la balanza.
No obstante, hay actores internacionales que no se hacen “la vista gorda” en este dudoso panorama electoral de Honduras. Claramente, Estados Unidos está en la lista, aunque no sorprende, incluso tiene un candidato preferido.
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Ante el temor de unas elecciones fraudulentas y manipuladas, Transparencia Internacional (TI) alertó sobre la “inestabilidad electoral” y la urgencia de garantizar un proceso “íntegro, transparente y libre de presiones”. Asimismo, la organización internacional instó a las autoridades hondureñas a respetar el sufragio ciudadano y la rendición de cuentas, según el medio local Contexto.
Desde Washington, el subsecretario de Estado EE. UU., Christopher Landau, planteó públicamente que las elecciones del 30 de noviembre deben celebrarse bajo condiciones de máxima transparencia, sin violencia, intimidaciones ni intervenciones indebidas. La Administración de Trump exige que las autoridades electorales sean libres e independientes, que las Fuerzas Armadas no participen en el conteo de votos o decisiones electorales.
Por su parte, la OEA advierte sobre los recientes ataques institucionales contra los órganos encargados del proceso y exige que el Estado hondureño garantice la autonomía, estabilidad y seguridad de quienes dirigen el proceso electoral. Tiene particular preocupación por investigaciones judiciales y presiones políticas que podrían debilitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y advierte que cualquier interferencia pone en riesgo el derecho al voto libre y justo de los ciudadanos.
La UE se sumó a la exigencia y manifestó su seguimiento cercano del proceso: pidió que los comicios se desarrollen con “justicia, transparencia e inclusión”. Su papel incluye desplegar observadores internacionales imparciales para evaluar el proceso y emitir recomendaciones tras los comicios.
A la fragilidad democrática de Honduras, que todos lo tienen claro, se les suman severas amenazas a los derechos humanos: defensores, periodistas y poblaciones vulnerables sufren violencia, asesinatos, acoso y represión en un clima de impunidad crónica, según Human Rights Watch, Cepal y la ONU.
Simultáneamente, de acuerdo al informe del Director de Investigación Internacional, Jake Johnston, y la Investigadora Asociada Senior, Ivana Vasic-Lalovic, del Center for Economic and Policy Research (CEPR), compartido con La República, la pobreza, el desempleo y la desigualdad estructural -agudizados por la corrupción y el colapso institucional- han erosionado las oportunidades de vida digna y alimentaron un descontento social persistente.

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