Violencia contra fiscalizadores de la ATU tiene consecuencias: conductor informal fue sentenciado tras operativo en San Borja
La rápida intervención de la Policía Nacional y la ATU permitió resolver el caso en menos de 48 horas bajo la modalidad de flagrancia por violencia contra la autoridad.
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Un conductor que prestaba servicio de transporte informal fue sentenciado por el Poder Judicial luego de agredir a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) durante un operativo realizado en el distrito de San Borja. El caso fue resuelto en menos de 48 horas gracias a la intervención conjunta de la ATU, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.
El incidente ocurrió el 27 de mayo en la vía expresa de la avenida Javier Prado Este, a la altura del Ministerio de Cultura. Durante una acción de control a un vehículo intervenido por presuntamente brindar servicio informal, el conductor reaccionó de manera violenta contra el personal de fiscalización, lo que derivó en su detención y posterior proceso judicial.
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Proceso se resolvió bajo la modalidad de flagrancia
Tras la agresión, un efectivo policial que participaba en el operativo intervino de inmediato al conductor y lo trasladó a la comisaría de San Borja junto con los demás involucrados. El caso fue presentado ante la justicia bajo la modalidad de flagrancia por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de violencia contra la autoridad.
Durante la audiencia realizada el 29 de mayo, el acusado optó por acogerse a la terminación anticipada del proceso y reconoció los cargos formulados por la Fiscalía. Esto permitió que el procedimiento judicial se resolviera en un corto plazo.
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Poder Judicial impuso condena y reparación civil
Como resultado del proceso, el Poder Judicial dictó una sentencia de 2 años y seis meses de pena privativa de libertad suspendida. Además, ordenó el pago de una reparación civil tanto a favor de la ATU como del fiscalizador que fue víctima de la agresión durante el operativo.
La ATU señaló que esta decisión constituye un precedente frente a los ataques que enfrenta el personal encargado de supervisar el transporte público en Lima y Callao. Asimismo, reiteró que continuará realizando operativos de fiscalización en coordinación con la Policía Nacional y otras entidades para combatir la informalidad y reforzar la seguridad en el sistema de transporte urbano.
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