Transportistas piden que Meta intervenga en trabajo de inteligencia con PNP para frenar extorsiones por WhatsApp
Los dirigentes también exigen al Congreso la derogación de leyes que, según ellos, debilitan la lucha contra la delincuencia en Perú.
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Dirigentes de transportistas del Cono Este solicitaron a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que coordine con Meta, empresa tecnológica que gestiona diversas redes sociales, para que instale una oficina en Perú. El objetivo sería establecer un canal de colaboración directa con el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional (Dirincri) y combatir los crecientes casos de extorsiones mediante WhatsApp.
Julio César Bretoneche y José Quispe denunciaron que son víctimas constantes de amenazas a través de esta plataforma, debido a que “los delincuentes navegan libremente” y a las limitaciones tecnológicas que enfrenta la Policía Nacional del Perú (PNP) para rastrear y capturar a los responsables.
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Transportistas exigen soluciones inmediatas ante la delincuencia
Los voceros explicaron que las actuales vías legales para solicitar el bloqueo de cuentas en WhatsApp ante hechos delictivos son ineficaces, debido a su complejidad y la demora en los procesos. “Si un policía quiere pedir el bloqueo o la ubicación de una cuenta de WhatsApp, debe pasar por el fiscal, el juez y luego esperar respuesta desde Estados Unidos. Eso es nunca llegar”, declararon a Exitosa.
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Además, exigieron “soluciones prácticas e inmediatas” que permita a la empresa de Mark Zuckerberg establecer una coordinación directa con la Policía, lo que facilitaría el rastreo de cuentas y la sanción rápida de los responsables.
También señalaron que esta medida no beneficiaría únicamente a los transportistas, sino también a comerciantes, estudiantes y familias que son víctimas de extorsiones. “Con una oficina de Meta en Perú, la comunicación sería directa y los delincuentes perderían ventaja”, manifestaron.
Transportistas exigen derogar “leyes pro-crimen”
Durante la entrevista, cuestionaron al Congreso de la República por la aprobación de normativas que, según sostienen, debilitan la lucha contra la delincuencia. Criticaron particularmente las leyes 31.990 y 32.118, que, de acuerdo con ellos, dificultan la colaboración eficaz y acorta los tiempos de investigación penal.
“El Congreso debe derogar estas normas por el bien de la sociedad. No se puede seguir favoreciendo a los delincuentes mientras los ciudadanos viven atemorizados”, manifestaron.
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