Alcalde de San Juan de Lurigancho propone liberar presos con enfermedades terminales: "Ya no significan un peligro para la sociedad"

En medio del estado de emergencia, impulsado por el presidente José Jerí, frente al desborde de la ola delincuencial en Lima Metropolitana y el Callao, el alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL) –el distrito más golpeado por las extorsiones–, Jesús Maldonado, propuso liberar a los presos con enfermedades graves o terminales y señaló que el mandatario estaría evaluando la medida como parte de un plan de deshacinamiento en las cárceles del Perú.

En conversación con La República, detalló que en su visita al penal de Lurigancho pudo observar las duras condiciones en las que viven muchos internos. “Creo que una cosa es leer un diagnóstico y la otra es estar en el lugar de los hechos. Cuando hemos ingresado al Pabellón 3, había unas personas en sillas de ruedas en total abandono. Cuando digo abandono es abandono, pero una descripción casi inhumana porque deduzco que tenían algún tipo de enfermedad”, expresó.

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La idea del alcalde de San Juan de Lurigancho de liberar reos enfermos

Tras esa visita, realizada junto al presidente José Jerí y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, el alcalde planteó evaluar la liberación de reclusos de avanzada edad o con enfermedades terminales que no representen un riesgo para la sociedad.

“Estábamos en un pabellón donde los reos no son de alta peligrosidad, son reos que están pagando sus culpas (…). Esas personas que ya han pagado una parte de su culpa, que ya no significan un peligro para la sociedad, son personas que probablemente lo que más necesitan es el espacio para descansar en paz. Podrían ser considerados para que puedan salir, terminar sus penas en el hogar, si es que les queda, y deshacinar en un pequeño porcentaje algunos de los pabellones”, indicó.

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¿Qué tan viable es la medida de liberar presos con enfermedades terminales?

El especialista en seguridad ciudadana, José Manuel Saavedra Molina, consideró que la propuesta del alcalde de liberar a los presos con enfermedades graves o terminales es buena, siempre que se establezcan filtros legales y médicos rigurosos. “Para que no se liberen presos que inventen alguna enfermedad. Habría que ver cuanta gente de ese perfil existe en los penales. Tiene que ser considerada una edad avanzada y una enfermedad, digamos de carácter irreversible. No se le puede dar a todos (…). No para robo agravado, extorsión con muerte”, explicó.

El especialista precisó que la implementación de esta propuesta recaería en el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, y posiblemente requiera un debate legislativo. Además, recordó que este tipo de medidas ya se ha aplicado en otros países como Colombia y Brasil, donde en algunas ocasiones las autoridades priorizaron la salida humanitaria de reclusos enfermos para aliviar el hacinamiento carcelario.

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Otras medidas del alcalde de SJL para combatir la criminalidad

Como se sabe, los vecinos de San Juan de Lurigancho son los más afectados de Lima con las extorsiones, uno de los delitos que más ha aumentado en los últimos años, pasando de 49 denuncias en 2019 a más de 1.174 en lo que va del 2025. Aunque desde su posición como burgomaestre, Maldonado no tiene mayores competencias que el orden de los espacios públicos y la prevención, mencionó en este medio algunas medidas que impulsa para que el Gobierno las considere. En ese sentido, señaló que propuso al presidente el congelamiento de las cuentas y propiedades de los delincuentes hasta el tercer grado de consanguineidad. “En mi distrito hay familias de organizaciones delictivas que llevan décadas dedicándose a la actividad delictiva”, sostuvo.

El experto coincidió en que es una acción necesaria para frenar el flujo económico del crimen organizado. “Tiene que hacerse un trabajo de inteligencia para saber cómo estás personas de un momento a otro aparecen con edificios, saunas, hoteles, con gimnasios, que son fachadas, producto de lavado de activos. Me parece adecuado y no solamente para los familiares, recordemos que ellos usan testaferros, gente que pone su nombre y con eso son una fachada”, agregó.  

Otra medida es la creación de un registro de extranjeros, que esté presente en las comisarias y que incluya la cantidad de indocumentados por distrito, junto con información sobre la actividad económica en la que se desempeñan y la ubicación de su vivienda. “Es una propuesta que al final no aterrizó ni siquiera en la discusión, no fue considerada. Se la voy a trasladar nuevamente al presidente Jerí para ver si por lo menos puede considerar algunas bondades de ello”, refirió.

Saavedra consideró que la propuesta podría mejorar el control migratorio del país. “Eso se hace en España. Cuando llegas, lo que haces es vas a la comisaría de dónde vas a vivir y declaras tu domicilio. La Policía va y hace una verificación domiciliaria. Eso en el Perú no está implementado y sería importante para saber dónde viven los extranjeros, cuántos viven, a qué se dedican, porque si un extranjero llega a Perú tiene que tener un trabajo", expresó.  

Finalmente, presentó una propuesta ante el Ejecutivo para que la administración de los pabellones de alta seguridad en los penales de Lima y Callao estén bajo el mando de empresas privadas, tras argumentar que la gestión privada ha mostrado mayor eficacia que la pública en varios campos. El especialista indicó que se debería evaluar cómo operaría y cuánto costaría el mantenimiento de un reo en Perú. “Estamos hablando de unos US$ 6.000 a US$8.000 por reo al año. Es una cifra que multiplicándola por la población carcelaria que hay en cada penal podrías ver cuál sería el costo beneficio (…). En Estados Unidos, participan las empresas de seguridad en el control de los penales”, comentó.