Gremios analizan la posibilidad de un paro tras seguida de ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo
Algunos gremios se unirán a la marcha del 25 de octubre convocada por la Generación Z. En medio de una crisis de inseguridad, transportistas evalúan un paro nacional tras continuos ataques de la delincuencia organizada en Lima y Callao.
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En medio de la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país, los transportistas vuelven a estar en la mira de la delincuencia organizada. A pesar del acuerdo firmado entre el Ejecutivo y los gremios del transporte el pasado 7 de octubre de 2025, que establecía un plazo de 15 días para implementar medidas concretas contra la criminalidad, los ataques y asesinatos no se han detenido. En Lima y Callao, los casos de extorsión y atentados armados se han intensificado, generando indignación entre los conductores y empresarios del sector.
Se ha mencionado la posibilidad de un nuevo paro. No obstante, los gremios están a la espera de una respuesta del Ejecutivo y, hasta no obtenerla, no llevarán a cabo otro paro de transportistas. Sin embargo, no descartan sumarse a la marcha del 25 de octubre en homenaje a las víctimas fallecidas durante el gobierno de José Jerí.
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¿Transportistas evalúan un paro nacional este 25 de octubre tras atentado contra choferes?
El descontento entre los gremios ha ido en aumento. Ante la falta de resultados visibles por parte del Gobierno, algunos sindicatos del transporte evalúan no convocar un paro nacional el próximo 25 de octubre, coincidiendo con la marcha convocada por el colectivo Generación Z, que busca conmemorar a las víctimas de la movilización del 15 de octubre, entre ellas Mauricio Días, conocido artísticamente como Trvko, quien falleció tras recibir un disparo durante aquella jornada.
El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, confirmó a La República que los gremios se mantienen en “alerta permanente” y que la decisión final dependerá de la respuesta del Ejecutivo en los próximos días. Por lo que esperan mejore medidas de los gobernantes.
“Es preocupante que, pese a las conversaciones y promesas, los ataques sigan ocurriendo. No nos hemos reunido aún para tomar una decisión definitiva, pero no descartamos ninguna medida, incluso un paro del transporte. Todo dependerá de las acciones del Gobierno en los próximos días”, afirmó Valeriano.
Como se recuerda, el pasado 16 de octubre, un nuevo ataque estremeció a la comunidad de transportistas: dos personas murieron y cuatro resultaron heridas tras un atentado armado contra una combi que cubría la ruta Chepén–Lurín. Entre las víctimas se encontraba Madeleine Muñoz, madre de cuatro hijos, quien falleció en el Hospital de Villa El Salvador luego de permanecer en estado crítico por más de 24 horas. Los delincuentes, a bordo de una motocicleta lineal, interceptaron el vehículo y dispararon a quemarropa sin importar la presencia de pasajeros, en un ataque que la Policía investiga como una represalia extorsiva.
De acuerdo con el dirigente, los gremios habían confiado en que el plazo otorgado al Ejecutivo serviría para mostrar resultados concretos en materia de seguridad, pero hasta la fecha (a solo días de cumplirse el plazo) los ataques han continuado y no se ha presentado un plan nacional sólido para frenar la ola de violencia.
“Este plazo de 15 días fue un voto de confianza. Pero mientras el Ejecutivo anuncia estados de emergencia, los delincuentes siguen cobrando vidas. Queremos inteligencia policial, operativos focalizados y protección para los transportistas que son amenazados todos los días”, agregó Valeriano.
La respuesta del Ejecutivo no convence
El Gobierno de José Jerí declaró el estado de emergencia en Lima y Callao como parte de su estrategia para enfrentar la delincuencia, pero la medida ha sido criticada por su falta de resultados concretos. Los gremios consideran que esta declaratoria ha tenido un impacto limitado, pues no ha ido acompañada de un plan de inteligencia policial ni de una reforma institucional real que permita desarticular las redes de extorsión.
“Declarar un estado de emergencia es solo una medida reactiva. No basta con poner militares en las calles. Necesitamos un trabajo de inteligencia profunda que identifique a los cabecillas y desarticule las bandas”, sostuvo Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT).
El dirigente explicó que las bandas criminales han encontrado en el transporte urbano una fuente rentable de ingresos mediante la extorsión, obligando a conductores y empresarios a pagar “cuotas de seguridad” para poder trabajar. “Hay zonas de Lima donde no entra ningún bus si no paga. Y eso ocurre con conocimiento de las autoridades. Es inadmisible”, subrayó Ojeda.
Gremios exigen resultados y anuncian respaldo a las marchas
La frustración también la expresa Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (ANT), quien señaló que los gremios respaldarán las movilizaciones convocadas por la sociedad civil y no descartan paralizar sus actividades si el Gobierno no responde con medidas concretas.
“Vamos a apoyar a la Generación Z en su marcha y vigilia, porque la inseguridad no solo mata transportistas, también está cobrando vidas en las calles. Estamos cansados de los comunicados sin acciones. Si el Ejecutivo no presenta un plan real, el paro nacional será inevitable”, declaró Campos.
El dirigente sostuvo que el diálogo con el Gobierno no debe romperse, pero advirtió que la paciencia del sector se agota. “Hemos sido pacientes. Hemos participado en reuniones y mesas técnicas, pero los ataques continúan. No podemos seguir trabajando bajo amenaza”, añadió.
Campos también confirmó que representantes de su gremio participarán en la vigilia por Trvko y las demás víctimas de la violencia. “No se trata solo de transportistas. Se trata de un país que pide justicia”, expresó.
Ataques durante el plazo del Ejecutivo incrementan la tensión
Durante las dos semanas posteriores al acuerdo del 7 de octubre, se han reportado al menos dos ataques armados contra empresas de transporte urbano, además de varios intentos de extorsión registrados en distritos como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Carabayllo. En todos los casos, los delincuentes exigían el pago de cuotas para permitir el funcionamiento de las rutas.
La Policía Nacional del Perú (PNP) ha reconocido que enfrenta limitaciones logísticas y de personal, lo que dificulta su capacidad de respuesta ante la expansión del crimen organizado.
De no concretarse medidas efectivas antes de que finalice el plazo otorgado por los transportistas, el país podría enfrentar un paro nacional que afectaría el transporte público en Lima y Callao. El mensaje es claro: mientras el Ejecutivo promete estrategias, los extorsionadores siguen cobrando vidas, y la paciencia del sector transporte parece estar llegando a su límite.
Convocan a una marcha masiva el sábado 25 de octubre
La marcha convocada por la Generación Z para este 25 de octubre en Lima, en protesta por el asesinato del rapero Trvko a manos de un policía, contará con la participación de gremios de transportistas, quienes se sumarán para exigir justicia y denunciar la inseguridad, las extorsiones y la falta de respuesta del Gobierno. Representantes de ASOTRANI y la Alianza Nacional de Transportistas confirmaron su asistencia y advirtieron que evalúan un paro nacional si continúan los asesinatos de conductores. Además, demandan la derogatoria de la Ley 32108, que (según afirman) favorece la impunidad del crimen organizado.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado soluciones concretas sobre el tema de la inseguridad en el Perú. Lo único que se ha propuesto es el Estado de Emergencia en el país durante 30 días, en los que se busca resguardar mejor las calles y desplegar más unidades policiales.
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