Sin definir cobros ni plan de gestión: así lucen los peajes al sur bajo actual administración de la Municipalidad de Lima

El 2026 arranca con un escenario complejo para miles de conductores que transitan a diario por la Panamericana Sur. Los peajes de Conchán, San Pedro y Arica (puntos neurálgicos para el transporte particular, público y de carga) han pasado oficialmente a manos de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), bajo la gestión del alcalde encargado, Renzo Reggiardo, tras el retiro de la concesionaria Rutas de Lima.

Sin embargo, lejos de significar un nuevo comienzo ordenado, el inicio del año encuentra a esta importante infraestructura vial sumida en la incertidumbre, sin un plan tarifario claro, con deficiencias visibles en la vía y con serias preguntas sobre la capacidad técnica y financiera del municipio para asumir esta responsabilidad.

Un recorrido realizado por La República por los cinco peajes del sur evidencia una realidad que contrasta con los discursos políticos que acompañaron el fin de la concesión. Si bien las casetas de cobro se mantienen en un estado aceptable y listas para empezar a operar en cualquier momento, la situación del asfaltado deja mucho que desear: baches, desgaste del pavimento y señales de mantenimiento postergado comienzan a ser parte del paisaje habitual.

A ello se suma una preocupación mayor: la limitada capacidad de respuesta ante emergencias vehiculares, pues (según se constató y denunciaron los propios usuarios) no hay ni una grúa disponible ni una ambulancia, solo hay una pequeña cabina de seguridad en la que se encuentra una persona de la Municipalidad de Lima de "Servicios Generales". Comentaron que están en el lugar para hacer guardia nada más. Son rotativos, uno en la mañana y otro en la tarde.

El proyecto Incluye los peajes de Villa y Huaylas, ubicados en el distrito de Chorrillos; Conchán y San Pedro, en Lurín; y Arica, en Punta Negra. Se trata de puntos clave de alto tránsito vehicular que conectan Lima con los balnearios y provincias del sur, y cuya operación y mantenimiento resultan determinantes para la seguridad vial y la fluidez del transporte.

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Falta de información y ausencia de transparencia municipal

Esta precariedad no pasa desapercibida para quienes transitan diariamente por la zona. Luis Ramírez, chofer que cubre la ruta entre Villa El Salvador y Lurín desde hace un tiempo, resume el sentir de muchos conductores: “Uno ya no sabe a qué atenerse. Antes al menos sabías cuánto ibas a pagar y había patrullaje, auxilio. Ahora nadie nos dice nada”. Su testimonio encuentra eco en lo observado en campo y se conecta directamente con una de las principales alertas que plantea la experta en obras públicas Karla Gaviño: la falta de claridad y planificación pone en riesgo no solo la sostenibilidad financiera del sistema, sino también la seguridad vial.

"Hasta el momento la Municipalidad de Lima no ha ofrecido más que respuestas genéricas. No se ha brindado información concreta, por ejemplo, sobre desde cuándo se empezará a cobrar ni cuál será el monto que corresponderá a los nuevos peajes. Existen afirmaciones generales, pero no hay cifras exactas. Creo que, por un tema de transparencia y claridad, sería fundamental que esta información se haga pública”, sostiene.

Esta ausencia de definiciones afecta directamente a quienes dependen de la vía para trabajar. Manuel, conductor de transporte de carga que traslada productos agrícolas desde Cañete hacia Lima, explica que la incertidumbre complica su planificación económica. “Nos dijeron que iban a eliminar los peajes, después que no se iba a cobrar en verano, ahora que sí se va a cobrar, pero más barato. Pero nadie te dice cuándo ni cuánto. Para nosotros eso es un problema, porque trabajamos con costos fijos”, señala.

Gaviño enfatiza que el problema no es únicamente el monto del peaje, sino la falta de un desglose técnico que explique qué se está pagando. “No se trata solo de aclarar la fecha de inicio del cobro y el monto, sino también de explicar qué compone esa tarifa. Es decir, un desglose claro de a qué conceptos corresponde el pago. Hay que tener en cuenta que, normalmente, en un régimen tarifario, lo que se cobra no solo cubre los gastos operativos de la infraestructura, sino también el mantenimiento de la vía y los aspectos vinculados a la seguridad vial, que son fundamentales”, explica.

Esta advertencia adquiere especial relevancia al observar el estado actual de la Panamericana Sur. Los baches y la limitada presencia de equipos de auxilio no solo generan molestias, sino que representan un riesgo para la seguridad vial.

Emergencias sin respuesta y riesgo para los usuarios

Para Gaviño, la falta de claridad puede derivar en un problema estructural más grave. “Sin esa información, existe el riesgo de que se empiece a desfinanciar la operatividad y el mantenimiento de la obra, y eso sería realmente grave. La municipalidad debe transparentar desde cuándo va a cobrar, cuánto va a cobrar y a qué conceptos va a destinar esos recursos", advierte. De lo contrario, se abre la puerta a una gestión improvisada que puede afectar seriamente la calidad del servicio.

Este escenario se produce, además, en un contexto político marcado por promesas incumplidas. Durante la gestión de Rafael López Aliaga se anunció reiteradamente la eliminación de los peajes, un mensaje que fue utilizado como bandera política y que generó expectativas en la ciudadanía. Sin embargo, al iniciar el 2026, los peajes del sur de Lima empezaría a funcionar durante las primeras semanas del año. Los únicos que lograron retirarse fueron algunos del cono norte, y ello se debió principalmente a los reclamos y acciones legales impulsadas por los vecinos de la zona.

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El costo del enfrentamiento legal con Rutas de Lima

A ello se suma el costo que implicó el enfrentamiento legal con Rutas de Lima. El intento municipal por ganar un juicio contra la concesionaria demandó un gasto aproximado de S/3 millones en asesorías legales, un monto que hoy vuelve a ser cuestionado. Además, es importante señalar que este tema se ha politizado bastante debido a las tarifas altas que se cobraban anteriormente. "Considero fundamental que el tecnicismo se mantenga por encima de cualquier argumento político. Este es un asunto que debe despolitizarse”, afirma Gaviño.

El problema no se limita al ámbito local. Pues la salida de Rutas de Lima podría derivar en un arbitraje internacional con consecuencias económicas para el país. Según la especialista, es muy probable que el Estado peruano enfrente un arbitraje internacional. En ese escenario, es altamente probable que el Estado pierda. Entonces surge la pregunta clave: ¿cómo se va a pagar ese arbitraje?, ¿de dónde saldrán los recursos públicos?, ¿quién asumirá ese costo?

En la misma línea, Miguel Villaverde, especialista en Políticas Públicas, resume el impacto de este tipo de decisiones: “La gestión pública no puede sostenerse sobre anuncios políticos sin respaldo técnico. Cuando eso ocurre, el costo no desaparece; simplemente se traslada en el tiempo y termina siendo asumido por el ciudadano, ya sea pagando más adelante o recibiendo un servicio de menor calidad”.

Para los usuarios de la vía, esta advertencia resulta familiar. “Al final, todo lo pagamos nosotros”, dice el transportista Ramírez. Su percepción coincide con la reflexión de Gaviño: “Si bien no se paga hoy, es muy probable que la ciudadanía termine asumiendo el costo de los arbitrajes, las indemnizaciones y el deterioro del servicio”.

Otro punto crítico es la falta de planificación presupuestal, ya que existen muchos aspectos que aún están en el aire respecto a las consecuencias financieras y económicas de esta decisión judicial y de la decisión municipal de asumir la operatividad y el cobro de los peajes. Cualquier proyecto de infraestructura debe evaluarse en función de su sostenibilidad en el tiempo. Se deben analizar los gastos de operación y mantenimiento durante toda la vida útil del proyecto y prever si existen los recursos necesarios para cubrirlos.

La preocupación aumenta si se considera que antes estos costos eran asumidos por un concesionario privado. “Si antes estos gastos corrían por cuenta del privado y ahora pasan a ser responsabilidad de la municipalidad, la pregunta es evidente: ¿de dónde saldrán esos recursos si no fueron previstos con anticipación?”, plantea la especialista.

En ese contexto, el inicio del 2026 deja a los peajes del sur de Lima en una situación de indefinición. No hay tarifas oficiales, no hay cronogramas claros y no hay un plan de comunicación que permita a los ciudadanos entender qué ocurrirá en los próximos meses. La teniente alcaldesa de Lima, Fabiola Morales, ha señalado que sí se cobrará una tarifa “más asequible”, contradiciendo declaraciones previas de Renzo Reggiardo, pero sin brindar mayores detalles. La República intentó comunicarse con la Municipalidad de Lima para obtener precisiones, sin recibir respuesta.

Una vía clave atrapada en la incertidumbre

Para Karla Gaviño, este vacío informativo afecta directamente la confianza ciudadana. “No estamos hablando de dos gestiones distintas, sino de la continuidad de una misma administración. Por lo tanto, el discurso debería ser coherente, constante y sostenible en el tiempo. Cuando eso no ocurre, queda en evidencia que no hay claridad en lo que se está haciendo ni una planificación adecuada”, concluye.

Así, el año comienza para los peajes del sur de Lima sin certezas y con múltiples interrogantes abiertos. Entre baches, promesas incumplidas y decisiones aún no explicadas, la Panamericana Sur se convierte en un reflejo de un problema mayor: la dificultad de gestionar infraestructura pública sin planificación, transparencia ni coherencia política. Mientras tanto, miles de conductores siguen transitando por la vía, esperando que las respuestas lleguen antes de que el deterioro sea irreversible.

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