“Si tengo que morir por defender mi territorio, lo haré”: la lucha de lideresas indígenas en contra de la ilegalidad y contaminación

En nuestro país, los defensores ambientales se encuentran en grave riesgo. Según el último informe de la organización internacional Global Witness, Perú es uno de los países más peligrosos para los líderes indígenas. Entre el 2019 y 2024, tal como detalla un estudio elaborado por ProPurús y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), desde el 2020 hasta el 2024, más de 50 defensores ambientales han sido asesinados. A esta problemática se suma otra arista: ser mujer y defender el territorio.

Olga Huayta Maynas es originaria del pueblo kakataibo, ubicado en la frontera entre Huánuco y Ucayali, y se le quiebra la voz al recordar cuánto ha avanzado en la defensa de su comunidad. Cuenta que, durante muchos años, fue víctima de violencia doméstica. Un día, uno de los apus de la zona le pidió cocinar para lo que denominaban la guardia indígena. Ella no dudó en sumarse a la iniciativa, no para quedarse en la cocina o en silencio, sino para participar activamente. Como ella, distintas mujeres han enfrentado adversidades y han tomado la decisión de luchar por los derechos de sus territorios. En exclusiva para La República, tres lideresas indígenas y originarias nos cuentan sus historias.

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El pueblo kakataibo contra las economías ilegales  

Olga (31) es una de las cinco mujeres que forma parte de la Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo del Perú (GIPKAP). Cuenta que hace tres años tomó la decisión de unirse como tesorera de este comité de vigilancia, el cual busca frenar el avance de las economías ilícitas en su territorio. Con tristeza, describe la crítica situación en la que se encuentra su pueblo: “secuestrado por la minería ilegal y laboratorios de cocaína”.  

Con el fin de combatir esta problemática, en junio de este año se inauguró, en la comunidad nativa de Unipacuyacu —ubicada entre las provincias de Padre Abad (Ucayali) y Puerto Inca (Huánuco)—, la primera garita de control territorial y de autoprotección en el ingreso de la quebrada Pacuyacu. Zona que presenta altos niveles de metales tóxicos en sus ríos y una alta afluencia de embarcaciones vinculadas al narcotráfico y la minería ilícita.

Olga estuvo presente en el momento de la inauguración. Recuerda que en lo primero que pensó fue en sus cinco hijos y en su sueño de convertirse en maestra. Es consciente del riesgo que corre, pero asegura no tener miedo. “Si tengo que morir cuidando mi territorio, lo haré. Lamentablemente, ese es el destino del pueblo kakataibo”, sentencia. 

En sus palabras no hay espacio para las dudas. Hay certeza y convicción. La misma con la que denuncia el escaso apoyo que se tienen de las autoridades regionales y centrales del país. Añade que su pueblo, una etnia de aproximadamente 4,000 personas, no solo es víctima de la inseguridad, sino de la indiferencia. “Aunque protestemos, para ellos [el Estado] no existimos. Creo que nos quieren desaparecer. Eso piensa mi corazón”.

En diciembre de 2023, el líder indígena kakataibo Benjamín Flores Ríos fue asesinado tras haber recibido amenazas de cocaleros y madereros ilegales de la zona. Con su muerte, ya son seis las víctimas de este pueblo indígena que han sido silenciadas por denunciar irregularidades. Por ello, el apu Segundo Pino, líder de la GIPKAP, a quien ella acompaña en cada patrullaje de vigilancia, cuenta con garantías de protección. Sin embargo, ella ni siquiera dispone de esa medida. “Yo sé que papel no te va a proteger de una bala. Nosotros tenemos lanzas, no armas como ellos. Pero solo pienso que, si algo me pasa, les dejen mis tierras a mis hijos, que nadie los saque”, enfatiza Huayta.

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El despojo territorial de un pueblo no reconocido por ley

Diana Culupú Inga (33) integra la Junta Directiva de la Central de Rondas Campesinas y la Comisión de Defensa de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos (CCSJBC), en Piura. Ella, junto con otros agricultores y ganaderos de la región, ha presentado ante el Poder Judicial una demanda de amparo para recuperar 9,985.25 hectáreas de territorio comunal, que, según denuncian, fueron despojados por empresas vinculadas al ahora disuelto Sodalicio de Vida Cristiana.

La CCSJBC es una de las comunidades más grandes y antiguas del Perú. Diana cuenta que su familia ha vivido en la zona por generaciones. Su padre, quien falleció hace algunos años, fue quien en el año 2008 alertó la situación descrita. “Le vino una notificación a mi papá que decía que las tierras ya no eran de él. Pese a que teníamos títulos desde 1991”, recuerda.

De acuerdo con registros oficiales, el caso más emblemático de ‘despojo territorial’ se produjo en 1998, cuando Eugenio Pasache, entonces presidente de la comunidad, cedió de forma irregular tierras a la empresa Pampa Loma y Vega. Estas luego fueron transferidas a otras compañías relacionadas con la organización religiosa disuelta por el Papa Francisco, las cuales durante años han impulsado procesos de criminalización contra los comuneros que denuncias los hechos descritos.

“Hasta el momento no he sido amenazada, pero tampoco tengo miedo de que vengan a buscarme. Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Lo que sí estoy haciendo es defender lo mío. Como lo haría cualquier persona que está viviendo en su casa y que le entra un ladrón a quitarle lo que es suyo. Eso estamos haciendo nosotros, defendiendo lo nuestro”, sostiene, al tiempo que precisa que ninguna autoridad regional ni municipal los ha respaldado.

Actualmente, compañías dedicadas a la producción de mangos, arándanos, caña de azúcar, palta, uvas y espárragos, entre otros cultivos, se han instalado en la zona. Diana Culupú critica su presencia. Sentencia que una de las razones por las que “nadie puede vender las tierras de su comunidad a un empresario” es por su derecho como pueblo indígena, pese a no estar reconocidos ante el estado peruano.

“Nosotros estamos haciendo esta demanda para recuperar nuestras tierras. Estamos buscando acogernos a la ley de comunidades indígenas. Somos descendientes de los tallanes, si el Estado nos reconociera podríamos tener más fuerza para recuperarlas”, denuncia. Diana también es una mujer creyente, por lo que le pide al actual papa, León XIV, que los ayude a recuperar lo que les pertenece.

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La contaminación de un ser vivo

Soraya Poma Cotrado (40) es artesana y presidenta de la organización Mujeres Líderes Defensoras del Lago Titicaca, una asociación conformada por más de 60 mujeres, entre ellas regidoras distritales y provinciales, presidentas comunales y de centros poblados, que defienden lo que ellas denominan como su Cotamama, palabra aymara que significa “lago grande” y que describe de manera precisa este emblemático cuerpo de agua.

Para los pueblos aymaras, el Titicaca es ‘Mama Qota’, la Madre Lago, un ser que da y sostiene la vida. Su defensa no implica solo verlo como un recurso aprovechable, sino reconocerlo como un ser vivo. Por años, han luchado con esa convicción que hoy es una realidad. La organización acaba de celebrar un triunfo histórico: el gobierno peruano ha promulgado la ordenanza municipal que lo reconoce como sujeto de derechos.

“El día 20 de setiembre ya oficialmente salió la publicación en el diario El Peruano. En ese momento, me ganó la emoción y las lágrimas. Ha sido mucho trabajo y sacrificio. No ha sido en vano. Tengo que agradecer mucho a Dios, a la misma Cotamama y los apus que nos han guiado”, declara Soraya.

Durante años, el lago ha sufrido contaminación por metales pesados, residuos sólidos y basura, según lo confirman estudios realizados por la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). De acuerdo con información del OEFA, al menos 30 de los 41 distritos ubicados en las riberas del lago presentan altos niveles de contaminación, especialmente en las zonas cercanas a Juliaca, Puno y Huancané.

Por todo ello, en abril de este año, el Consejo Regional del Gobierno Regional (GORE) de Puno aprobó por unanimidad, en primera instancia, una ordenanza que lo reconocía como sujeto de derecho. Sin embargo, el gobernador regional, Richard Hancco Soncco, dio marcha atrás en la decisión. En paralelo, ministerios como los de Cultura, Desarrollo Agrario y Riego, Ambiente, y Justicia y Derechos Humanos rechazaron la iniciativa, argumentando que contravenía la Constitución Política del Perú.

No obstante, Poma relata que luego de numerosas negociaciones y la presentación de un informe de más de 170 páginas, el GORE de Puno reconsideró su postura, entendiendo la necesidad de “decirles a las empresas que ya no pueden contaminar”. Ahora esperan que la ordenanza sea cumplida. “Que no solo quede en el papel. Nosotros simplemente queremos que no contaminen. En la isla Los Uros cada vez más invaden y construyen hoteles turísticos, pero los residuos sólidos, ¿dónde van? Al mismo lago”, enfatiza.

La lucha de Soraya tampoco ha estado libre de amenazas. Ella denuncia que ha sido víctima de constantes hostigamientos en redes sociales por hablar de la contaminación de sus ríos. Pero no tiene miedo.  Sabe que “sus hermanas” de la red la respaldan. “No nos hemos dejado solas. Siempre en conjunto hemos andado a las instituciones”.

“A veces, por redes sociales, he recibido fuertes amenazas y malos comentarios por ser mujer. O me dicen que seguro estoy buscando hacer política. Ni siquiera pasa por nuestra mente eso. Solo queremos pensar en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. ¿Qué lago les vamos a dejar si no es un lago saludable? Es el momento de luchar y esa es también nuestra preocupación. Siempre manténganse firmes, hermanas lideresas de todo el Perú. Luchen por sus territorios”, finaliza.

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