Más de US$7.000 millones generados anualmente por economías ilegales podrían lavarse en hasta 100.000 campañas políticas
En Lima, y según diversos analistas, el gasto de los candidatos puede superar fácilmente los S/200.000 al mes por partido. Es una de las plazas más demandadas.
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Las economías ilegales no solo generan violencia, destrucción ambiental y competencia desleal. En el Perú, están también reconfigurando el juego político y socavando los cimientos del Estado de Derecho.
Esa es la advertencia central del estudio 'Análisis exploratorio: economías ilegales y elecciones', elaborado por el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia en alianza con la Asociación Empresarios por la Integridad.
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El informe documenta con cifras y escenarios la manera en que los enormes flujos de dinero de estas actividades ilícitas encuentran en los procesos electorales una puerta de entrada para influir, financiar, cooptar o infiltrar candidaturas y agendas políticas.
Foto: captura de pantalla ICEV
Una economía paralela con presencia nacional
El informe estima que las ventas anuales de las principales economías ilegales ascienden a US$7.489 millones:
- Oro ilegal: US$4.619 millones
- Cocaína: US$2.192 millones
- Contrabando: US$600 millones
- Madera ilegal: US$78 millones
En conjunto, superan el 2,7% del PBI nacional, más que el PBI combinado de 17 regiones del país. Solo el valor del oro ilegal representa 8 veces el PBI de Madre de Dios, una de las regiones más afectadas por esta actividad.
Las cadenas de suministro de estas economías recorren todo el territorio nacional. El estudio detalla que:
- La cocaína tiene presencia en 21 regiones (13 en materias primas, 10 en transformación, 12 en distribución interna, 8 en exportación).
- La minería ilegal se extiende en 18 regiones.
- La tala ilegal, en 10 regiones.
- El contrabando, en 19 regiones.
Madre de Dios, Ucayali, Puno, Cusco y Callao concentran varias de estas actividades. En la costa predominan las etapas de movilización y exportación.
Foto: captura de pantalla ICEV
Asimismo, se estima que hasta 1,4 millones de personas (el 8,6% de la Población Económicamente Activa) podrían estar ocupadas en actividades ligadas directa o indirectamente a estas economías.
Solo en minería, tala y cultivo de hoja de coca, un millón de personas estarían en la etapa de extracción inicial.
El sistema electoral como ruta de entrada
El informe pone el foco en el poder corruptor de estos fondos. Con una referencia concreta: la campaña electoral nacional de 2016 costó apenas S/63,7 millones. En términos comparativos:
- Las economías ilegales podrían financiar hasta 434 campañas similares.
- 2.368 campañas presidenciales (considerando S/11,7 millones por campaña).
- 57.728 campañas congresales (S/480 mil c/u).
- 51.313 campañas regionales (S/540 mil c/u).
Para Noam López, politólogo de la PUCP, las cifras podrían ser discutidas porque no se detallada el método usado. Sin embargo, afirmó para este diario que, efectivamente, el dinero ilegal necesita ser lavado.
“Ese dinero ilegal necesita ser lavado, y las campañas políticas —especialmente en distritos con baja fiscalización— son una vía muy efectiva para hacerlo”, explicó.
Foto: captura de pantalla ICEV
López recuerda casos recientes en los que el financiamiento de campañas locales no fue adecuadamente fiscalizado. “Rafael López Aliaga declaró haber gastado S/650.000 entre enero y septiembre del 2022; Daniel Urresti cuando era candidato S/60.000. Las diferencias son abismales”, comenta. “En Lima, y según otros analistas, el gasto puede superar fácilmente los S/200.000 al mes por partido”.
Múltiples rutas de infiltración
López detalla que existen varias etapas en las que el dinero ilegal puede entrar:
- Creación de un movimiento político afín.
- Financiación directa o indirecta de candidatos.
- Pago a consultoras, encuestas, publicistas.
- Uso de testaferros y empresas pantalla.
- Donaciones encubiertas en criptomonedas.
- Fraccionamiento ("pitufeo") de grandes montos en cuentas menores.
"La minería ilegal y el narcotráfico son las economías que mueven más dinero hoy en día, pero no debemos descuidar el contrabando, el tráfico de flora y fauna silvestre, la tala ilegal, el tráfico de tierras e insumos químicos", indica. "En elecciones, se usan locales fantasmas, facturas falsas, alquileres sobrevalorados, empresas fachada que justifican gastos inexistentes."
Además, alerta sobre el rol creciente del "chaleco": intermediario criminal que garantiza seguridad a los candidatos en zonas controladas por el crimen. "Organiza meetings, cobra cupos, moviliza votantes y exige retribución una vez que el candidato es elegido", advierte.
Corrupción y crimen organizado en Perú
La corrupción aparece como un fenómeno transversal. "Ninguna economía ilegal opera sin corromper controles aduaneros, policiales o judiciales. Esto incluye desde pagos a autoridades locales hasta contratos inflados, consultorías falsas y compra de impunidad", afirma López.
En su análisis, también enfatiza que el enfoque estatal frente a estas amenazas ha sido limitado, reactivo y fragmentado. "Esperamos la noticia criminal para actuar. Y cuando se actúa, se hace con estados de emergencia y fuerzas armadas en las calles. Es un abordaje punitivo, no estratégico."
López advierte que los datos oficiales no reflejan toda la realidad. "Solo 1 de cada 10 víctimas pone una denuncia”.
Hacia una respuesta más integral
El informe recomienda:
- Fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público, SUNAT y las entidades electorales.
- Monitoreo activo por parte de la prensa, la sociedad civil y el sector privado.
- Estándares obligatorios de integridad en partidos políticos.
- Auditorías digitales en tiempo real para todas las candidaturas.
- Trazabilidad obligatoria del origen de fondos.
"Debemos actuar en las causas estructurales, cortar el ciclo de legitimidad social y funcionalidad económica de estas redes criminales", concluye López.
El próximo 26 de junio, la PUCP albergará un seminario sobre economías ilegales, donde se discutirán estas propuestas con periodistas, operadores del sistema de justicia, académicos y representantes de la sociedad civil.
