Extorsión imparable: casos en Lima llegan a las 6,782 denuncias en lo que va del 2025
Delincuentes detonaron cuatro explosivos frente al mercado La Cumbre, en Carabayllo, dejando puestos destruidos y cuantiosas pérdidas. El atentado refleja la escalada de violencia que golpea a la capital.
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La madrugada del último fin de semana, el distrito limeño de Carabayllo fue escenario de un ataque que refleja la magnitud de la crisis de seguridad en Lima Metropolitana. Delincuentes detonaron cuatro explosivos en la avenida Túpac Amaru, a la altura del kilómetro 19.5, frente al mercado La Cumbre. El atentado afectó al menos tres puestos de venta de frutas que funcionaban en la vía pública.
Las cajas y mercaderías quedaron destruidas y en mal estado, generando pérdidas económicas para los pequeños comerciantes. Una de las vendedoras afectadas aseguró que el ataque la tomó completamente por sorpresa.
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“Durante el día no hay presencia de policías ni de serenazgo. Estamos desprotegidos y con miedo”, declaró la comerciante, Aunque no se registraron heridos, la detonación generó pánico en la zona y obligó a los vendedores a suspender sus actividades mientras esperan la intervención de las autoridades.
El vínculo con la modalidad del gota a gota
De acuerdo con los primeros reportes policiales, este atentado estaría vinculado a la modalidad del gota a gota, un tipo de extorsión ligado a préstamos informales con intereses usureros. Testigos de la zona señalaron que ciudadanos extranjeros habrían acudido en reiteradas ocasiones a cobrar deudas a comerciantes locales.
Algunos de los vendedores habrían recurrido a estos préstamos por necesidad, pero la presión y las amenazas que acompañan al cobro se han convertido en un verdadero calvario. Incluso, otros comerciantes de Carabayllo confirmaron que pagan cupos de manera directa para evitar ser asesinados o sufrir represalias violentas.
Según cifras policiales, solo en este distrito 31 personas han muerto en el primer semestre del 2025 por casos vinculados a extorsión, un dato que refleja la gravedad de la situación.
Cifras alarmantes: casi 7 mil denuncias en seis meses
El portal de denuncias del Ministerio del Interior revela que entre enero y junio del 2025 se han reportado 6,782 denuncias por extorsión en todo el país. Lima Metropolitana concentra la mayor parte de los casos y, según datos de la SIDPOL de la PNP obtenidos por La República, 798 de ellos terminaron en muertes violentas.
El crecimiento de este delito es notorio si se compara con el 2024. En el primer semestre de ese año se registraron 3,836 denuncias, casi la mitad de lo que ya se acumula en 2025. La tendencia ascendente preocupa a diversos sectores como el comercio, transporte y ciudadanía en general.
El mes con mayor número de denuncias fue abril, alcanzó un pico de 1,095 casos, seguido por marzo con 1,043. Esto representa un aumento cercano al 25% en comparación con las cifras del año pasado, donde los reportes mensuales superaban las 700 denuncias.
De este total, los casos se clasifican en tres modalidades. La primera denominada extorsión simple, cuando el presunto delincuente obliga a la víctima a entregar dinero, bienes o realizar un acto contra su voluntad. La segunda que corresponde a la extorsión agravada y ocurre bajo circunstancias de mayor violencia o con uso de armas. Y, finalmente, el chantaje, en el que se amenaza con revelar información personal para obtener un beneficio económico o de otro tipo. La más recurrente en la capital peruana es la primera y registra un total de 5211 denuncias.
Comerciantes y transportistas, las principales víctimas
El caso de Carabayllo no es aislado. Comerciantes, transportistas y pequeños empresarios son los blancos más frecuentes de las mafias de extorsión. Para muchos, pagar un cupo ya es parte de los gastos fijos de sus negocios, una situación que evidencia cómo la violencia se ha normalizado.
En el transporte público, las redes criminales han logrado paralizar líneas de transporte masivo. Empresas de buses y combis han dejado de operar temporalmente por temor a represalias, lo que no solo afecta a los empresarios, sino también a miles de usuarios que dependen de esos servicios para movilizarse. La extorsión, además, ha logrado expandirse a sectores como la construcción y la minería informal.
La falta de respuesta estatal y policial
Especialistas en seguridad consultados por La República advierten que la falta de inteligencia policial es una de las principales razones por las cuales el crimen organizado ha logrado asentarse en Lima. La ciudad, con más de 10 millones de habitantes, cuenta con un número insuficiente de efectivos para cubrir la demanda de seguridad.
El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, fue contundente al evaluar las medidas actuales: “Me parece absolutamente claro que el gobierno de la presidenta Boluarte hace muy poco en materia de seguridad. Las acciones implementadas son tímidas, pequeñas, lo que ha permitido que los criminales sientan que no hay una autoridad que los frene”, afirmó.
Una amenaza que se expande sin control
Los atentados con explosivos, las amenazas directas y los asesinatos por encargo se han convertido en una constante en diferentes distritos de Lima. Carabayllo, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo figuran entre los más golpeados.
El fenómeno del gota a gota y el cobro de cupos no solo han crecido en intensidad, sino que también se han diversificado en sus métodos. Las bandas utilizan desde mensajes de texto y llamadas telefónicas hasta ataques violentos, como el ocurrido en Carabayllo, para garantizar el pago de sus víctimas, menciona Pedraza.
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