Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión
Expertos advierten sobre los efectos negativos a mediano y largo plazo, como mayor congestión vehicular y peligros de seguridad vial, ante la falta de estudios técnicos en los proyectos que emplea la Municipalidad de Lima con el método f'ast track'.
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La Municipalidad de Lima (MML), en coordinación con la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE S.A.), ha anunciado la ejecución de una serie de obras de inversión en distintos puntos de la capital. Según el reporte “Estado situacional de los proyectos de inversión - EMAPE S.A. Periodo 2023-2025”, son un total de 25 proyectos viales con un presupuesto aproximado de 10 millones de soles con el fin de realizar una mejora urbana.
De este conjunto, solo siete han sido concluidos, seis se encuentran en ejecución, diez aún no han iniciado y otras seis no registran datos claros en Infobras, el portal oficial donde se consigna el avance de la infraestructura pública en el país. Pero sí en el portal de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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Lo llamativo es que muchas de estas obras han recibido observaciones de la Contraloría General de la República, tanto por deficiencias en su planificación como por riesgos de incumplimiento en los plazos. Entre los proyectos con mayores cuestionamientos destacan:
- Mantenimiento de la vía Francisco Pizarro (4 observaciones)
- Ampliación de la vía Caudivilla (3 observaciones)
- Escaleras en Sagrado Corazón de Jesús (3 observaciones)
- Mantenimiento de la vía Túpac Amaru Naranjal (3 observaciones)
- Puente Malecón de la Amistad (4 observaciones)
- Vía Pacasmayo (1 observación)
Además, proyectos de gran envergadura, como la ampliación de la Vía Expresa Sur, han sido señalados por impactos ambientales y por el rechazo de los vecinos. Incluso, especialistas advierten que la ampliación del Metropolitano en la Vía Expresa Norte podría incrementar los problemas de tráfico en lugar de solucionarlos.
Obras en la gestión de López Aliaga. Foto: La República
La apuesta por el fast track
El aspecto central de esta gestión y de varias obras como la Vía Expresa Norte es la aplicación de la modalidad fast track, también conocida como “vía rápida” o procedimiento exprés. En teoría, se trata de un modelo de ejecución acelerada de proyectos que busca acortar los tiempos, simplificar trámites y permitir la entrega más rápida de obras públicas.
Como mencionó el presidente del directorio de Emape, Pablo Paredes Ramos, durante la inauguración de la Vía Expresa Sur: “El concepto que tiene el alcalde en ejecución de obras es realizarlo mediante metodologías fast track, que permite ir haciendo ejecuciones a la par que realizamos el expediente técnico e ir poniendo en operaciones unidades de la obra que sean funcionales”.
No obstante, en el contexto peruano, su aplicación ha resultado problemática. Según especialistas, la falta de planificación adecuada y la gran diversidad de ecosistemas y realidades urbanas del país hacen que el fast track, lejos de agilizar, pueda comprometer la calidad, la seguridad y la sostenibilidad de los proyectos.
La crítica central es que el método se ha usado como una estrategia política para mostrar resultados inmediatos, sin considerar los efectos a largo plazo. En otras palabras, más que una innovación de gestión, se estaría convirtiendo en un recurso populista que busca reforzar la imagen del alcalde Rafael López Aliaga antes del fin de su mandato.
El ingeniero Alberto Ramírez Erazo, docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), ha sido enfático al señalar que la modalidad fast track se está aplicando de manera inadecuada.
“No se puede hablar de fast track en obras improvisadas que ya están en ejecución desde el año pasado. Casos como la ampliación de la autopista Ramiro Prialé, a la altura de Huachipa, evidencian la falta de estudios previos serios. Este procedimiento debería aplicarse con planificación, no de manera entusiasta y voluntarista”, precisó.
Ramírez subrayó que la ausencia de estudios técnicos completos compromete la seguridad vial y genera mayores riesgos de accidentes en el futuro. Recordó que el expediente técnico es indispensable, no solo como un requisito burocrático, sino como un instrumento que garantiza que las obras cumplan con estándares de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.
“Lo que estamos viendo es improvisación. Se construye sin estudios de tráfico, sin considerar el impacto ambiental y sin prever las consecuencias de la falta de integración con otras vías. Eso explica por qué la Contraloría y diversas organizaciones han elevado tantas observaciones”, agregó el especialista.
Consecuencias a mediano y largo plazo
Si bien los resultados de estas obras pueden no ser visibles de inmediato, los efectos negativos se manifestarán en el mediano plazo. Expertos advierten a La República que la mala planificación derivará en mayor congestión vehicular en zonas críticas, incremento del número de accidentes por deficiencias en el diseño vial, sobrecostos en la ejecución, debido a rectificaciones o ampliaciones de contratos y obras inconclusas que podrían heredar las siguientes gestiones municipales, puesto que solo faltan unos pocos meses para la finalización de la gestión de Aliaga.
El riesgo de que los proyectos queden a medio camino no es nuevo. En administraciones anteriores ya se registraron casos de infraestructura inconclusa que, con el tiempo, afectaron directamente a los peatones y al transporte público. López Aliaga, en lugar de romper con ese patrón, parece repetirlo.
Aplicación de este método empeora la situación
Para el especialista en políticas públicas Miguel Villaverde Cisneros, el problema no radica en la metodología en sí, sino en cómo se aplica.
“No habría inconveniente en ejecutar obras en paralelo para optimizar recursos y acortar plazos. Pero esto requiere personal técnico altamente capacitado, capaz de manejar procesos complejos. De lo contrario, se corre el riesgo de que los presupuestos se disparen y de que las obras nunca se concluyan a tiempo”, explicó.
Villaverde recordó el caso del tren de Ate Vitarte al Callao, un proyecto de 37 kilómetros que debía culminarse en cinco años. Hoy, ni siquiera se ha avanzado el 50% del plan original.
El especialista advierte que el fast track podría funcionar en países donde la institucionalidad y la capacidad técnica de las municipalidades están consolidadas. Sin embargo, en el Perú, donde muchas decisiones responden a intereses políticos coyunturales, la fórmula está destinada a generar más problemas que soluciones.
El trasfondo político: un legado en disputa
Más allá de los aspectos técnicos, el empleo del fast track en las obras de la MML y EMAPE tiene una fuerte carga política. La actual gestión busca proyectar la imagen de un gobierno municipal que cumple con sus promesas de campaña y que deja un legado de infraestructura en la capital.
Sin embargo, críticos y especialistas coinciden en que este “legado” puede terminar siendo un símbolo de improvisación y populismo. La prisa por inaugurar proyectos, sin importar su nivel de avance o su viabilidad, alimenta la percepción de que se trata de una estrategia de marketing político más que de una verdadera política de desarrollo urbano.
En ese sentido, lo que López Aliaga deje como herencia a la ciudad podría ser una serie de obras inconclusas, sobreejecutadas y cuestionadas, con más problemas de los que resuelve, señala el ingeniero Ramírez. Un legado que, en lugar de ser recordado como modernizador, podría pasar a la historia como el de la ineficiencia disfrazada de rapidez.
El modelo fast track aplicado en la capital por la gestión de Rafael López Aliaga y EMAPE refleja las tensiones entre la necesidad de acelerar el desarrollo urbano y la urgencia de hacerlo con responsabilidad y planificación.
Mientras la MML sostiene que estas obras buscan beneficiar a los ciudadanos y mejorar la movilidad, los datos de Infobras, las observaciones de la Contraloría y las advertencias de especialistas dibujan un panorama distinto: proyectos apresurados, con riesgos de inconclusión y con impactos negativos en el tráfico, la seguridad y el medio ambiente.
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