Padres que incumplen pensión van a la cárcel en Perú: ¿en qué casos se cumple esta medida?

En el Perú, una de las principales causas por la que muchos padres terminan en prisión es el incumplimiento del pago de pensiones alimentarias para sus hijos. De acuerdo con especialistas legales, el proceso que lleva a una persona a esta sanción no es inmediato, pero puede culminar rápidamente en una sentencia penal si se demuestra la falta de voluntad de cumplir con esta obligación.

El delito que encarcela a muchos padres irresponsables en Perú

Este proceso inicia en el ámbito civil. Generalmente, la madre o la persona a cargo del menor presenta una demanda de alimentos ante el juzgado de familia, donde comienza un proceso para determinar la obligación económica del progenitor. Este procedimiento se basa en la capacidad económica del demandado, el número de hijos que tiene y las necesidades del menor.

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“Primero tiene que haber un proceso de familia, una obligación de alimentos que la mamá ha presentado y ha pasado el proceso civil. Hay una sentencia que obliga a la persona a pasar alimentos”, explicó el abogado Felipe Salas en una entrevista a La República.

Una vez emitida la sentencia y si el obligado no cumple con lo establecido, el juez puede remitir copias a la Fiscalía. Es ahí donde el caso, inicialmente civil, pasa al fuero penal.

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Proceso inmediato y condenas

Cuando el padre no cumple con la pensión ordenada por el juez, el caso pasa de la vía civil a la penal por el delito de omisión a la asistencia familiar. En esta etapa, la Fiscalía puede solicitar un juicio rápido, conocido como proceso inmediato, que puede resolverse incluso en el mismo día si hay suficientes pruebas.

“Cuando la Fiscalía recaba esta información, formula un proceso inmediato o una acusación. Esto va a un juicio inmediato donde participan las partes, el abogado de la persona, el fiscal y el juez sentencia. Ahí el juez puede sentenciar hasta 3 años de pena privativa de la libertad”, añadió el especialista.

No se trata solo de condenas de cárcel. También existen medidas accesorias, como jornadas laborales obligatorias. Sin embargo, si el acusado no colabora con las autoridades o muestra una conducta violenta o evasiva, la pena podría elevarse hasta cinco años de prisión.

¿Qué ocurre si el acusado no puede pagar?

Uno de los aspectos más complejos de este tema radica en que muchos padres encarcelados por este delito aseguran no tener los medios para cumplir con lo ordenado por el juez. Este factor, sin embargo, es considerado desde el inicio del proceso civil.

“Desde un comienzo, el demandado tiene la oportunidad de responder si está o no en capacidad de atender a su hijo. El juez evaluará la información presentada por ambas partes y, con base en eso, podrá determinar una pensión razonable”, indicó el abogado.

El magistrado puede establecer una pensión que represente hasta el 60% del ingreso del demandado, considerando también cuántos hijos tiene. Si el padre pierde su empleo o atraviesa una situación económica complicada, el juez puede revisar y ajustar la pensión.

“Todo depende de la valoración que haga el juez de la situación laboral y económica del demandado. La sentencia debe ser razonable y proporcional a la realidad de la persona”, precisó Salas.

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Una sanción que podría no ser tan efectiva

Pese a la cantidad de personas privadas de libertad por este delito, existen voces que cuestionan si enviar a prisión al padre ausente cumple realmente con el objetivo central: garantizar la manutención de los menores.

“Dentro de la gama de personas que están en la cárcel, se tiene como estadística que hay más de 2,200 presos por omisión a la asistencia familiar”, indicó el abogado. “Hay que analizar si realmente se está logrando el fin que se requiere. Probablemente, algo esté fallando”.

Según el especialista, es necesario que el Estado realice un estudio profundo para evaluar la efectividad del encarcelamiento como sanción. La pregunta clave es si los menores están recibiendo lo que necesitan mientras sus padres cumplen condenas, o si esta medida solo reproduce un círculo de pobreza y abandono.

Una situación que requiere mayor revisión y alternativas

El encarcelamiento por falta de pago de pensión alimentaria refleja la gravedad de la omisión paterna, pero también abre la puerta a debates sobre justicia, proporcionalidad y efectividad. En muchos casos, la cárcel no garantiza que el menor reciba lo que necesita y, por el contrario, limita aún más las posibilidades de que el obligado cumpla con sus responsabilidades.

El enfoque punitivo, si bien necesario en ciertos casos, debería ir acompañado de políticas públicas que ofrezcan alternativas eficaces: programas de reinserción, mecanismos de pago supervisado, o incluso trabajo comunitario con retribución parcial para el menor.

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