José María Balcázar: los procesos e investigaciones por los que debe responder

José María Balcázar aún no cumple una semana en el cargo presidencial y ya enfrenta cuestionamientos por responder. Antes de asumir la jefatura del Estado, el congresista de Perú Libre estuvo inmerso en casos polémicos. Dos de ellos son los más relevantes y hoy pesan sobre su gestión: el presunto desfalco en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque durante su desempeño como decano y una denuncia constitucional en su contra por presuntas relaciones con Patricia Benavides.

Estos casos se suman a otros antecedentes que configuran un perfil presidencial cuestionado y que lo mantendrán bajo constante escrutinio público. La trayectoria de Balcázar en el Poder Ejecutivo no ha estado exenta de polémicas; entre ellas, el retiro de la confianza que le aplicaron las autoridades judiciales cuando se desempeñaba como vocal supremo en Lambayeque.

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El desfalco del ICAL

Balcázar se mantiene acusado del presunto delito de apropiación ilícita común. El caso está vinculado a supuestos malos manejos cuando se desempeñaba como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL). Se le imputa haber habilitado una cuenta personal para recibir los pagos de los agremiados, luego de que la cuenta institucional fuera bloqueada debido a discrepancias con otros miembros de la directiva. Asimismo, se le atribuye no haber registrado dichos ingresos ni rendido cuentas sobre su administración.

Estos hechos motivaron su expulsión del ICAL y la denuncia correspondiente. A pocas horas de ser juramentado como presidente, Balcázar deberá viajar a Lambayeque para declarar por este caso. La citación no es reciente, sino que data de septiembre del año pasado. De no asistir a las diligencias, podría ser declarado reo contumaz.

Si bien el caso se remonta a 2019, en esta etapa avanzada de la investigación se contará por primera vez con la participación obligatoria de un perito contable, cuya evaluación podría aportar mayores elementos para esclarecer los hechos. Además, se citará a un representante del ICAL y a cinco testigos para que sus declaraciones sean sumadas al caso.

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Denuncia constitucional en trámite

Durante una reciente entrevista, la exfiscal y actual candidata a decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, recordó que José María Balcázar enfrenta una denuncia constitucional. Según señaló, esta estaría relacionada con la fiscal suprema Patricia Benavides: “Hay una denuncia constitucional sobre él y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntos intercambios de favores respecto del nombramiento irregular de una nuera de este señor de Lambayeque”, declaró Espinoza.

En efecto, la denuncia a la que hizo referencia está contenida en la Carpeta Fiscal N.° 1228-2023, vinculada al denominado caso Valquiria. La investigación aborda la presunta existencia de una red de corrupción y tráfico de influencias que habría operado dentro del sistema de justicia. La tesis fiscal sostiene que existiría una estructura organizada, presuntamente liderada por Patricia Benavides, que buscaba interferir en decisiones fiscales y judiciales para beneficiar a determinados actores. El caso involucra a asesores parlamentarios, exfuncionarios y congresistas, entre ellos Balcázar.

A Balcázar se le investiga por haber emitido su voto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a cambio de favores, entre ellos la designación de su nuera, Scarlett Anshy Gálvez Campos, en el Ministerio Público. Además, el ahora presidente reconoció ante cámaras que entregó el currículum de Gálvez Campos a Jaime Villanueva, exasesor de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Cabe mencionar que, durante la votación en el Pleno del Congreso para inhabilitar a Delia Espinoza —quien presentó la denuncia contra Balcázar—, el congresista de Perú Libre votó a favor. La decisión culminó con la inhabilitación de Espinoza y su retiro de la función pública.

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Antecedente: su no renovación como magistrado

En 2012, el entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) resolvió el recurso extraordinario presentado por José María Balcázar Zelada contra la decisión que dispuso no renovarle la confianza y, en consecuencia, no ratificarlo como vocal superior (hoy juez superior) de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Balcázar alegó la vulneración de su derecho al debido proceso, principalmente por la publicación inicial en la página web del CNM de un comunicado que lo daba por ratificado, el cual fue posteriormente corregido por un supuesto “error de digitación”. También cuestionó que se hubieran considerado antecedentes disciplinarios y sostuvo que existieron irregularidades en la notificación de la decisión.

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El CNM concluyó que el comunicado difundido en su portal no constituía un acto administrativo, sino una comunicación informativa, y que la decisión formal siempre fue la contenida en el acuerdo del Pleno que dispuso su no ratificación. Asimismo, precisó que el proceso de evaluación y ratificación es un mecanismo de renovación de confianza distinto al procedimiento disciplinario.

Asimismo, el Pleno sostuvo que la decisión estuvo debidamente motivada con base en elementos objetivos contenidos en el expediente de evaluación y que el recurrente tuvo acceso al mismo, así como la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Por ello, declaró infundado el recurso extraordinario y confirmó la resolución que retiró la confianza al hasta entonces vocal supremo.