Nuevo derrame de petróleo en Lobitos: suspenden clases y hallan crudo en colegios, aunque Petroperú afirma limpieza del 95 %

Negligencia e irresponsabilidad. Son las únicas explicaciones que dirigentes, vecinos y pescadores de Lobitos atribuyen al nuevo derrame de petróleo ocurrido la tarde del último lunes 7 de julio en el sector Yapato, provincia de Talara, región Piura. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el incidente se produjo en las cercanías del pozo 383 del Lote VI, operado por Petroperú. En tanto, la petrolera ha acusado a los pobladores de impedir el acceso de los equipos especializados. Afirman que zona "ya se encuentra limpia en un 95%".

"Las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) han sido notificadas para la realización de las investigaciones (constatación) para conocer la causa real, dado que, se visualiza la manipulación de la válvula del pozo y la violentación de la malla perimetral", declaró la empresa mediante un comunicado de prensa.

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No obstante, vecinos contradicen esa versión y descartar una posible intervención de su parte. Asimismo, denuncian que aún se observa una alta presencia de crudo. El hecho ha obligado al municipio a suspender las clases presenciales en dos colegios cercanos al incidente.

"La empresa dice que este pozo ha sido manipulado, pero nadie puede hacer eso. Los que manipulan son ellos mismos (...) Hay dos colegios a tres minutos de aquí que se han tenido que dejar las clases para otro día por los gases contaminantes", declaró el alcalde de Lobitos, Ricardo Bancayan Eche.

Por su parte, Sonia Bayona, integrante del comité de monitoreo ambiental de la zona, denunció la afectación a la fauna local. “Nosotros estamos cuidando a una de las aves en peligro de extinción, que es el cortarrama. Lobitos es el único lugar donde habita, en el bosque seco. Ayer nos dijeron ‘solo han sido 40 barriles de agua’. Miren su agua”, reclamó.

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Distrito de Negritos afectado por pozos abandonados: colegio lleva dos años sin recibir alumnos

Desde mayo de 2023, la institución educativa José Pardo y Barreda permanece en emergencia ambiental debido al afloramiento de hidrocarburos en su infraestructura. La situación fue advertida por el Ministerio del Ambiente, por lo que se procedió con el cierre del local. Inicialmente, declararon que sería solo por 90 días, mientras se elaboraban los estudios correspondientes. Sin embargo, hasta la fecha, la institución no ha vuelto a operar.

Así lo confirma la directora del colegio, Janira Palacios, quien señala que la presencia de gases perjudiciales para la salud obligó a trasladar a los estudiantes a un local provisional, construido con drywall y calamina, "mucho más pequeño" y sin capacidad suficiente para albergar a los 400 alumnos. “Brindamos el servicio educativo en condiciones precarias y en situación de hacinamiento. Pedimos que se construya una nueva institución”, sentenció para este medio.

"Vemos como el petróleo aflora a la superficie (...) Estamos frente a un pozo perforado hace muchos años. Se necesita hacer el sellamiento permanente", denunció Harold Aleman, ingeniero químico y representante del Colegio de Ingenieros.

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La explotación petrolera ha sido un problema que ha afectado a más de 13,000 habitantes de Talara, no solo por los derrames de crudo, sino también por la presencia de pozos abandonados y deteriorados que no fueron clausurados de forma adecuada. Una de las zonas más impactadas es el Asentamiento Humano Villa Hermosa, donde cerca de 50 viviendas se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. En áreas urbanas, alrededor de 4,000 viviendas están construidas sobre 50 pasivos ambientales, lo que ha generado serias consecuencias para la salud de sus residentes.

Un verano sin ganancias

Este reciente incidente se suma al ocurrido el 20 de diciembre de 2024, cuando, debido a maniobras de embarque en el terminal submarino de la Refinería Talara, al menos cuatro playas de Lobitos —Las Capullanas, Lanchón, Palizada y La Bola— resultaron contaminadas con petróleo.

Según denuncian los pescadores de Talara, este "genocidio ecológico" es una triste realidad que los viene afectando desde hace décadas. Aunque la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Sullana abrió una investigación contra la petrolera, aclaran que las compensaciones económicas que han recibido no han sido suficientes para mitigar los daños causados.

"Vivimos del turismo y seguimos pagando las consecuencias. Nosotros no podemos participar de torneos de surf porque estamos en alerta ambiental (...) Las pérdidas ascienden a cerca de 50 millones de soles. La gente trabaja en el verano para subsistir en el invierno", sentencia Patricia Abanto, presidenta de la asociación de operadores turísticos.

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