Gobierno awajún demanda a Petroperú por derrame de 3,000 barriles de crudo: niños recogieron el petróleo sin protección

Nueve años han pasado desde que 3,000 barriles de crudo contaminaran el centro poblado de Chiriaco, ubicado en el distrito de Imaza, en la provincia de Bagua, en Amazonas. El incidente ocurrió el 25 de enero del 2016, cuando una falla en el Oleoducto Norperuano, exactamente en kilómetro 441, perjudicara a un promedio de 70 mil personas que forman parte del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA). 

Ante ello, el pueblo awajún ha interpuesto una demanda constitucional contra la petrolera, que busca evidenciar la inacción de la compañía, a pesar de que en el 2022 el Poder Judicial ya había reconocido —mediante una sentencia del Primer Juzgado Civil de Bagua, confirmada luego por la Sala Civil de Utcubamba— la grave vulneración del derecho a la salud y al ambiente de las comunidades afectadas tras el derrame ocurrido en Chiriaco.

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"Desde el 2016, Petroperú no ha cumplido con lo establecido en el Decreto Supremo 081-2007-EM, que define una serie de pasos para lograr una compensación a las víctimas. Como no se ha iniciado este proceso, hemos tenido que recurrir nuevamente al PJ", aclara Isaac Peña, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).

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Petróleo fue recogido por niños tras derrame en el río Chiriaco

Un análisis toxicológico realizado a 25 niñas y niños de las comunidades de Nazareth, Wachapea, Pakún y Umukay por organizaciones como el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), entre otras, determinó que los menores awajún presentaban altos niveles de mercurio en sangre y cabello, debido a una exposición prolongada al metilmercurio, una de las formas más peligrosas de contaminación ambiental.

El estudio se llevó a cabo ante los síntomas reportados por los propios pobladores, tales como mareos, somnolencia, fatiga excesiva, dificultades de concentración, temblores en las extremidades inferiores, cefaleas, irritación de las vías respiratorias, cólicos abdominales y náuseas.

Por su parte, personal de la Red de Salud Bagua, junto con personal de la Microred Chiriaco, realizó una segunda inspección sanitaria en la zona del derrame, en la que se constató que los pobladores de las localidades afectadas venían recuperando crudo sin ningún tipo de equipo de protección personal, especialmente los menores de edad.

"Aunque existe una sentencia firme que ordena atención integral por parte del Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud de Amazonas, hasta la fecha solo se han realizado campañas mínimas que no responden al nivel del daño. Hay personas afectadas por metales pesados y el Estado sigue sin cumplir con lo ordenado", denuncia Peña.

Según el acta de supervisión correspondiente a las acciones realizadas entre el 27 y el 29 de enero de 2016 en el distrito de Imaza, la OEFA verificó que el derrame de petróleo fue ocasionado por una falla en una tubería de 36 pulgadas de diámetro. Asimismo, debido a las intensas lluvias registradas durante esos días, el crudo logró expandirse por el río Chiriaco y, posteriormente, por el río Marañón.

De acuerdo con el Instituto de Defensa Legal, equipo legal que acompaña el caso, Petroperú no ha emitido una respuesta oficial desde 2016. La República se comunicó con la empresa para conocer su postura frente a la nueva demanda interpuesta por el GTAA; sin embargo, señalaron que aún no han sido notificados por el Poder Judicial.

Oleoducto en mal estado: 45 comunidades nativas de Bagua afectadas

En 2016, nueve días después del derrame ocurrido en el río Chiriaco, se produjo un nuevo vertimiento de más de 1,000 barriles de crudo en el kilómetro 206 del Oleoducto Ramal Norte, ubicado en el distrito de Morona, provincia del Datem del Marañón, en Loreto. Según Defensa Civil, este segundo incidente afectó aproximadamente a 2,543 personas, principalmente de los pueblos shawi y awajún.

Ante eso, la OEFA inició un proceso sancionar contra la empresa mediante la Resolución Subdirectoral N° 196-2016-OEFA/DFSAI/SDI, por los dos derrames ocurridos en enero y febrero de ese año.  Además, se consideró que la multa, que podría llegar hasta las 20 000 Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes a 79 millones de soles.

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Además, un informe realizado por Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y de la Dirección Sanitaria y de Normatividad Pesquera y Acuícola (DSNPA), elaborado tras los muestreos realizados en Hinacho (Amazonas) y Morona (Loreto), a raíz de los derrames de petróleo crudo, determinó la presencia de altos niveles de plomo y cadmio en la zona mencionada, lo que ha provocado "la migración de especies ictiológicas o, en su defecto, una mortandad masiva de peces posterior al derrame de crudo".

El caso, que en teoría obligaba a Petroperú, empresa responsable del daño, a ejecutar acciones de emergencia en las comunidades nativas de Nazareth, Umukay, Pakún, Wachapea y Curva, no ha sido cumplido hasta el momento, según denuncia el GTAA. Esto, a pesar de que, conforme a ley, se evidenció el deterioro de la salud, al ambiente y a la propia vida de las 45 comunidades nativas afectadas.

“Hasta el momento, las comunidades awajún de Chiriaco no han recibido ninguna indemnización por los daños ambientales. Hay comunidades que hasta ahora no tienen agua potable y que consumen agua del río Chiriaco”, lamentó Matut Impi Ismiño, lideresa awajún y vicepresidenta del GTAA.

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