Congreso busca atentar contra Áreas Naturales Protegidas para explotar petróleo
La iniciativa, que busca modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas, es vista por especialistas como un riesgo para la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas afectados.
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Mientras el debate internacional se centra en la transición energética, en el Perú persisten las iniciativas para seguir extrayendo petróleo en territorio nacional, incluso si ello implica alterar normas que protegen los bosques de economías extractivas.
Este 2 de julio, el congresista de Podemos de Perú, Jorge Flores Ancanchi, denunciado constitucionalmente por el escándalo conocido como 'caso Mochasueldos', presentó un proyecto de N°1822/2024-CR que propone modificar distintos artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, con el objetivo de facilitar la extracción petrolera dentro de parques nacionales, santuarios históricos entre otros espacios de uso indirecto.
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Según el texto presentado por el parlamentario, dichas modificaciones responden a la búsqueda de promover la inversión privada, con el fin de aumentar el canon y sobrecanon para las regiones y gobiernos locales, a fin de que estos sirvan para el cierre de brechas de infraestructura y sociales. No obstante, especialistas advierten que esta iniciativa implicaría un retroceso en materia ambiental y aumentaría el riesgo de desprotección de los bosques y de los pueblos indígenas que los habitan.
"Más que una norma sobre áreas protegidas, parece una ley de hidrocarburos porque pretende imponer reglas propias de ese sector. Y eso, a pesar de que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger estas zonas", cuestiona el abogado especializado en derecho ambiental, César Ipenza.
Sin consulta previa: iniciativa legislativa va en contra de los pueblos indígenas
Desde hace dos años, funcionarios de Perupetro —empresa adscrita al Ministerio de Energía y Minas— vienen ofertando al mercado internacional áreas de promoción que se superponen a Áreas Naturales Protegidas. Una de las que más preocupación ha generado es el llamado yacimiento Candamo, ubicado dentro del Parque Nacional Bahuaja-Sonene, en Madre de Dios, y que involucra espacios como el Parque Nacional del Manu y la Reserva Nacional Amarakaeri, zonas que forman parte de la iniciativa conocida como el 'Tren Gasífero', respaldado por el actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.
Por lo tanto, para que este último proyecto prospere, la iniciativa de Flores Ancanchi debería ser aprobada. En ese sentido, de acuerdo con la opinión legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la propuesta significaría un total "retroceso inconstitucional en los mecanismos de desprotección de la biodiversidad desarrollados en el país".
En esa línea, para José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, el recientemente anunciado proyecto de ley también podría abrir la puerta a otras actividades extractivas, lo que “genera un escenario tremendamente peligroso para la protección de los pueblos que habitan en zonas intangibles”.
La República se comunicó con el congresista Jorge Flores Ancanchi para conocer los alcances de su iniciativa. Respondió que atendería después de una reunión familiar; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta. Por su parte, Eduardo Salhuana también fue contactado. Su encargado de prensa indicó que se encontraba de viaje.
La explotación de Camisea: un ejemplo fallecido
Aunque en la Amazonía peruana desde hace dos décadas que la actividad gasífera forma parte de la economía del territorio, su impacto económico sigue sin traducirse en mejoras visibles para la población.
En el distrito de Megantoni, ubicado en la provincia de La Convención, Cusco —donde se encuentra el yacimiento de Camisea, una de las reservas gasíferas más importantes del país— vive el pueblo matsigenka. En esta zona, según denuncia Jeannine Velásquez Muñoz, subjefa de la comunidad nativa de Ticumpinia, no todas las comunidades cuentan con acceso a agua potable, docentes capacitados ni servicios médicos adecuados para atender sus necesidades.
“El gas cuesta entre 90 y 100 soles. Y eso en Urubamba. Imagínate en las cabeceras, donde hay que viajar: llega a costar entre 100 y 150 soles. Por eso, todavía se cocina con leña. Las autoridades y federaciones vienen gestionando que se incremente el personal. Están solicitando al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de las federaciones de Megantoni, 18 millones de soles para recursos humanos. En una posta apenas hay dos o tres enfermeros. A veces solo hay uno y, cuando se va de vacaciones, se quedan sin personal. En algunos casos, ni siquiera hay médicos”, advierte Velásquez.
¿Y el ministerio del Ambiente?
En tanto, para el abogado especializado en materia ambiental, la responsabilidad recae tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, por lo que los señala como los responsables de flexibilizar y retroceder en los logros alcanzados en materia de protección ambiental. "Nunca hemos visto un nivel de desprotección como el que estamos viendo actualmente (…) Me temo que con un Ministerio del Ambiente tan complaciente y cómplice, como ha venido sucediendo, difícilmente va a haber alguna acción concreta", enfatizó Ipenza.
Mientras tanto, José de Echave, considera que el proyecto resulta, cuanto menos, “preocupante”, ya que promueve actividades extractivas en zonas intangibles y transgrede acuerdos internacionales que establecen que toda iniciativa legislativa que afecte a pueblos indígenas debe ser sometida a consulta previa.
"No son cualquier tipo de zonas. Estamos hablando de espacios como el Parque Nacional del Manu, el Santuario Histórico de Machu Picchu u otras zonas que tienen esta característica de intangibilidad (...) Estamos hablando de una iniciativa que afecta los derechos de los pueblos indígenas (...) Incluso el Ministerio de Cultura debería involucrarse", sentenció.
Asimismo, Julio Cusurichi Palacios, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes y tesorero de Aidesep, también ha exigido al Ministerio del Ambiente (Minam) cumplir con su rol fiscalizado, para así garantizar la protección ambiental de la Amazonía.
"Se está tratando de incumplir muchas normativas, incluso violar normativas como la ley de áreas naturales protegidas y el derecho a la consulta. No solamente es un tema de hidrocarburos y del Ministerio de Energías y Minas, sino también del Ministerio del Ambiente, que tendría que ser como un órgano rector", declaró hace algunos meses el líder indígena para este medio.
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