Proyecto de ley fujimorista amenaza salud de los peruanos: medicamentos no serían autorizados por Digemid

El debate sobre la importación de medicamentos sin registro sanitario ha escalado en el Congreso. La iniciativa, presentada por el congresista Ernesto Bustamante de la bancada fujimorista, se agrupó con otros dos proyectos y fue aprobada en el Pleno. Sin embargo, el Ejecutivo observó la norma y la devolvió a la Comisión de Salud para su revisión. Actualmente, la propuesta se encuentra en discusión nuevamente, con Bustamante impulsando su aprobación pese a las advertencias de especialistas y gremios médicos.

El Ministerio de Salud (Minsa) había emitido una opinión técnica el 27 de septiembre de 2023 en el proyecto de ley 4995, declarando inviable la norma y señalando que eliminar la evaluación de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) podría facilitar el ingreso de productos sin garantía de eficacia y seguridad. No obstante, el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, sostuvo una reunión con Bustamante para discutir el proyecto, lo que ha suscitado dudas sobre la postura oficial del Minsa.

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Alertas desde Digemid: el riesgo de flexibilizar los controles sanitarios

Para Ysabel Gutiérrez, vocera del Sindicato de Químicos Farmacéuticos de la Digemid, la eliminación del registro sanitario pondría en peligro la salud de la población. En conversación con La República, alertó sobre las consecuencias de esta modificación. "Nos dejaría sin la información básica para garantizar que el producto ha cumplido con las pruebas correspondientes sobre la calidad, la eficacia y la seguridad", explicó.

El informe del Minsa refuerza esta preocupación. En el documento de observación del Ejecutivo, se enfatiza que los controles sanitarios actuales permiten prevenir el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia. Además, advierte que flexibilizar la regulación podría debilitar la supervisión del mercado farmacéutico y aumentar la presencia de productos adulterados. Gutiérrez coincide con esta postura y resalta que la falta de estudios de estabilidad comprometería la seguridad de los tratamientos. "Si no hay un estudio de estabilidad, el producto puede degradarse, generar reacciones adversas y, en casos extremos, provocar hospitalizaciones o incluso la muerte", advirtió.

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No obstante, uno de los mayores riesgos, según Gutiérrez, es la vulnerabilidad ante la falsificación. "En 2024 se emitieron 135 alertas de seguridad en el país, de las cuales 69 estuvieron relacionadas con productos falsificados o ilegales. El 15% de estos provenían de países de alta vigilancia sanitaria. Si la Digemid no tiene información detallada, no podrá tomar medidas preventivas", explicó.

Pacientes en riesgo: incertidumbre sobre medicamentos sin control

Desde la Asociación de Hemofilia del Hospital Rebagliati, Diego Gavidia compartió con La República su preocupación sobre el impacto de esta medida en los pacientes con enfermedades de alto riesgo. "Los pacientes con cáncer, hemofilia y enfermedades raras requieren tratamientos específicos. Si reciben productos sin controles adecuados, los estamos exponiendo a un riesgo innecesario", sostuvo con firmeza.

El informe del Ejecutivo también hace énfasis en este punto, señalando que la falta de evaluación rigurosa podría afectar a los pacientes con condiciones crónicas que requieren medicamentos especializados. Además, el Ejecutivo ha planteado reducir el tiempo de evaluación de medicamentos de meses a 45 días como alternativa para agilizar los procesos sin comprometer la seguridad.

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El dirigente advirtió que, si esta ley avanza, los pacientes y profesionales de la salud no se quedarán de brazos cruzados. "Si no escuchan nuestras advertencias, saldremos a las calles a protestar. No vamos a permitir que pongan en riesgo nuestras vidas con medicamentos sin control", sentenció.

Viceministro de Salud se reunió con promotor del proyecto cuestionado

El 12 de marzo, el congresista Ernesto Bustamante anunció en sus redes sociales que se reunió con el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, para tratar su proyecto de ley. La reunión ha generado cuestionamientos, pues se dio pese a que la Digemid ha rechazado la norma y el Minsa la había declarado inviable en su informe técnico.

Si bien el Ejecutivo ha observado la autógrafa, el acercamiento entre Bustamante y el viceministro Peña deja abierta la posibilidad de que se realicen concesiones para modificar la norma. En su informe, el Minsa sugiere que podría llegarse a un acuerdo para evitar que la importación de medicamentos se convierta en una autorización automática. Mientras tanto, especialistas y gremios médicos mantienen su postura de que la norma representa un riesgo para la salud pública y han solicitado su archivamiento.

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La defensa de los controles: voces que exigen el archivamiento

Tanto Gutiérrez como Gavidia coincidieron en que la legislación actual debe mantenerse para proteger la salud pública. "La Organización Mundial de la Salud establece que cada país debe certificar la seguridad de los medicamentos que autoriza. No podemos renunciar a este derecho", afirmó Gutiérrez.

Asimismo, advirtieron que la propuesta ignora la existencia de otras normas vigentes que buscan agilizar los procesos sin comprometer la calidad. "No se trata solo de acceso rápido, sino de garantizar que lo que consumimos sea seguro", subrayó Gavidia.

Ante la creciente oposición, diversos gremios de salud y asociaciones de pacientes han solicitado el archivamiento de la propuesta. "No podemos permitir que ingresen productos sin evaluación. Esto no solo afectará la salud de los pacientes, sino que también debilitará el sistema de vigilancia sanitaria del país", concluyó Gutiérrez.

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