Congreso impulsa ley que impediría a las personas trans usar baños públicos

En julio de 2024, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, presentó el proyecto de ley N° 8457, que busca prohibir que las personas ingresen a baños públicos que no coincidan con su sexo biológico. Ahora, la iniciativa fue aprobada por unanimidad el último lunes 17 de febrero en la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso.

El proyecto, que según su exposición de motivos busca “fortalecer los derechos a la libertad e indemnidad sexual de niños y adolescentes”, también propone endurecer las penas por conductas obscenas en presencia de menores. Sin embargo, el artículo 6 del documento establece: “Se prohíbe el ingreso de toda persona a servicios sanitarios de uso público destinados al sexo opuesto al de su nacimiento”, lo que ha generado gran controversia.

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Especialistas consultados por La República advierten que esta medida representa un acto de discriminación y un grave atentado contra los derechos humanos de la población transgénero, además de fomentar mayor violencia en los espacios públicos. “Empezarán a generar estos problemas solamente por querer publicar una ley transfóbica que va en contra de los derechos humanos de las personas trans”, advirtió Gianna Camacho, directora del Observatorio LGBT de la Universidad Cayetano Heredia.

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Un retroceso en derechos humanos

La reciente propuesta legislativa que restringe el acceso a baños públicos según el sexo biológico ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos. Sergio Cruz, abogado y asesor en litigio estratégico de Promsex, advierte que esta medida es discriminatoria y podría derivar en situaciones de violencia para las personas trans.

"El artículo seis establece una prohibición de carácter general para el acceso a baños públicos que se basa exclusivamente en el sexo biológico, o sea, el sexo que se te asigna al nacer. (…) La norma impone una restricción muy generalizada sin ningún tipo de justificación razonable, lo que la convierte en discriminatoria y además la convierte en incompatible con estándares internacionales y nacionales." Igualmente, recalca que la norma representa "una discriminación incluso más grande y un retroceso en los pasos que habíamos dado con miras a fortalecer nuestra democracia".

Por su parte, Gianna advierte que esta disposición no solo afectaría la vida cotidiana de las personas trans, sino que permitiría decisiones arbitrarias en los baños públicos. "Se les está dando a las personas encargadas de los baños el poder de decidir, según su propio juicio, quién se es una mujer trans y, por lo tanto, impedirle el ingreso al baño de mujeres", explica. También cuestiona cómo se determinaría quién "parece" trans, lo que podría afectar incluso a mujeres cisgénero: "Si para la persona viene una mujer asignada mujer al nacer [...] pero a su juicio no le parece una mujer y piensa que es una mujer trans, no la van a dejar ingresar".

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Riesgos de violencia y acoso

La posible aprobación de esta ley expone a las personas trans a situaciones de violencia y acoso al obligarlas a utilizar baños que no corresponden con su identidad de género. Gianna comparte un caso personal que ejemplifica el peligro al que se enfrentarían muchas personas trans: "Me ha pasado que en una discoteca me dijeron que ingrese al baño de hombres. Ingresé y esperé a que se desocupe el cubículo. Los hombres empezaron a tocarme la puerta porque querían entrar". Ahí, además de acosarla con solicitudes de favores sexuales, sufrió de violencia sexual por parte de un varón que se encontraba esperándola en los urinarios.

Camacho advierte que con esta normativa, episodios como el suyo podrían volverse más frecuentes y alerta sobre los diversos tipos de violencia que esta medida podría desencadenar: "Primero, el acoso sexual (...) el bullying y violencia sexual principalmente. Además, seguramente insultos, bromas con carácter peyorativo negativo. Se nos está orillando a pasar situaciones de violencia que tranquilamente se pueden evitar si no se promulga esta propuesta legislativa".

Por su parte, Sergio Cruz subraya que la norma agravaría la discriminación y la violencia que ya enfrentan las personas trans en espacios públicos. “Puede propiciar actos de violencia o exposición a situaciones de riesgo para las personas trans en espacios públicos. (...) derivar en delitos de discriminación, de acuerdo al 323 del Código Penal, o abuso de autoridad en el peor de los casos, si es que su aplicación involucra agentes del Estado”, advierte.

Rechazo y resistencia de la sociedad civil

El proyecto de ley se presenta como una medida para proteger a niños y niñas, pero Gianna Camacho advierte que esto es solo un pretexto "para evidenciar su postura anti derechos LGBTIQ+". Además, subraya que las estadísticas contradicen los argumentos de los promotores de la norma, ya que "las agresiones sexuales cometidas contra los menores son perpetradas por hombres heterosexuales".

Ante este panorama, los activistas enfatizan la importancia de la movilización social. "Es parte de nosotros como sociedad civil mostrarnos en contra, salir a las calles, reclamar y razonar los derechos", señala Gianna. Por su parte, Chávez destaca la necesidad de una respuesta organizada: "Desde sociedad civil lo que podemos hacer es levantar nuestra voz, advertirle a la sociedad que existen propuestas que resultan discriminatorias. También exigirle a las autoridades que verifiquen que las normas que se están emitiendo desde el Congreso no generen ningún tipo de discriminación".