La cultura de violación en Perú: los abusos sexuales no pueden formar parte de las prácticas aceptadas, según especialistas
Especialistas en género analizan las dinámicas de poder y jerarquías implicadas en los más de 500 casos de abuso sexual contra menores registrados en Condorcanqui, así como la violación grupal contra un suboficial de la PNP.
Se han registrado 5,128 casos de violación sexual en los primeros cinco meses de 2024. Foto: Geo Violencia Sexual
En Perú se ha concentrado gran atención pública en el aumento de los casos de violaciones. Sin embargo, estos hechos son manifestaciones progresivas lamentablemente arraigadas en el país. En las últimas semanas, se dio a conocer qué docentes abusaron sexualmente a más de 500 menores en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Aunque las denuncias fueron reportadas a las autoridades entre 2010 y mayo de 2024, las víctimas no recibieron la atención oportuna. Además de los repudiables comentarios del Ministro de Educación, Morgan Quero, que calificaron la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de la comunidad Awajún como una “práctica cultural”.
Las niñas y mujeres están expuestas al riesgo de ser víctimas de violencia sexual, pero este no es un problema que las afecta exclusivamente, sino que tiene implicaciones para toda la sociedad. El último domingo 30 de junio se reveló el testimonio de un suboficial del Departamento de Rescate de la Policía Nacional del Perú, quien denunció haber sido abusado sexualmente por varios miembros de dicho departamento. La agresión ocurrió en enero de 2023 bajo la justificación “de una tradición policial”, y cuando el suboficial reportó el incidente a sus superiores, estos intentaron persuadirlo de no seguir adelante con la denuncia y no le ofrecieron la ayuda necesaria.
Las autoridades encargadas de proteger y establecer políticas en beneficio de la población a menudo eligen ignorar, minimizar o normalizar las agresiones. Diversos estudios indican que estas actitudes, creencias y acciones contribuyen a la perpetuación de una cultura de la violación. En los primeros cinco meses del año se han registrado a nivel nacional 5,128 casos de violación sexual, aunque la cifra real es superior; estos son los casos que fueron atendidos por los Centros de Emergencia Mujer (CEM). Más del 60% fue a menores de edad, mientras que el 5% fue contra hombres.
La violencia sexual es un delito, no una tradición
El portal especializado en género, Puedes Decir No, señala que tanto hombres como mujeres han asumido que la agresión es inevitable, lo que facilita la cultura de la violación. Las autoridades se esconden detrás de frases como “prácticas culturales” o “tradición policial” que solo fomenta que la violencia sexual se normalice y no tome la importancia que debería. La directora ejecutiva de Promsex, Susana Chávez, respondió a La República sobre las revelaciones de los últimos días. De acuerdo a sus declaraciones, la violencia sexual atraviesa todas las culturas y clases sociales, pero no solo se trataría de una cultura, sino de una grave violación de derechos.
"Se estaría dando a entender que la cultura de violación es un comportamiento normalizado en determinados grupos. Uno debe identificar la violencia sexual como un comportamiento anómalo que debe erradicarse, presente en cualquier cultura, pero definitivamente no puede formar parte de las prácticas aceptadas”.
Las respuestas de las autoridades revelan una tolerancia institucional hacia la violación, la cual está estrechamente vinculada con las dinámicas de poder. Esto se evidencia en la jerarquía existente entre diferentes figuras de autoridad, como la que existe entre un oficial de policía recién ingresado en la institución y un docente que ostenta una posición de autoridad en el salón de clases frente a menores. “Las personas que violan no tienen sexo por placer necesariamente. Tienen sexo porque lo que les genera es esta sensación de superioridad, dominación, humillación del otro o de la otra”, señaló Chávez.
En declaraciones para este medio, la exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, indicó que los casos de violencia existen y son visibles para los afectados, su entorno e incluso para las propias autoridades, pero algunas personas deciden ocultarlos. “Desde el Estado, los gobiernos locales y regionales, este problema es latente y visible, pero encubierto. Muchas autoridades han intentado ocultar o minimizar este problema, incluso han incendiado la UGEL para desaparecer los expedientes”, agregó.
Estigmatización y Estado
Las docentes y organizaciones indígenas sacudieron el país al revelar casos que eran ignorados por años. Por otro lado, el caso del policía estuvo oculto porque sus superiores intentaron persuadirlo, llegando incluso a afirmar que era una tradición policial. Para la psiquiatra Vanessa Herrera del Instituto Nacional de Salud Mental, esto sería una justificación que busca normalizar las conductas agresivas de poder. Susana Chávez también señaló que es una justificación y no una tradición legítima.
“Eso dice que es una institución violenta, que no responde ni respeta los derechos humanos. Imagínate lo difícil que sería que respeten los derechos humanos de la población que deben proteger”, expuso Susana, aunque aclaró que no todos en la institución piensan así, ya que “la policía también tiene que protegerse de sí misma”.
Estas acciones son usuales en instituciones, donde mantienen una jerarquía clara de poder social, económico o de reconocimiento. “El perpetrador identifica a la víctima y el entorno no hace nada. No tiene reglas, normas, protocolos, ni mecanismos de reparación, cuidado o alejamiento. Es responsabilidad de las autoridades implementar políticas”. Estos casos esperan acciones de las autoridades, sanciones a los responsables, tratamiento eficiente a las víctimas. No impunidad. No normalización. Montenegro sostiene que la educación con enfoque de género es lo primero para afrontar y prevenir los casos de violencia desde todos los canales: la comunidad educativa, centros poblados, decisiones de autoridades, medios de comunicación y operadores de justicia.
Desde 2019 hasta 2023, se han registrado 48,609 casos de violación sexual, según el CEM. Sin embargo, no incluyen los casos de más de 500 menores awajún, tampoco el del policía, y mucho menos los de varias víctimas que deciden no denunciar. Esto no solo se debe al tiempo transcurrido desde los hechos, sino también a la falta de apoyo oportuno, barreras en el idioma, altos costos de transporte y servicios, convivencia con los agresores, discriminación, falta de conocimiento de sus derechos y la falta de compromiso por parte de las autoridades. Estas son algunas de las razones identificadas por la exministra que explican por qué las víctimas no buscan ayuda.
La República se comunicó con el Ministerio de la Mujer, pero hasta el cierre de la nota no recibió las respuestas del vocero.
Canales de ayuda
Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.
Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.
