
Dirigentes de comunidades nativas de Madre de Dios acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 y 25 de setiembre. Expondrán los riesgos que enfrenta el pueblo Mashco Piro, en situación de aislamiento, por las concesiones madereras otorgadas por el Gobierno, así como la falta de protección ante actividades ilícitas como la tala ilegal.

De los 37 casos judicializables de violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden entre 1980 y 2000 que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entregó a la Fiscalía, en 13 hubo procesos en el fuero militar, que culminaron en impunidad o con penas benignas.

Stuardo Ralón, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, da detalles sobre el informe anual 2025 que elaboró la institución, enfocado en derechos humanos y la justicia interamericana.

Bernard Duhaime, Relator Especial de las ONU, señala que los magistrados tienen la obligación de no aplicar normas internas que sean contrarias a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El fallo ordena que continúe el proceso contra el exjefe político militar de Ayacucho en 1988, José Valdivia Dueñas. Y precisa que los jueces están obligados a ejercer el control de convencionalidad de las normas internas para evitar la impunidad.

Jóvenes, líderes y defensores del medio ambiente elaboraron una agenda pública exhortando a los aspirantes a la Presidencia incluyan en sus planes de gobierno acciones como la promoción de huertos familiares y comunitarios, así como la fiscalización estricta a industrias contaminantes, entre otros temas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptaron la Resolución 13/2026, a favor del pueblo indígena Kakataibo en aislamiento al considerar que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Perú.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará este jueves sobre la responsabilidad del Estado en la muerte de Celia Ramos, quien fue presionada para ser sometida a una esterilización en el régimen de Alberto Fujimori.

Tras decisión de los jueces de no aplicar la ley de impunidad en caso Cayara, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, dijo que deben "barrer" el sistema judicial. Expresidenta de la CIDH Julissa Mantilla, advierte que ello atenta contra la separación de poderes.

Magistrados declaran infundado pedidos de oficiales del Ejército que participaron en la matanza de Cayara en 1988, de archivar los procesos en su contra. Congresistas Fernando Rospligliosi ni José Cueto asistieron a audiencias para intimidarlos.

Quince familiares de las víctimas de la matanza de la comunidad ayacuchana de Cayara en 1988, denunciaron a Fernando Rospigliosi por presionar a magistrados a no aplica el control de convencionalidad.

Fiscalía de Islay cerró la investigación contra alrededor de 20 pobladores del Valle del Tambo que participaron en las protestas contra el proyecto minero de Tía María el año pasado

Congresista Fernando Rospigliosi asiste a audiencia en que magistrados evalúan recurso para que se aplique la ley que limita el delito de lesa humanidad a partir del 2002 a militares procesados por el homicidio de comuneros en 1988 . En su post advierte que "si violan la ley, deberían ser detenidos allí mismo, en flagrancia, y enviados a prisión".

Gloria Cano, abogada de Aprodeh, sostiene que el cambio ordenado por el fiscal interino Tomás Gálvez, solo demorará las indagaciones. Advierte que hacer ese cambio, a tres años de los sucesos, buscaría generar impunidad.

Henry Mercado, abogado de una parte de las víctimas, advierte que, al llegar a otros fiscales, se podría retroceder en lo avanzado en estos tres años.

Así lo revela el peritaje entregado a la Fiscalía sobre videos de la zona donde estaba José Luis Aguilar Yucra y del lugar de donde le dispararon los militares. Establece con precisión lo que sucedió. Lo mismo podría hacerse con los casos de las otras 9 víctimas.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su preocupación porque el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez es investigado por sus presuntos vínculos con la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

En sus sentencias, la Corte IDH señala que no se puede admitir amnistías, prescripciones ni otras normas que busquen evitar la investigación y justicia. Incluso en uno d sus fallos indica que no aplica ninguna ley interna existente o que se expida a futuro.

Abogado David Velasco, de Fedepaz, que representa a familiares del estudiante de medicina Freddy Rodríguez Pighi, asesinado por policías en 1991, destaca sentencia de la Corte Interamericana.

Igor Alfaro, hermano de la periodista Melissa Alfaro, asesinada con un sobre-bomba en 1991, resalta que compartir lo que les pasó es una forma de reparación simbólica.

Corte Suprema señaló que la Sala no había actuado importantes pruebas y diligencias, por lo que dispuso que otro colegiado lleve a cabo un nuevo proceso contra los acusados por el asesinato del periodista casmeño.

El año pasado Cancillería elaboró documento para ser enviado a la CIDH, exponiendo la inviabilidad del entonces proyecto de ley para anular los procesos contra policías y militares por graves violaciones a DDHH cometidas antes de julio del 2002.

El defensor Josué Gutiérrez envió un recurso respaldando pedido de habeas corpus contra la sentencia de 12 años a Daniel Urresti. Sharmelí Bustíos, hija del periodista asesinado, lo califica de una afrenta a los familiares que han esperado 37 años para alcanzar justicia.

Por segunda vez la Corte Suprema posterga audiencia para evaluar apelación de militares condenados por violaciones a derechos humanos en Manta, así como sus recursos invocando a leyes de amnistía y de prescripción de lesa humanidad.

En una carta a la presidenta de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, remarcan que el defensor del Pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, respalda leyes que generan impunidad. Trascendió que busca ser su sucesor.

En 1981, Georgina Gamboa fue secuestrada por efectivos policiales y trasladada al puesto de Vilcashuamán, Ayacucho. La torturaron y violaron acusándola de terrorismo. A pesar de sus denuncias, los responsables fueron absueltos. La Corte IDH escuchó su testimonio.

Advierten que demanda presentada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, contra la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional, busca que jueces no apliquen control difuso contra impunidad.

Familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos instan al Ministerio Público a no presentar acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, pues podrían impedir a los jueces ejercer el control difuso para no aplicarla.

Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que compete al Estado en su conjunto, sus diferentes órganos y operadores de justicia ejercer el control de convencionalidad y no aplicar la Ley de Amnistía

Expresidenta de la CIDH aclara que no hay injerencia de la Corte IDH, como afirma el Ejecutivo y el Congreso, pues Perú firmó y ratificó la Convención Americana libremente y debe cumplir el tratado.