Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 casos son por corrupción

El Gobierno pasó al retiro a 1.456 miembros de la Policía Nacional del Perú, de los cuales 570 están asociados a actos de corrupción. Además, en lo que va del año, la Inspectoría General impuso 4.188 sanciones en todos los grados de oficiales y subalternos.

“Ya no esperamos denuncias: buscamos activamente señales de corrupción”, enfatizó el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Según explicaron, la medida se adoptó a los múltiples casos de faltas y delitos que manchan a la institución por causas penales o administrativas.

El crecimiento en el número de delitos y la violencia que suele acompañarlos, en muchos casos, ha generado una comprensible sensación de inseguridad entre la población, que se agudiza cuando los propios miembros de las policías aparecen involucrados en delitos comunes.

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Expertos en seguridad sostienen que desde hace varios años se puede advertir la existencia de otro tipo de causas de la inseguridad, como son las continuas y sistemáticas prácticas ilegales que son protagonizadas por muchos miembros de las diferentes unidades policiales del país.

Lo más grave es que, en muchos casos, no se trata de comportamientos aislados, sino de asociaciones de varias o numerosas personas y que esas organizaciones llegan a incluir, incluso, a subalternos y a oficiales de alta graduación.

CONTROL Y POLÍGRAFO A POLICÍAS

La mañana de este lunes 1 de diciembre el ministro presentó la estrategia gubernamental orientada a fortalecer la integridad institucional de la PNP, “con el objetivo de consolidar una fuerza policial más profesional, confiable, efectiva y comprometida con la protección de la ciudadanía”.

Tiburcio detalló las acciones que se vienen ejecutando. En primer lugar, destacó la aplicación de pruebas de control y confiabilidad -incluido el polígrafo- al personal en actividad y a los postulantes a las escuelas de formación policial. Esta herramienta permite “anticipar riesgos y evitar que la corrupción se instale donde más daño puede causar”, explicó.

Asimismo, informó que se ha dispuesto la reorganización de las oficinas de disciplina a nivel nacional y la creación, en Lima, de la Oficina Especial de Procedimiento Sumarísimo, destinada a sancionar con mayor celeridad las faltas graves.

Añadió que la Inspectoría General viene operando bajo un enfoque renovado de inteligencia operativa, que incluye operativos inopinados, monitoreo encubierto y coordinación con unidades especializadas.

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Tiburcio también destacó el Nuevo Reglamento del Régimen Disciplinario, aprobado en noviembre de este año, que establece criterios más claros para las faltas leves y endurece las sanciones para casos de corrupción, favorecimiento indebido, filtración de información o aprovechamiento del cargo, las cuales son consideradas faltas muy graves con pase al retiro.

NO SE TOLERARÁ INDISCIPLINA

Asimismo, anunció la creación de la Oficina de Integridad Institucional, como parte de la reforma normativa de la PNP, encargada de promover la transparencia, prevenir la corrupción y proteger a los denunciantes.

“Combatir la corrupción no es solo una obligación ética: es la base para garantizar seguridad, autoridad y gobernabilidad”, resaltó el ministro.

Por su parte, el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, afirmó que la institución no tolerará ningún acto de indisciplina y respaldará a los buenos policías que honran el uniforme y entregan su vida al servicio del país.

“Vamos a ser totalmente duros y firmes en la aplicación de la ley. No permitiremos que egresen de nuestras escuelas personas intervenidas en flagrancia. La Inspectoría tiene implementado todo un plan para recuperar la confianza de la ciudadanía”, señaló.

Cotidianamente se tiene conocimiento de hechos que agudizan la desconfianza hacia quienes deberían protegernos, ya que se registran graves casos de corrupción policial.

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Todo esto indica que los cuerpos policiales padecen una crisis que no puede ignorarse y que requiere un tratamiento acorde con su gravedad.

En este cuadro aparece como dato alentador que muchos delitos comienzan a ser denunciados e investigados, que sus responsables son llevados ante la Justicia y que también se han activado diversos sistemas de control interno en algunas fuerzas.

Esta es la única forma de dotar a la comunidad de servidores policiales eficientes y honestos.

MEDIDA URGENTE Y NECESARIA

Sobre la corrupción policial, el general PNP en retiro, José Baella, respalda el anuncio de que los efectivos involucrados en actos delictivos serán pasados al retiro -en un plazo máximo de 15 días-, calificando la medida como urgente y necesaria para erradicar la infiltración criminal en la Policía Nacional.

 Asegura que la ciudadanía requiere firmeza e indicó que cualquier efectivo sorprendido en flagrancia debe ser separado de manera inmediata para evitar que continúe operando desde dentro de la institución.

Por su parte, el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha enfatizó que algunos de estos casos involucran delitos graves, como organizaciones criminales o actos cometidos en conjunto por malos agentes.

“La participación de personal policial en hechos delincuenciales está aumentando, desde robos con organizaciones criminales hasta secuestros, extorsiones y hasta homicidios”, declaró.

 “Antes, el proceso disciplinario era rápido y claro: el policía que violaba la Ley era apartado casi de inmediato y puesto a disposición del Poder Judicial”, añadió.

Para el exdirector de la PNP, la falta de reacción rápida y efectiva del sistema disciplinario es uno de los problemas clave que permiten la reincidencia y la impunidad.

CONDENAN A DOS POLICÍAS

Este fin de semana el primer despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura logró que se condene a dos suboficiales de la PNP y a un abogado por detención ilegal, extorsión y uso de documentos falsos en agravio de una mujer en el distrito de Huacho.

Se trata de los suboficiales Andrés Malvaceda Victorio y Franko Vásquez Fuentes que fueron condenados a 6 años de prisión efectiva. El abogado Jacob Aguirre fue sentenciado a tres años de pena suspendida por los mismos delitos.

Según la acusación fiscal, la víctima trabajaba en una óptica y reclamó a su jefe el pago de horas extra y por fines de semana. Este, sin embargo, con la ayuda de los tres imputados, acusó falsamente a la mujer de robo y la obligó a subir a un patrullero sin denuncia previa. Ya en la sede policial de la Sección de Investigación Criminal (Seincri) Huacho, los suboficiales de la PNP retuvieron a la mujer de forma arbitraria, elaboraron documentos con una firma falsificada del comisario y permitieron que el abogado redactara un falso contrato de préstamo por S/ 10.000, que el tío de la víctima se vio obligado a firmar a cambio de su liberación.