Martín Vizcarra se enfrentará al Congreso desde Barbadillo: las cuatro denuncias constitucionales en su contra
Aunque el Poder Judicial lo condenó a prisión por casos el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, Martín Vizcarra seguirá teniendo frentes políticos pendientes: cuatro denuncias constitucionales que la Fiscalía presentó ante el Congreso y que ahora se tramitan mientras cumple la pena en Barbadillo.
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Martín Vizcarra afrontará una nueva fase de tensiones políticas y judiciales desde el penal de Barbadillo. Aunque ya cumple una condena de 14 años por corrupción —por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua—, aún tiene cuatro denuncias constitucionales que la Fiscalía envió al Congreso y que siguen pendientes de evaluación.
Las acusaciones abarcan hechos cometidos antes y durante su Gobierno: desde presunta falsedad en declaraciones oficiales hasta delitos vinculados a contrataciones públicas y decisiones adoptadas durante la pandemia. Cada expediente podría derivar en nuevas sanciones políticas, incluida una eventual inhabilitación.
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En conjunto, estos procesos evidencian que la condena no cierra el capítulo judicial de Vizcarra. Al contrario, abre un escenario donde deberá enfrentar simultáneamente la prisión y el escrutinio del Congreso, con consecuencias que todavía están en desarrollo.
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Caso Vacunagate: Informe final con acusación contra Vizcarra fue aprobado por la SAC
La acusación contra Martín Vizcarra por el caso Vacunagate dio un paso decisivo el pasado 5 de noviembre, cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda acusarlo por el presunto delito de concusión. La decisión se adoptó con 11 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
De acuerdo con el informe presentado, la acusación señala que, cuando Vizcarra era presidente, solicitó dosis de la vacuna candidata de Sinopharm para sí y su entorno cercano, aprovechando su cargo para obtener un beneficio indebido. Esta acción, según la SAC, violaría el principio de igualdad ante la ley al privilegiar a un grupo reducido fuera de los protocolos oficiales de la campaña de vacunación.
Tras la aprobación del informe, el expediente deberá ser remitido a la Comisión Permanente del Congreso, que decidirá si designa una subcomisión acusadora para sustentar la denuncia ante el Pleno. Si el pleno aprueba la acusación, Vizcarra podría enfrentar sanciones adicionales, a pesar de que actualmente ya cumple una condena penal, lo que complica aún más su situación legal y política.
Falsedad genérica: vínculos con Odebrecht y CyM Vizcarra S.A.C.
Según la Fiscalía, Martín Vizcarra habría omitido consignar información relevante sobre sus vínculos con empresas relacionadas al caso Odebrecht y con CyM Vizcarra S.A.C. Esa omisión, de ser comprobada, deslegitimaría declaraciones clave dentro de las investigaciones vinculadas a corrupción.
El expediente, registrado con el código 24-2019, ya estaba en curso antes de la reciente condena en su contra. Pese a que la pena por cohecho ya se ejecuta, la denuncia constitucional continúa su trámite de forma independiente. Es decir: la condena no la invalida ni la resuelve.
Actualmente, la denuncia está en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que debe evaluar si los indicios son suficientes para formalizar acusación política. Su dictamen podría marcar un precedente sobre la responsabilidad legal de expresidentes por omisión de información.
Colusión agravada: compra de pruebas rápidas durante la emergencia
En 2025, la Fiscalía presentó una nueva denuncia constitucional contra Vizcarra, vinculada a la adquisición de pruebas rápidas para COVID-19. La acusación sostiene que la compra habría sido realizada con irregularidades: falta de criterios técnicos, favorecimiento de proveedores específicos y sobrecostos. El delito imputado: colusión agravada.
Según el expediente, los contratos se firmaron con empresas vinculadas al entorno del exmandatario. La estrategia implicaría una concesión indebida de contratos estatales, con perjuicio para las arcas del Estado y posible impago a la población más vulnerable.
Ese caso se encuentra bajo análisis parlamentario. Si la Subcomisión lo aprueba, pasará al Pleno del Congreso. La carga política es alta: se cuestiona la gestión pública en plena crisis sanitaria.
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Organización criminal: caso “Los Intocables de la Corrupción”
La denuncia más grave apunta a la existencia de una presunta red de corrupción liderada por Vizcarra, bajo el nombre Los Intocables de la Corrupción. La Fiscalía lo acusa de integrar —y posiblemente encabezar— una estructura que favorecía adjudicaciones ilícitas de obras públicas durante su gestión, con contratos millonarios asegurados.
El expediente combina delitos de organización criminal con colusión simple y agravada. Incluye pruebas de direccionamiento de licitaciones, beneficiarios predeterminados y ausencia de competencia real, lo que violaría la ley de contrataciones del Estado.
Aunque la justicia ya lo condenó por sobornos en proyectos específicos, la acusación de red criminal sigue su rumbo en la vía constitucional. Si el Congreso decide avanzar, la gravedad de este caso podría acentuar las consecuencias jurídicas y políticas para Vizcarra, incluso desde prisión.
