Subcomisión del Congreso aprueba informe final que acusa a Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti por caso 'Vacunagate'
El informe señala que el expresidente Martín Vizcarra y la exministra Pilar Mazzetti habrían cometido el delito de concusión al beneficiarse con dosis experimentales del laboratorio Sinopharm durante la pandemia del covid-19.
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti por el presunto delito de concusión, debido a su participación en la aplicación irregular de vacunas experimentales contra el covid-19. La decisión se tomó con 11 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
El documento sostiene que ambos funcionarios aprovecharon sus cargos para acceder indebidamente a las dosis del ensayo clínico de Sinopharm en 2020. En el caso de Martín Vizcarra, se le atribuye haber solicitado vacunas para él y su entorno cercano mientras era jefe de Estado. A Mazzetti se le imputa un comportamiento similar cuando asumió la dirección del Ministerio de Salud.
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Con la aprobación del informe, la SAC deberá remitir el expediente a la Comisión Permanente del Congreso, que decidirá si se forma una subcomisión acusadora para sustentar el caso ante el Pleno.
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Durante la sesión, también se archivaron otras denuncias, como las presentadas contra las congresistas María Córdova Lobatón y Hilda Portero López, que fueron declaradas improcedentes, y avanzó en la investigación al expresidente Pedro Castillo y al exministro Walter Ayala por presuntas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía.
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Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti: ¿Qué implica la acusación por concusión?
El delito de concusión se configura cuando un funcionario público se aprovecha de su posición para exigir o recibir beneficios indebidos. Según el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones, tanto Martín Vizcarra como Pilar Mazzetti habrían utilizado su poder para obtener dosis fuera del protocolo de investigación, lo que vulneraría el principio de igualdad ante la ley.
El caso ‘Vacunagate’ estalló en 2021, cuando se reveló que más de 400 personas, entre funcionarios, familiares y allegados, recibieron dosis experimentales de Sinopharm antes del inicio de la campaña nacional de inmunización. El escándalo provocó la renuncia de Mazzetti y la destitución de la entonces canciller Elizabeth Astete, quien también fue vacunada.
