Congreso planea cortar más de S/50 millones para el Ministerio Público en plena crisis de inseguridad

Los movimientos realizados en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República salen a la luz. Con el predictamen aprobado, el financiamiento de diversas instituciones podría definirse en los próximos días. El caso más llamativo es el del Ministerio Público, que afrontaría un recorte de 50 millones 596 mil 236 soles en 2026.

En el presupuesto aprobado para el 2025, se acordó que la institución —actualmente dirigida de manera interina por el fiscal Tomás Gálvez— recibiera 2 921 millones 293 mil 195 soles. Ahora, la Comisión de Presupuesto ha establecido que su asignación será de 2 870 millones 696 mil 959 soles para su funcionamiento a nivel nacional.

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Esta disposición está próxima a ser debatida y ratificada por el Pleno del Congreso junto con los demás planes presupuestarios propuestos. Antes del 30 de noviembre, los legisladores deberán votar la aprobación final del presupuesto. De no realizarse mayores modificaciones, el Ministerio Público podría enfrentar un duro golpe financiero.

Al respecto, el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, señaló que el recorte llega en un mal momento debido a la actual ola delincuencial. “La señal no es la correcta; se presta para una lectura de politización del presupuesto de parte de un poder del Estado hacia un organismo autónomo que tiene la facultad de perseguir el delito. No es buena señal que los poderes del Estado comprometidos con la lucha contra la corrupción y la delincuencia le retiren recursos a esta institución”, indicó a La República.

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Un proyecto presupuestario sin peros y de la mano de Alianza Para el Progreso y el fujimorismo

El proyecto de presupuesto que será debatido próximamente en el Pleno del Congreso fue aprobado sin votos en contra: obtuvo 22 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República es presidida por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) y tiene como vicepresidentes a Eduardo Castillo (Fuerza Popular) y Raúl Doroteo (Acción Popular).

Tanto Alianza para el Progreso (APP) como Fuerza Popular cuentan con figuras que actualmente son investigadas por la Fiscalía. En el caso del primer partido, Óscar Acuña, hermano del líder apepista César Acuña, es buscado por la Policía Nacional del Perú luego de que la Fiscalía ordenara su captura por estar involucrado en el caso Qali Warma, acusado de recibir sobornos.

Por otra parte, tras la caída del caso Cócteles, Keiko Fujimori, lideresa del fujimorismo, volvió a ser investigada. Esta vez, en el marco del caso denominado Lava Moto, en el que se acusa a Fuerza Popular de haber usado identidades falsas o prestanombres para ocultar el origen real de S/ 1′309,770 que ingresaron a sus arcas como donaciones.

Con el fin de conocer las razones detrás del recorte proyectado para el presupuesto del Ministerio Público, La República contactó al congresista de la bancada acuñista. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, Soto no respondió nuestras preguntas.

Fiscalía ya alertaba de un recorte presupuestario

Meses atrás, la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió que el presupuesto previsto para 2026 sufriría un recorte significativo. La suspendida fiscal sostuvo que la disminución limitaría seriamente la capacidad operativa de la entidad, afectando peritajes forenses, desplazamientos para enfrentar actividades ilícitas como la minería ilegal o los ciberdelitos, así como intervenciones contra organizaciones criminales y casos de violencia de género.

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El nuevo ajuste se suma al déficit que el Ministerio Público arrastra desde este año, tras una reducción previa superior a 123 millones de soles. Esta caída —visible desde 2024, cuando el presupuesto era de 3 044 millones de soles— tendría efecto directo sobre los gastos operativos que sostienen el trabajo diario de los fiscales en todo el país.

En aquella ocasión, Espinoza recordó que el Gobierno prometió reforzar la lucha contra el crimen; sin embargo, en la práctica se produjeron disminuciones consecutivas que, en dos años, representan una reducción cercana al 9% respecto a 2024. Pese a ello, destacó que la Fiscalía ha mantenido altos niveles de ejecución presupuestal —97.5% en 2024 y cerca del 60% en lo que va del año—, lo que demuestra que los recursos se emplean plenamente. Insistió en que “la justicia no es un gasto, sino una inversión” y advirtió que, sin un financiamiento adecuado, el Estado pierde capacidad para enfrentar a las redes criminales que afectan a miles de ciudadanos.