Pedro Castillo y Martín Vizcarra: 26 de noviembre, el día que se leerá sentencia a dos ex presidentes

Este miércoles, 26 de noviembre de 2025 será un día clave en la historia reciente del Perú. El Poder Judicial ha previsto para ese día dictar sentencia a los ex presidentes Martín Vizcarra Cornejo (marzo 2028-noviembre 2020) y Pedro Castillo Terrones (julio 2021 – diciembre 2022), en dos audiencias públicas que se desarrollarán en forma simultánea y serán transmitidas por los canales de JusticiaTV y las plataformas de streaming de La República.

El veredicto por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 que protagonizó Castillo Terrones se leerá a partir de las 9:00 de la mañana, desde la sede judicial ubicada en la Direcciones de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía Nacional, a inmediaciones del penal de Barbadillo, en Ate, donde el ex presidente cumple prisión preventiva desde casi tres años.

Las audiencias de este juicio se iniciaron el 4 de marzo de este año y está a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los jueces supremos provisionales José Neyra Flores (presidente), Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez (ponente y directora de debates). Por la naturaleza del caso, las audiencias han tenido un alto componente político que tendrá incidencia en el veredicto final.

Junto a Pedro Castillo, se establecerá la responsabilidad de los ex ministros Betssy Chávez Chino, Aníbal Torres Vásquez, Willy Huerta Olivas y los oficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.

El viernes último, el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema, Juan Carlos Checkley Soria dictó una orden de prisión preventiva contra Chávez Chino, quien se refugió y obtuvo asilo político en la embajada de México en Lima, donde se encuentra actualmente. Los otros acusados cumplen comparecencia simple y están en libertad.

Martn Vizcarra

En tanto, la sentencia al ex presidente Vizcarra Cornejo se escuchará desde la sede de la Corte Penal Nacional, a unos metros de la plaza San Martín y del Jurado Nacional de Elecciones. El ex presidente Vizcarra se encuentra en libertad con restricciones.

Además, de establecer su responsabilidad y pena, los jueces decidirán si la condena se ejecuta de inmediato o esperan la apelación a la instancia superior. El juicio a Vizcarra se inició hace más de un año, el 28 de octubre de 2024, a cargo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado, integrado por los jueces Fernanda Isabel Ayasta Nassif, Giovanni Félix Palma y Andy Rodríguez Domínguez.

Martín Vizcarra es juzgado por presunto delito de cohecho (soborno) en su desempeño como gobernador regional de Moquegua (2011-2014) en la adjudicación de los contratos para las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La fiscalía pide para él una pena de 15 años de prisión. El expresidente se ha declarado inocente y niega haber coordinado y recibido los pagos de los directivos de Obrainsa e ICCSA, quienes se acogieron a la colaboración eficaz.

Por los mismos hechos y con las mismas pruebas, el ex presidente Martín Vizcarra enfrenta otro proceso judicial, pendiente de juicio público, por el delito de colusión, concertación para direccionar los contratos. La Corte Suprema ha dicho que corresponderá a los jueces a cargo de este segundo judicial determinar si hay una similitud en ambos casos y ya no procede el segundo juicio.

La sentencia

La sentencia puede ser condenatoria o absolutoria. En el caso del golpe de Estado, Pedro Castillo ha negado haber cometido el delito de rebelión, pues no realizó un levantamiento en armas que requiere la descripción del delito. Castillo dice que solo leyó la proclama del 7 de diciembre como un acto político contra el Congreso de la República.

En la última audiencia de alegatos, el ex presidente señaló a los jueces que es el único responsable de lo que sucedió el 7 de diciembre. La fiscalía ha pedido para el ex presidente una pena de 25 años de prisión por delito de rebelión, pero hace unos meses, por mayoría, el tribunal anunció que se desvincularía de esa acusación para considerar el delito de conspiración para rebelión que tiene una pena de hasta 10 años de cárcel.

Los jueces también se negaron a archivar el proceso contra Betssy Chávez, luego que ella obtuviera asilo político en México, de tal manera que también decidirán su responsabilidad y eventual pena. Al no aplicar la figura de la contumacia, el tribunal puede dictar la condena en ausencia.

Aspiraciones políticas

El juicio al ex presidente Martín Vizcarra se sustenta en la declaración de los colaboradores eficaces, los empresarios que habrían realizado los pagos, y sus empleados, testigos del eventual movimiento del dinero. La fiscalía no ha podido aportar prueba adicional concreta de que el ex gobernador regional recibió el dinero. Precisamente, por este aspecto, el proceso se dividió entre la calificación de cohecho (soborno) y colusión (acuerdo).

Vizcarra insiste en su inocencia y se declara víctima de una persecución política derivada, dice, del cierre del Congreso el 30 de septiembre del 2019. Martín Vizcarra pretendió inscribirse como candidato a la primera vicepresidencia por el partido político Perú Primero para participar en las elecciones del 2026, pero la ONPE desechó la candidatura al encontrarse inhabilitado por el parlamento para ocupar cargo público.

La plancha de Perú Primero es encabezada por su hermano Mario Vizcarra Cornejo como candidato a la Presidencia y la complementa, Judith Carla Mendoza Díaz como segunda vicepresidenta. Las encuestas ubican a Mario Vizcarra como tercero en las preferencias del elector, a estas alturas del proceso electoral.

Por su parte, Pedro Castillo busca inscribirse como candidato al Senado de la República por Juntos por el Perú. Castillo no está inhabilitado por el Congreso y la sentencia en primera instancia no le impediría ser candidato, aunque se ser elegido –si cumple una pena de cárcel- no podrá asumir su lugar en el futuro senado.
Ambos casos tienen un alto contenido político, en los hechos, en el desarrollo de las audiencias, en el tema probatorio, y lo mismo será con la sentencia. Un veredicto absolutorio aumentará las presiones del Pacto de Gobierno que controla el Ejecutivo y Legislativo, sobre el sistema judicial.