Juan José Santiváñez registra 12 investigaciones en su contra por negociación incompatible y abuso de autoridad
De igual manera, el censurado exministro del Interior, Juan Santiváñez, es investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de tráfico de influencias, encubrimiento personal e interferencia de comunicaciones.
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El nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, asumió el cargo a pesar de contar con 12 investigaciones fiscales en trámite en su contra. En la declaración jurada que presentó antes de asumir sus funciones como titular del Minjus, Santiváñez declaró que la Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, encubrimiento personal, entre otros.
En detalle, el censurado exministro del Interior cuenta con dos investigaciones por abuso de autoridad, tres por negociación incompatible, una por encubrimiento personal, dos por tráfico de influencias, una por lavado de activos, malversación de fondo, omisión de declaraciones e interferencia de comunicaciones.
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De acuerdo con la documentación presentada por Santiváñez al primer ministro Eduardo Arana y la presidenta Dina Boluarte, las indagaciones en su contra comenzaron cuando era titular del Ministerio del Interior.
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La cuestionada designación del ministro investigado en el Minjus provocó las reacciones en el Congreso y, en consecuencia, se presentó una moción para citar a Arana Yza con la finalidad de explicar las razones del nombramiento del exministro del Interior. Asimismo, la parlamentaria Susel Paredes informó que preparará una moción de censura para remover a Santiváñez del cargo.
Juan Santiváñez declaró que cuenta con 12 investigaciones en su contra.
Las investigaciones
Santiváñez es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias por supuestamente estar implicado en presuntos sobornos de 20.000 dólares al Tribunal Constitucional para beneficiar al Miguel Salirrosas en 2021 a través de un recurso de casación. Por este caso, el Poder Judicial ordenó 18 meses de impedimento de salida del país contra el ministro de Justicia.
En 2024, mientras Santiváñez ocupaba el cargo de ministro del Interior, fue contactado por una persona cercana a su patrocinado y mantuvieron conversaciones a través de WhatsApp. En estas charlas, Santiváñez le mencionó a su interlocutor que comunicaría el resultado a través de un "primo" y que el "tema era delicado y que si tenían que conversar algo, lo hagan personalmente y no vía telefónica. De acuerdo con los testigos protegidos, 01-2025-ElyDC y 02-2025-ElyDC, Santiváñez pidió US$20.000 para los "asesores externos", aunque en realidad el dinero era destinado a los magistrados del Tribunal Constitucional.
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El supuesto delito de abuso de autoridad también figura en la lista de indagaciones contra Santiváñez en el marco de las investigaciones por las conversaciones grabadas con el capitán Junior Izquierdo, también conocido como 'Culebra'. Según la tesis fiscal, en 2024, en una conversación, el ministro le habría confesado al miembro de la PNP que Dina Boluarte le habría la desactivación de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) para asumir como titular del Mininter. Por este caso, la Fiscalía allanó el domicilio de ministro de Justicia en marzo de este año.
Por otro lado, Santiváñez es investigado por el presunto delito de negociación incompatible en el marco de las investigaciones por la contratación de Anatoly Bedriñana en la Oficina de gabinete de asesores del despacho ministerial. Bedriñana fue el cliente del estudio de abogados del exministro del Interior. Además, fue condenado en 2019 por el delito de usurpación a 3 años de prisión, tras apropiarse de una propiedad en San Juan de Miraflores. El 7 de agosto de este año, el flamante titular del Minjus solicitó al Poder Judicial que ordene a la Fiscalía concluir las indagaciones en su contra.
En tanto, el ministro también es objeto de indagación por haber accedido a un reportaje de Cuarto Poder antes de su emisión en marzo de este año, en el que se revelaban que dos testigos lo denunciaban por presuntamente haber solicitado supuestos sobornos para beneficios en casos judiciales. Por este caso, la Fiscalía lo investiga por el supuesto delito de interferencia de comunicaciones, por el cual el Mininter desembolsó S/60.000 para su defensa legal.
